El Supremo rechaza juzgar a dos fiscales denunciados por el 'superpolicía' Villarejo

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado juzgar a los fiscales anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa, contra los que impuso una querella el 'superpolicía' José Villarejo, agente encubierto que saltó a la luz pública después de ser vinculado erróneamente por Asuntos Internos en el caso del pequeño Nicolás y de que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González le acusara de chantaje.

El alto tribunal se declara incompetente para juzgar la causa al entender que ninguno de los dos fiscales está aforado ante el Supremo. De ahí que la sala derive el caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, órgano que debería hacerse cargo, a juicio de los cinco magistrados que firman el auto. Según la ponencia redactada por el presidente de la sala, Manuel Marchena, la ley adjudica al Supremo la competencia para juzgar al fiscal general del Estado y a los fiscales de sala del propio tribunal, pero no a los de anticorrupción.

Estos últimos, así como el resto de representantes del ministerio público, indica el auto, deben ser juzgados por las salas de lo civil y penal de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas.

El Supremo se posiciona así en contra del criterio esgrimido por la Fiscalía del alto tribunal, que defendió que tanto Rosa como Grinda debían estar aforados ante la Sala Segunda porque se trata de representantes del ministerio público que ejercen su labor en todo el territorio nacional.

Marchena y el resto de magistrados, sin embargo, rechazan este razonamiento porque, llevado a sus últimas consecuencias, el criterio “desbordaría el fundamento mismo del aforamiento”, ya que “todo fiscal puede ser llamado al conocimiento de un asunto en cualquier punto del territorio nacional”. Son varias las fiscalías especiales, esgrimen los jueces, que trabajan más allá de una circunscripción, y adjudicarles a todos el aforamiento reforzaría “injustificadamente” la excepción a la regla prevista en el artículo 73.3b de la Ley Orgánica del Poder Judicial.