El operativo desplegado el 1-O en Cataluña supuso un coste de 87 millones

El operativo policial desplegado en Cataluña por el referéndum ilegal del 1 de octubre tuvo un coste de 87 millones de euros, según ha confirmado el ministro Juan Ignacio Zoido en su comparecencia en la comisión de Interior del Senado, a la que ha acudido a petición propia y también requerido por el Grupo Socialista y el Grupo Mixto. "Hemos pagado todos los españoles por la irresponsabilidad del Gobierno independentista", ha argumentado el político.

El alojamiento de policías nacionales y guardias civiles en los tres barcos que estuvieron atracados en el puerto de Barcelona ha supuesto un gasto de 26,6 millones de euros, un 30% del total del coste de la operación Copérnico.

Según el desglose que Zoido ha facilitado a todos los grupos parlamentarios en el Senado en su comparecencia, la inversión para alojamiento en otros establecimientos distintos a los barcos fue de 6,3 millones. Mientras, la manutención de los efectivos que no se instalaron en los barcos ascendió a 10,3 millones y sus gastos de locomoción, a 105.780 euros.

De los tres barcos, el 'Moby Dada', conocido como 'Piolín' y uno de los alojamientos más polémicos, fue el que menos gasto conllevó, 5,5 millones, en tanto que el 'Azzurra' supuso un desembolso de 8,5 millones de euros y el 'Rhapsody', uno de 12,5 millones.

En su comparecencia, Zoido ha defendido el papel de la Policía y la Guardia Civil durante el referéndum del 1-O, pero ha criticado el papel que desempeñó el cuerpo autonómico. "Las cargas policiales fueron lamentables", ha reconocido, pero buscaron tener "el menor impacto sobre las personas" y fueron "absolutamente necesarias". Asimismo, el ministro ha incidido en la pasividad de los Mossos, y ha destacado el hecho de que en 149 de los 948 municipios hubo más votantes que censados.

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En lo que se refiere al despliegue, Zoido ha explicado que entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre se concentró el mayor número de efectivos en la comunidad, llegando así a las 6.000 personas. De todos modos, a lo largo de la operación, la cifra media habría sido de 4.500 aproximadamente, según ha comentado. El despliegue total tuvo un coste de 87 millones entre gastos de alojamiento, manutención, desplazamiento y dietas, a lo que se sumaría el coste de coches policiales destrozados durante los registros de distintas sedes de la Generalitat el 20 de septiembre: 135.000 euros.

En este sentido, el ministro ha explicado que los efectivos se alojaron en tres tipos de alojamientos: hoteleros, militares y barcos. Zoido ha admitido además que este último caso "ha generado polémica" por las condiciones en que vivían los agentes, pero ha precisado que se optó por este modelo por "cuestiones operativas" que permitían un rápido despliegue y, al mismo tiempo, ponían a disposición de los agentes numerosas plazas de aparcamiento, necesarias para todo el operativo desplegado.

Dispuesto a seguir adoptando medidas

El titular del Interior ha señalado que los entre 4.500 y 6.000 policías y guardias civiles comisionados —en Cataluña hay una plantilla fija de otros 6.000 agentes, a los que se les suspendieron las vacaciones y días libres— realizaron una "vigilancia permanente" sobre las dependencias propias de la Guardia Civil y Policía Nacional, la Delegación del Gobierno o las subdelegaciones de Gobierno, así como "las sedes de los partidos políticos amenazados".

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Otro de los objetivos con especial vigilancia fueron el Tribunal Superior de Justicia, la Ciudad de la Justicia, las delegaciones de Hacienda, el Banco de España y "determinadas infraestructuras críticas". "También han llevado a cabo servicios de protección y seguridad con carácter esporádico a personas e instalaciones sensibles", ha desvelado Zoido.

Al mismo tiempo, Zoido ha lanzado un mensaje final a los senadores: "Este Gobierno está dispuesto a seguir adoptando, por supuesto con el apoyo de todos aquellos grupos que compartan nuestra profunda preocupación, todas las medidas contempladas en la Constitución que sean necesarias para mantener la legalidad y la normalidad democrática e institucional en Cataluña. Y para que todos los catalanes, piensen como piensen, tengan garantizada su seguridad, sus derechos y sus libertades".