El Gobierno y la Justicia se enfangan en el final de ETA

Jorge Fernández Díaz tomó el mando del Ministerio del Interior en diciembre de 2011 con uno de los escenarios más favorables que haya tenido nunca esta cartera. Cuando el dirigente del PP catalán llegó al Gobierno, ETA ya había anunciado el cese definitivo de su actividad terrorista, el integrismo yihadista estaba fuertemente vigilado, las muertes en accidentes de tráfico describían una tendencia descendente y la conflictividad social había comenzado a diluirse. Dos años después, ETA se encuentra en el momento más débil de su historia, el terrorismo internacional sigue sin manifestarse, los accidentes de tráfico siguen bajando y las últimas manifestaciones convocadas por los movimientos antisistema han sido un auténtico fracaso. Incluso la tasa de criminalidad sigue cayendo, pese a los efectos de la crisis económica.

Puede decirse que Fernández Díaz está cumpliendo con nota todos los cometidos habituales de un ministro del Interior. Pero la historia le ha encomendado un encargo especial: poner fin a las cinco décadas de ETA. Y ahí está mostrando muchas más dificultades e incertidumbres de las que podían preverse. Tantas que el Gobierno corre el riesgo de precipitarse hacia el absurdo en este punto de los acontecimientos y frustrar uno de los mayores éxitos que haya podido apuntarse nunca la democracia española, tras dejarse casi mil muertos por el camino.

La semana se ha cerrado con la dimisión del jefe de Comunicación del Ministerio, Albert Gimeno, tras la filtración de la última gran operación de la Guardia Civil contra el entorno de ETA. El pasado miércoles, el departamento de prensa de Interior anunció dos horas antes del momento acordado las detenciones del aparato de abogados de la organización terrorista. Los agentes ni siquiera habían salido de sus cuarteles cuando el Telediario de TVE anunció que ya se habían producido las detenciones. Los objetivos del operativo tuvieron tiempo de ocultar y destruir pruebas.

La Fiscalía, contra Interior

La Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió diligencias para averiguar si se derivaban responsabilidades penales de este error y exigió a Interior que le enviara un informe sobre lo sucedido. Finalmente, las diligencias se archivaron este viernes, al descartar que existiera voluntariedad en el anuncio anticipado de la operación.

Pero ni la dimisión del jefe de prensa ni el cierre de la investigación de la Fiscalía van a servir para aplacar el malestar que este malentendido ha provocado en la Guardia Civil y en el mundo de la Justicia. La imagen que el Ministerio ha proyectado a la ciudadanía tampoco está a la altura de la solvencia que se le presupone a un departamento de esta importancia.

En este caso, puede que la culpa de la filtración de la operación contra ETA no sea achacable al ministro, pero a este error se suman otros anteriores en los que Fernández Díaz ha mostrado escasa diligencia. En julio de 2012 anunció en una entrevista radiofónica que dentro de poco iba a estar en condiciones de dar “una buena noticia” relacionada con ETA. El ministro acababa de adelantar en antena la detención en Francia del etarra Juan María Mújika Dorronsoro. La operación se produjo horas después, pero los responsables de la lucha antiterrorista se echaron las manos a la cabeza cuando oyeron aquellas declaraciones. Sólo tres meses después, en octubre de 2012, Fernández Díaz incurrió en un episodio similar, aunque en el campo del crimen organizado, cuando avanzó que iban a producirse más detenciones en la operación Emperador de las que se habían realizado en un principio. Aseguró incluso que alguna de las que estaban por llegar iba “sorprender”.

Los riesgos de una estrategia implacable

La estrategia por la que está optando el Gobierno para acabar con ETA se compadece mal con el esperpento de la filtración de esta semana y esos otros incidentes anteriores. El Ejecutivo de Mariano Rajoy se niega a negociar con la banda terrorista las condiciones de su disolución. Por ahora, esa táctica le ha funcionado. El colectivo de presos de ETA acaba de anunciar que acepta el ordenamiento penitenciario, es decir, que renuncia a una amnistía y abre la puerta al camino de la reinserción individualizada. Al mismo tiempo, la izquierda abertzale está abrazando un discurso que deja atrás la violencia. La política se está erigiendo como la única vía posible. Y el día a día en el País Vasco y Navarra también se está normalizando. La tensión que imponía el ultimátum del tiro en la nuca se va diluyendo. El Gobierno puede apuntarse todos estos avances sin haber renunciado a ninguno de sus compromisos electorales.

El Ministerio de Interior ha ordenado a las Fuerzas de Seguridad que prosigan con la desarticulación del entramado etarra

De hecho, el Ministerio del Interior ha ordenado a las Fuerzas de Seguridad que prosigan con la desarticulación del entramado etarra. Desde el comienzo de la legislatura, la Policía Nacional y la Guardia Civil han apresado a 84 miembros de ETA o de grupos afines. En septiembre, la Guardia Civil asestó un duro golpe al entramado de apoyo a los presos de la banda con la desarticulación de Herrira, y esta semana ha desmantelado el reducido grupo de abogados que dirigía los movimientos de los reclusos desde fuera de la cárcel.

