El Gobierno acelera las reformas para tapar el daño que le causa el caso Bárcenas

El Gobierno reactivará a partir del lunes (día de la próxima declaración de Bárcenas ante el juez) todas las reformas pendientes en el Consejo de Ministros y los trámites parlamentarios de sus proyectos en marcha. Tratará de abrir el debate político y demostrar su estabilidad y capacidad de iniciativa frente al caso que lleva el nombre de su extesorero, ahora delincuente. El empujón del Ejecutivo afecta a las leyes de educación y de transparencia en el Congreso, a la reforma de la Administración local que será aprobada ya y a las discusiones sobre el rediseño del modelo de pensiones.

Fuentes del PP, a la espera de lo que pueda manifestar Bárcenas ante el juez Ruz, apuntan que el partido no se puede permitir lo que ocurrió en febrero pasado, cuando dieron la imagen de equipo paralizado y sumido en el desconcierto (Gobierno incluido) después de la publicación de las primeras fotocopias de su extesorero. En ese primer trimestre se empezaron a acumular retrasos en los calendarios de los principales planes de reforma del Ejecutivo, el de la local y el de la eléctrica, aunque fuera por problemas de entendimiento interno en el PP o entre los ministros.

En medios gubernamentales confirman que el proyecto de ley sobre transparencia, ahora en trámite de ponencia en la Cámara, seguirá su andadura parlamentaria este mismo mes “participe o no el PSOE en sus trabajos”. Los socialistas, el resto de los grupos de Izquierda y los nacionalistas se han negado a participar en las reuniones de la citada ponencia como respuesta al rechazo de Rajoy a acudir al Congreso a responder por los últimos papeles del extesorero.

El Grupo Popular tenía un preacuerdo con el principal partido de la oposición sobre el contenido de la ley que ahora no sabe si respetará, pero en cualquier caso el texto quedará dictaminado antes de agosto en el Congreso y, si Rubalcaba insiste en desmarcarse del proyecto, el PP se lo reprochará por poner sus “urgencias de corto plazo como oposición” por encima del interés general.

El debate de totalidad sobre la ley de reforma educativa que se celebra en el pleno del Congreso también servirá al Ejecutivo para salir del monotema Bárcenas. En ese choque parlamentario, aunque el caso enrarezca el ambiente, el ministro José Ignacio Wert no tiene nada que perder en el debate con la oposición porque no tiene ningún margen para el pacto. El PSOE se niega en redondo a cambiar el actual modelo educativo, que considera propio, y los nacionalistas consideran una agresión que se pueda abrir un espacio para la enseñanza del castellano en Cataluña y a la asignatura Historia de España en los ámbitos educativos que controlan CiU y el PNV.

Además, el Gobierno prevé aprobar la reforma de la administración local para cerrar la semana, una vez que incorpore la mayor parte de las apreciaciones que hizo al texto el Consejo de Estado el mes pasado. Estaba previsto que el Consejo de Ministros diera el paso en su última reunión del mes de julio, pero en La Moncloa todavía tienen que encajar en el calendario de Rajoy una comparecencia pública del presidente para hacer un balance del periodo de sesiones que termina.

En medios gubernamentales se decantan ahora por aprobar la reforma local el viernes 19, (o el 26 si no da tiempo) y dejar para más tarde la conferencia de prensa del jefe del Ejecutivo. El año pasado (cuando España estuvo al borde de la intervención económica) esa comparecencia se celebró ya en agosto, el día tres, fecha en que hubo Consejo de Ministros. Este año también habrá reunión del Ejecutivo el primer viernes de ese mismo mes.