El PP flexibiliza en el Senado los viajes al exterior de las comunidades autónomas

El Partido Popular está dispuesto a flexibilizar, aunque con condiciones, los requisitos que la Ley de Acción Exterior fija para los viajes de las Comunidades Autónomas al extranjero. Así lo ha recogido en una enmienda de última hora en el Senado que viene a corregir uno de los párrafos más polémicos del proyecto estrellade Margallo y que con mayor recelo se ha recibido por parte de los principales grupos nacionalistas. Se trata, en concreto, de la previsión inicial de que todos los altos cargos de las comunidades, desde los presidentes autonómicos hasta los parlamentarios regionales, tengan que informar a Exteriores de sus salidas diplomáticas al extranjero. Un condicionante que tanto CIU como PNV rechazan por considerar que introduce un halo de sospecha y de desconfianza sobre el trabajo diplomático de las regiones.

El requisito será eliminado del texto en la Cámara Alta después de que el principio de acuerdo que PP, PSOE, CIU y PNV habían alcanzado en el Congreso saltase por los aires el pasado 20 de noviembre en una tensa sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores. Entonces, la contrapartida de última hora introducida por el PP para que todos esos viajes quedasen grabados en un registro público actualizado arruinó toda posibilidad de llegar al consenso entre las principales fuerzas parlamentarias. Aitor Esteban, del PNV, lo calificó entonces como una nueva vuelta de tuerca para “querer controlar todos los movimientos de las comunidades autónomas”. Algo que, dijo, “no aporta nada y sirve para tocar las narices y dificultar el pacto con los grupos políticos”.

De esas exigencias de transparencia que el Gobierno quería imponer solo a las Comunidades ya no queda rastro en las propuestas del Senado. El texto final presentado por el PP propone que esta obligación de información en el ámbito de las Comunidades Autónomas comprenda “los viajes, visitas, intercambios y actuaciones” solo de“sus presidentes y los miembros de sus consejos de gobierno”. El texto que salió del Congreso incluía aquí alos altos cargos y miembros de las Asambleas Legislativas, una pretensión que grupos como el socialista consideraban desproporcionada si se tiene en cuenta que muchas cuestiones que afectan de lleno a las regiones se dirimen en Bruselas y eso exige muchos viajes de funcionarios y altos cargos secundarios de la administración regional. La enmienda del PP no recoge, sin embargo, la idea formulada por el PSOE para que las CCAA no tengan que informar, por esta misma razón, de los viajes que efectúan dentro del marco de la Unión Europea.

Fuentes conocedoras de la negociaciones con Exteriores explican que la pretensión inicial de querer controlar todos los movimientos de las CCAA tenía su origen en el Ministerio de Hacienda, que considera muchos de estos desplazamientos como un despilfarro. Según reveló el propio Margallo en el primer debate parlamentario de esta ley, las Comunidades han realizado casi 1.000 viajes al exterior desde el año 2008, más, en total, que el conjunto de los viajes que, en el mismo tiempo, llevaron a cabo, el conjunto de los ministerios del Ejecutivo.

La Ley señala, sobre este punto, que el Ministerio de Asuntos Exteriores comunicará al de Hacienda y Administraciones Públicas la información recibida de las comunidades autónomas y entidades que integren la Administración Local”.