En realidad, el electorado del PP y una abrumadora mayoría del socialista no entendería que Rajoy optara por relajar la presión sobre ETA justo cuando la banda manifiesta una situación terminal. Sin duda, el Estado tiene a su alcance la derrota absoluta y definitiva del terrorismo. Pero si el Gobierno sigue percutiendo en esa dirección se arriesga a toparse, en la más absoluta soledad, con una reactivación de los sectores más duros de ETA y de la izquierda abertzale.

Distanciamiento de sus socios

Por ahora, el PSOE se mantiene al lado del Gobierno. Ferraz ha preferido no hacer sangre con el grave error de comunicación de esta semana y tampoco ha cuestionado las últimas operaciones contra el entorno de ETA, a pesar de que una parte considerable de sus dirigentes preferiría tender la mano a la izquierda abertzale para que siga alejándose de la violencia y dejar de aplicar la ley a rajatabla. Esa corriente interna del PSOE ya ha comenzado a manifestarse en el País Vasco posicionándose en contra de la estrategia de firmeza del Gobierno y amenaza con arrastrar a una porción mayor del partido.

Las relaciones del Gobierno con el PNV en materia antiterrorista también han sido excelentes a lo largo de la legislatura. Pero los acontecimientos de los últimos días dejan en el aire ese entendimiento. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu expresó sus dudas sobre la operación contra Herrira de septiembre. Después de la actuación del miércoles contra los abogados del colectivo de presos etarras, el Gobierno vasco comunicó directamente su “estupor”. En sólo unas horas, el PNV ha pasado de asistir en silencio a los movimientos de Interior a comparecer en una rueda de prensa junto a los dirigentes de Sortu.

¿Un nuevo equilibrio en Vitoria?

Esta tarde, los nacionalistas vascos saldrán a las calles de Bilbao junto a la izquierda abertzale para desfilar en una manifestación prohibida por la Audiencia Nacional contra la política antiterrorista del PP. Y es muy probable que ese acercamiento del PNV a las posiciones de Sortu acabe traduciéndose en un nuevo juego de alianzas en el Parlamento de Vitoria. Hasta ahora, la formación que lidera Urkullu había optado por apoyarse en los socialistas de Euskadi y marcar distancias con el entorno proetarra. Pero el clima actual aleja a la militancia del PNV de los partidos constitucionalistas. Surge un nuevo Pacto de Lizarra cuando ya nadie lo esperaba.

Es cierto que, aunque sea en solitario, el PP está en condiciones de conseguir la victoria definitiva del Estado de Derecho sobre ETA. Pero la trascendencia de ese éxito tendrá un alcance más limitado si el Gobierno no alcanza esa meta acompañado de una contundente mayoría política y social que avale sus decisiones. Fernández Díaz y también Rajoy deberían ser los encargados de concitar ese consenso. No parece que estén consiguiéndolo.

Discrepancias judiciales

Frente a la división que padece el Estado y los errores que está cometiendo el Gobierno, la izquierda abertzale avanza con paso firme en su hoja de ruta

El otro plano en el que el Estado está dando muestras de caos y debilidad es el judicial. La semana pasada, el juez Santiago Pedraz se opuso a prohibir un acto de miembros de ETA organizado en Durango. Curiosamente, ese acto estaba orquestado por los mismos abogados que fueron detenidos el miércoles en la operación de la Guardia Civil. El encargado de dirigirla fue otro juez, el también magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. El vodevil no acaba ahí. Velasco decidió este viernes prohibir la manifestación de Bilbao convocada por la izquierda abertzale al considerar que estaba promovida por la desarticulada Herrira. Sólo unos minutos antes, otro juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, había concluido que la manifestación debía celebrarse.

El criterio de la Fiscalía ha sufrido los mismos cambios en los últimos meses. El Ministerio Público se opuso a prohibir la reunión de los etarras excarcelados por el fin de la doctrina Parot pero ha avalado el resto de operaciones contra ETA y la prohibición de la marcha que estaba convocada para este sábado. Sin embargo, al mismo tiempo, la Fiscalía ha abierto multitud de diligencias sobre presuntos actos de enaltecimiento del terrorismo que se han cerrado sin consecuencias penales de ningún tipo. Y también ha sido flexible con los actos promovidos por Sortu. Al menos hasta ahora.

El resultado es un caos judicial y político que amenaza con desbaratar el final del terrorismo cuando sólo quedan por escribir las últimas líneas de su epitafio. Frente a la división que padece el Estado y los errores que está cometiendo el Gobierno, la izquierda abertzale avanza con paso firme en su hoja de ruta, conjurando el riesgo de fracturas internas y escisiones y encontrando nuevos actores dispuestos a sostener su versión del relato, incluso fuera de Euskadi. Las últimas noticias le otorgan además el papel de víctima que tan bien gestionan sus dirigentes. Probablemente sin saber muy bien cómo, a Fernández Díaz se le ha complicado una legislatura que se adivinaba sin sobresaltos.