Interior multará los escraches, las protestas en el Congreso y la quema de contenedores

El Ministerio del Interior prepara una reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana de 1992 que elevará la cuantía de las multas para las infracciones de desórdenes públicos y los comportamientos que incumplan la ley reguladora del derecho de reunión. La nueva norma sancionará con mayor contundencia la quema de contenedores, los escraches a autoridades y las concentraciones frente a instituciones constitucionales, al estilo de la manifestación de Rodea el Congreso que se produjeron en septiembre de 2012. También se perseguirán con mayor firmeza los atentados contra agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

La reforma ha sido anunciada este miércoles en el Congreso por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Su objetivo es que el proyecto de reforma sea presentado ante el Consejo de Ministros en el plazo de un mes. Tras su aprobación en esta sede, se dará traslado a las instituciones competentes para que informen sobre el proyecto. En este caso, al tratarse de una ley que afecta a derechos fundamentales, será necesario un dictamen previo a su aprobación del Consejo de Estado.

Según fuentes del Ministerio, el objetivo de la norma es clarificar las sanciones para este tipo de infracciones. Hasta ahora, todas ellas estaban reguladas en el Código Penal como faltas, pero la reforma que está tramitándose en el Congreso las dejará fuera. Interior quiere aprovechar esta circunstancia para reordenar el catálogo sancionador regulando comportamientos que se encontraban en un vacío normativo.

Con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, los organizadores de reuniones frente a órganos constitucionales que no respeten las resoluciones de las delegaciones del Gobierno correspondientes –ya sea un cambio de ubicación o de hora, o directamente la prohibición de realizarlas– podrán ser sancionados por infracción administrativa muy grave, que en la mayoría de los casos se traducirá en multas de elevada cuantía. Fernández Díaz ha evitado concretar a qué importe se elevarán las sanciones.

En estos supuestos entran las concentraciones convocadas en los últimos meses frente al Congreso de los Diputados y los escarches organizados por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas la pasada primavera. Una de estas concentraciones tuvo lugar frente a la vivienda de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Interior espera que la tramitación parlamentaria concluya en el menor tiempo posible.