La Policía detiene a 740 personas en su mayor operación contra empresas ficticias

La Policía Nacional ha detenido a 740 personas e imputado a otras 1.241 en su mayor operación contra una trama empresas ficticias, que han defraudado más de 20,5 millones de euros a las arcas públicas mediante contratos fraudulentos que eran utilizados para conseguir subsidios de desempleo y otras ayudas públicas, o para conseguir la residencia estable en España.

En total, la operación policial ha investigado a 142 sociedades mercantiles que supuestamente se dedicaban a la hostelería, construcción, mensajería, limpieza o jardinería en Madrid, Guadalajara, Barcelona, Valencia, Castellón, Alicante, Almería, Granada y Jaén. Los investigadores han revelado que las primeras pesquisas se iniciaron en Cataluña pero que pronto se extendieron a otros puntos de la geografía nacional.

Entre los arrestados hay 35 administradores de las falsas empresas que, sin ejercer actividad real, realizaron más de 8.400 altas en la Seguridad Social y obtuvieron ilícitamente más de 2.100 prestaciones y trataron de obtener autorizaciones de residencia y trabajo para 362 ciudadanos extranjeros. Además, la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF de la Policía, responsable de este caso, también ha detenido a cuatro agentes autorizados por la Seguridad Social para dar de alta a trabajadores que habrían utilizado esa potestad para dar colaborar en la estafa.

El director de la Policía, Ignacio Cosidó, ha subrayado la importancia de esta operación y ha asegurado que demuestra la implicación de la Policía en la lucha contra este tipo de fraude, aún mayor tras el acuerdo de colaboración suscrito en abril de 2013 por los ministerios de Empleo e Interior. "El fraude a la Seguridad Social es un delito y quienes lo cometan debe de saber que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para detenerles", ha afirmado Cosidó, que también ha recordado la "insolidaridad" que conlleva esta práctica delictiva.

El director general de la Policía ha comparecido acompañado del subsecretario de Estado de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente, y del jefe de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal, José Luis André. Según los investigadores, los administradores de las sociedad mercantiles fraudulentas cobraban entre 200 y 300 euros a cada trabajador a cambio de proporcionarle un supuesto contrato laboral.

Las detenciones comenzaron a realizarse hace una semana y aún hay órdenes de arresto por ejecutar. Los más de 1.200 imputados que no han sido detenidos se encontrarían en estos momentos fuera de España. No obstante, se encuentran implicados en el procedimiento judicial que se ha abierto para instruir esta causa.