Causas destruidas, exiliados, asesinatos sin resolver... La realidad de ETA llega a la UE

El Estado español no ha puesto todos los medios que le permite la legalidad para resolver los 379 asesinatos sin resolver cometidos por la banda terrorista ETA. Así lo ha expresado el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, durante el discurso que ha ofrecido esta tarde ante el Parlamento Europeo, que admitió a trámite la petición de esta asociación de investigar por qué motivo siguen sin aclararse tantos crímenes. La comparecencia de Portero es la primera diligencia que ordena la Cámara comunitaria en el marco de este asunto, que continuará previsiblemente con la visita de eurodiputados a España para escuchar a víctimas e instituciones.

El responsable de Dignidad y Justicia ha destacado que el hecho de que aún estén sin resolver casi la mitad de las muertes de ETA es el "resultado de varias situaciones anómalas contrarias a la Carta Europea de Derechos Fundamentales". La primera, ha asegurado, es la "clara omisión de aplicación por parte de las autoridades españolas de la propia jurisprudencia reconocida por el Tribunal Supremo y el Código Penal españoles,que permite procesar a los jefes de ETA que dirigían la organización durante cada uno de esos 379 asesinatos".

Portero se ha referido a la denominada doctrina 'organisationsherrsahft', también conocida como 'autoría mediata por dominio de la organización', admitida tanto por el Supremo español como por el alemán y que permite a los tribunales "actuar contra los auténticos autores" de los crímenes, las personas que están detrás, que "ostentaban el auténtico dominio" del asesinato en el momento en el que se produjo. Según ha remarcado el compareciente ante la Eurocámara, estos dirigentes de la banda son la pieza fundamental, por encima de los que aprietan el gatillo, que al final no son más que brazos ejecutores de unos planes preconcebidos.

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"La organización sirve a los fines marcados por el organizador, por lo que la autoría debe determinarse a través del poder de mando: quien tiene tal poder, domina la organización y, con ello, el suceso", ha subrayado el responsable de la asociación de víctimas, quien ha incidido en que "el hombre de atrás es el autor del hecho global" y que esto está reconocido por el Tribunal Supremo en otros asuntos.

Por este motivo, ha añadido, "el Estado de derecho tiene el deber de actuar contra los ejecutores, pero también contra los auténticos autores por su participación en los hechos, contra los que tenían el auténtico dominio". De hecho, "la Policía y la Guardia Civil han logrado identificar a los máximos jefes de ETA", ha dicho Portero, al tiempo que mostraba un documento que ha aportado al Parlamento Europeo con los nombres, apellidos y alias de cada uno de estos miembros destacados de la banda terrorista. Sin embargo, ha agregado, "las autoridades españolas aún no han abierto ninguna investigación contra estos dirigentes de ETA por los mencionados asesinatos".

"Las instituciones del Estado español están fallando en su deber de aplicar todos los instrumentos que el Estado de derecho les permite", ha afirmado el compareciente, quien ha dejado claro que, en concreto, las autoridades están "omitiendo" las herramientas más relevantes para atajar estos 379 asesinatos sin resolver, que también han estado marcados por otras "negligencias". Entre estas últimas, Portero ha destacado la "destrucción de algunos de los expedientes judiciales" que se abrieron en su momento para rastrear cada crimen.

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A este respecto, el presidente de Dignidad y Justicia ha revelado un caso concreto en el que se destruyó el expediente y que ha asegurado tener acreditado. Se trata del asesinato del exalcalde de Bedia (Vizcaya) Luis María Uriarte Alzaa, ametrallado por dos etarras en 1979 por negarse a colgar una ikurriña. "Nos consta que hay más expedientes perdidos que afectan a esos 379 asesinatos sin resolver", ha añadido Portero, que ha aprovechado su comparecencia para reclamar también que el Parlamento Europeo investigue otro problema, el de "los varios miles de ciudadanos forzados por ETA a huir de sus casas para salvar su vida y a abandonar el País Vasco y Navarra".

"La terrible realidad es que España es también, en estos momentos, el país de la Unión Europea con mayor número de desplazados internos, y tampoco en esto el Estado español ha investigado nada", ha dicho el responsable de la asociación de víctimas. "Ni una investigación abierta de oficio por un juez ni unas simples diligencias de la Fiscalía, nada", ha zanjado Portero.