Nuevo límite para formar el Govern: el juez planea cerrar la instrucción en marzo

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena avanza a pasos agigantados en la causa por rebelión, sedición y malversación que dirige contra los miembros del Govern cesado y la Mesa del Parlament que lideraron la ruta hacia la declaración unilateral de independencia. Según apuntan a El Confidencial fuentes jurídicas, el juez prevé acelerar la instrucción para evitar dilaciones y cerrar el procedimiento en un plazo máximo de cuatro meses, y su decisión final puede, por tanto, irrumpir en un escenario político de empate técnico tras el 21-D y serias dificultades para la formación de Gobierno. Si para entonces no se ha formado, la decisión del Supremo no hará sino complicar mucho más las negociaciones.

Los planes del instructor, que este lunes ha decidido mantener en la cárcel al 'exvicepresident' Oriol Junqueras, el 'exconseller' de Interior Joaquim Forn y los dos presidentes de las asociaciones soberanistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, incluyen la intención de dictar para el próximo mes de marzo el procesamiento de los acusados contra quienes existan indicios suficientes. La idea es celebrar juicio en el menor plazo posible, a falta de conocer la decisión de Bélgica sobre la entrega de Carles Puigdemont y los cuatro consejeros que le acompañan en el exilio de Bruselas.

Las previsiones de polarización del voto en Cataluña hacen presagiar un futuro incierto para el Ejecutivo regional, por lo que el cierre del sumario puede coincidir con la pugna para la formación de Gobierno, que lleva camino de convertirse en larga y difícil. Los últimos datos del CIS apuntan a que Ciudadanos ganaría las elecciones catalanas con un 22,5% del voto frente al 20,8% de ERC, aunque en escaños se disputarían ambos el primer puesto: 32 para los republicanos frente a los 31-32 de la candidatura de Inés Arrimadas.

En su auto de este lunes, el instructor aparca las dudas sobre el delito de rebelión que parecían sobrevolar su anterior decisión sobre Carme Forcadell y los miembros de la Mesa. Si entonces apuntaba que el avance de la causa establecería si existió el componente de la violencia necesario para acusar por esto, ahora lo tiene claro. Cuenta para ello con un documento al que da extrema importancia, 'Enfocats', incautado durante un registro ordenado por el Juzgado número 13 de Barcelona.

Como adelantó El Confidencial, en esa hoja de ruta que el Govern de Puigdemont fue implementando durante dos años, se atribuye al comité integrado por "el presidente y vicepresidente del Gobierno, miembros de los grupos parlamentarios independentistas, presidente y vicepresidente de ANC, Òmnium y AMI, entre otros" total responsabilidad sobre la regulación del grado de "violencia y tumultos" que debían impulsarse en cada momento.

Según esta estrategia, el objetivo era "generar un conflicto" que, bien gestionado, llevara a un Estado propio. El papel protagonista de los cuatro que continuarán en prisión por orden del juez provoca que sus actuaciones en caso de quedar libres sean más "lesivas" que las del resto y tengan, por ello, "inmediatas e irreparables consecuencias para la comunidad". Estuvieron directamente relacionados con "explosiones violentas" como las manifestaciones del 20 y 21 de septiembre por la operación Anubis, el acoso a miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado en sus hoteles, lo sucedido en la huelga general del 3 de octubre o las "murallas humanas" del día del referéndum.

Más riesgo al ser candidatos

Llarena descarta el argumento de que los investigados deban quedar libres porque concurren a las elecciones del 21-D y le da la vuelta para apuntar que el riesgo de que repitan el delito crece si se tienen en cuenta "las responsabilidades públicas a las que aspiran". Todavía "mantienen la misma aspiración que impulsó el comportamiento que se investiga, esto es, la voluntad de que el territorio de la comunidad autónoma en la que residen constituya la base territorial de una nueva república", agrega.

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Todos dirigían estratégicamente la implantación del plan y fueron moviendo para su desarrollo las fichas adecuadas. Manipulación social en función de la separación de los catalanes en categorías por su apoyo al independentismo, control de las instituciones, desarrollo de la "credibilidad internacional" y control de las estructuras propias, entre ellas los Mossos d'Esquadra.

El peligro es, para el juez, patente, y no desaparece por sus promesas de acatar el 155 y renunciar a la estrategia unilateral. Asegura que creer sus palabras cuando dicen que no volverán a actuar ilegalmente es hacer "un confiado pronóstico" y dice que los mantendrá en la cárcel hasta que "paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real".