Mafia georgiana: el juez finaliza el caso y la Fiscalía pide derivarlo a la Audiencia Nacional

La Fiscalía Anticorrupción quiere seguir investigando a la mafia georgiana desmantelada el pasado 3 de julio por la Policía Nacional. El Juzgado número 43 de Madrid transformó la instrucción en procedimiento abreviado el pasado 29 de septiembre y esto no ha gustado al Ministerio Público, que considera que aún quedan diligencias por practicar. Entre ellas, la toma de declaración a varios imputados, el volcado de los pinchazos telefónicos y de los ordenadores incautados, el informe policial sobre los efectos intervenidos o la investigación económica que aún tiene pendiente la policía alemana sobre la estructura de la organización criminal a nivel internacional.

Anticorrupción ha recurrido por eso el auto de transformación en procedimiento abreviado y ha aprovechado el escrito de reclamación para solicitar al Juzgado 43 que se inhiba a favor de la Audiencia Nacional, ya que se trata de una organización que opera a nivel internacional y, por lo tanto, deben ser los juzgados centrales los que se hagan cargo de la investigación.

El Ministerio Público asegura que los miembros de la mafia georgiana se repartían las funciones, que algunos se dedicaban a robar viviendas de forma violenta y otros se centraban en ocultar y posteriormente blanquear los beneficios para reintegrarlos en el circuito económico legal, cosa que realizaban en más de 30 países de todo el mundo. España, según los investigadores, era el país en el que más fondos recaudaban, dinero que posteriormente derivaban a estados tan dispares como Georgia, Rusia, Argentina, Ucrania o República Dominicana.

La organización funcionaba con lo que Anticorrupción denomina “la caja común”, que almacenaba los fondos recaudados por todos los miembros de la trama en sus actividades delictivas, que además del robo también se extendían al tráfico de sustancias estupefacientes. Según la Fiscalía, esta caja común representa “un elemento esencial que garantiza la paz interior dentro del grupo”.

La caja estaba controlada por el capo -ladrón en ley- de la organización, papel que los investigadores atribuyen a Zviad Darsadze. Este, junto a Amiran Chiabukiani y Merab Toroshelidze -considerados los lugartenientes-, acumulaba grandes cantidades de dinero en efectivo en la polémica caja para trasladarlo posteriormente a otros países a través de gestoras de transferencias como Western Union o MoneyGram.

Los miembros de la organización robaban decenas de viviendas al día, según fuentes de la investigación, que ha logrado seguir la pista a más de 600.000 euros movilizados por algunos de los 33 componentes de la trama que la policía detuvo el pasado 3 de julio en Madrid y sus alrededores en el marco de la denominada operación Aikon. Los criminales blanqueaban el dinero vendiendo los productos -muchos de ellos, joyas y oro- a comerciantes piratas o tiendas que también han sido investigadas por la policía en el contexto de la misma operación.

Este es el segundo desacuerdo en el marco de Aikon entre el Juzgado y la Fiscalía, después de que el Ministerio Público recurriera la puesta en libertad de todos los integrantes de la mafia georgiana apenas dos semanas después de que fueran detenidos. El juez de guardia ordenó el mismo día de la operación la prisión sin fianza para 15 de los 33 arrestados, la libertad con cargos para otros seis y la libertad sin cargos para el resto. Sin embargo, el Juzgado 43 decidió excarcelar a todos.