La Fiscalía acelera sus planes para llevar a Puigdemont ante el Supremo

La Fiscalía General del Estado sigue adelante con los preparativos de su querella contra el presidente del Govern, Carles Puigdemont, y sus 'consellers' por un delito de rebelión. Tras unas horas en las que el Ministerio Público barajó la posibilidad de aparcar su presentación ante los signos de que no habría declaración de independencia, los mecanismos de la institución se han puesto de nuevo en marcha.

El departamento que dirige José Manuel Maza tiene ya listo un borrador preliminar de la acción judicial que promoverá ante el Tribunal Supremo si la DUI se convierte en una realidad. Acusará por un delito que acarrea penas de hasta 30 años y lo hará en Madrid. Su intención es la de acumular en una única causa la acción penal contra los miembros de la Generalitat, a los que ya investiga el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por otros ilícitos: desobediencia, prevaricación y malversación. La presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, y los miembros de su Mesa quedarían incluidos en caso de que faciliten la tramitación de una votación, confirman fuentes fiscales.

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Agencias

Los vaivenes del 'procés' no han impedido que la Fiscalía tenga ya muy claros los criterios que le permitirían trasladar su acusación al TS, lejos de Cataluña. A pesar de que Puigdemont es aforado ante el tribunal con sede en Barcelona, considera que el delito cometido se ha producido, al menos en parte, fuera de la comunidad autónoma. A modo de ejemplo: existen indicios de que para promover la celebración del referéndum del 1 de octubre se ocultó material en otros países, como Francia.

Además, el delito que se prevé imputar ha tenido efectos en todo el territorio. Más allá de las fronteras de Cataluña, ha provocado un grave perjuicio a la economía nacional. Por ello, la Fiscalía ve fundamentado hacer uso del Estatuto catalán en el que se designa al alto tribunal para atender las investigaciones que afecten al 'president' si el delito se comete fuera.

A quienes se levanten "violenta y públicamente"

Otro punto sensible es el espíritu del artículo que tipifica la rebelión, aplicada por ejemplo a los golpistas del 23F, en el Código Penal. Esta versión agravada de la sedición se reserva para quienes se levanten "violenta y públicamente para derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución o declarar la independencia de una parte del territorio nacional".

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Beatriz Parera

Las fuentes consultadas apuntan que la Fiscalía sustentará sus argumentos en un doble criterio. Si bien no ha existido violencia directa ejercida mediante las armas, sí ha habido una acción evidentemente coercitiva desplegada desde el Gobierno autonómico para forzar la separación de la comunidad del resto de España. Además, desde el Ejecutivo catalán pueden haberse promovido acciones violentas, como la huelga general del 2 de octubre o los disturbios del 20 y 21 de septiembre tras las detenciones de la operación Anubis.

El fiscal general ya ha avisado en distintas declaraciones públicas de que, tras una proclamación unilateral de independencia, Puigdemont se arriesga a ser detenido. Tras este hipotético arresto, sería un juez del TS, designado como instructor y miembro de la Sala de lo Penal, quien asumiera el procedimiento y se encargara de la toma de declaraciones y de ordenar las medidas cautelares que considere oportunas, entre las que se incluye la prisión incondicional. No solo Puigdemont, todos los miembros del Govern que le hayan secundado desfilarían en eses caso por el alto tribunal.

De forma paralela, otro tribunal de Madrid arrastrará las investigaciones por el 1-O. La Fiscalía ha pedido un informe a la Secretaría Técnica para que defina los criterios que sirvan para acumular en la Audiencia Nacional el mayor número de las causas ahora desperdigadas por distintos juzgados de Cataluña y en las que se debe dirimir la inacción de los Mossos el día del referéndum y otros delitos, como el uso fraudulento del censo electoral.