La falta de control de Hacienda impide saber si tu alcalde gana más del tope fijado por ley

El correo electrónico llegó a media tarde. “Hay un error gravísimo en el sueldo del alcalde, ya que es mucho menor al real. Exijo una corrección inmediata”. El mensaje hacía alusión a una noticia sobre los salarios de los máximos representantes locales publicada por El Confidencial a raíz de la información proporcionada por el Ministerio de Hacienda en cumplimiento de la Ley de Transparencia. De acuerdo a los datos recopilados en el Espacio ISPA referentes a 2016, el alcalde de este pueblo de la provincia de Badajoz, de apenas 1.000 habitantes y al abrigo de los Montes de Toledo, había percibido más de 41.000 euros por su cargo de dedicación exclusiva, sobrepasando ligeramente el tope salarial fijado por ley.

Tres días más tarde, Función Pública actualizó el sueldo de este alcalde —‘sufrió’ un recorte a la mitad— y el de otra veintena con datos incorrectos o no contrastados por el departamento dirigido por Cristóbal Montoro. Además, otros 20 regidores aparecen ahora clasificados como “pendientes de contestación” por las aclaraciones solicitadas desde Hacienda, entre los cuales figuran Almería, Guadix (Granada), Daimiel (Ciudad Real) o Cassà de la Selva (Girona).

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A partir de los datos proporcionados por Hacienda, en las últimas semanas El Confidencial ha intentado conocer cuántos ayuntamientos incumplen los topes salariales para los cargos electos fijados por los Presupuestos Generales del Estado y las limitaciones de concejales con dedicación exclusiva. Ha sido imposible. La detección de numerosos errores en la información volcada por las entidades locales y la falta de un control sistemático por parte de Hacienda para detectar y subsanar estos fallos han lastrado la tarea.

A raíz de las cuestiones remitidas por este medio y la indicación de algunos de estos errores, Función Pública ha aprovechado para ponerse en contacto con los consistorios sospechosos de incumplir la ley, solicitar las aclaraciones oportunas y, en su caso, corregir la información original, publicando una nueva relación actualizada. “Es un listado vivo. Conforme se detectan errores, se van subsanando”, justifican desde Función Pública.

Los datos corresponden a las percepciones recibidas durante 2016 por los alcaldes y concejales que ostentaban estos cargos en aquel año, tanto por salarios como por dietas de asistencia en los casos de aquellos representantes municipales sin dedicación. Esto no es óbice para que las retribuciones varíen a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la nueva alcaldesa de Bollullos Par del Condado (Huelva), Isabel María Valdayo, se redujo el sueldo hasta los 24.000 euros al tomar el bastón de mando en julio de 2017 tras prosperar una moción de censura, lo que suponía una reducción de casi un 50% respecto a los casi 47.000 euros que cobró su antecesor en 2016. Los ayuntamientos deberán enviar la información de 2017 al Espacio ISPA antes del 30 de abril.

Pese a contar con el detalle y los ingresos de casi 42.500 cargos electos locales, la falta sistemática de inspección y control por parte de Hacienda y algunos trucos legales aprobados por los plenos municipales impiden conocer si los 8.123 ayuntamientos españoles cumplen la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, una de las reformas proausteridad más importantes promovidas por el ministro Cristóbal Montoro en estos seis años.

La falta de control de Hacienda

El Espacio de Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) se habilitó en 2013 para que comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos remitan cada año a la Secretaría de Estado de Función Pública información sobre las retribuciones de su personal. Cada Administración incorpora manualmente los datos requeridos, al tiempo que la herramienta no permite modificar información de ejercicios anteriores.

Los datos brutos llegan a Función Pública tal y como se han introducido en la plataforma. Errores incluidos. Veamos un ejemplo. La información remitida por el Ayuntamiento de Valencia al Espacio ISPA indica que los 33 concejales trabajan en exclusiva en el consistorio, lo que de ser verdad significaría el incumplimiento del tope legal, fijado en 25. Sin embargo, el pleno municipal acordó en 2015 que 10 ediles tendrían una dedicación parcial del 75%.

No hay un sistema específico de control de los acuerdos de los plenos relativos a las retribuciones de los miembros de la corporación", admiten

Función Pública admite la posibilidad de fallos en la información volcada a la plataforma. “Cuando se detecta un error, se habla con el ayuntamiento en cuestión y el dato se consigna bien”, explican. Además, indican que la responsabilidad de controlar el cumplimiento de los topes salariales es del Ministerio de la Presidencia, ya que en la última reestructuración del Gobierno adquirió las competencias en materia las administraciones territoriales.

Sin embargo, la Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y los Entes Locales rechaza su responsabilidad en esta tarea de control al no estar entre sus funciones. “No existen en este ámbito relaciones de tutela de la Administración del Estado sobre las entidades locales”, aclaran, al tiempo que recuerdan que “no hay un sistema específico de control de los acuerdos de los plenos relativos a las retribuciones de los miembros de la corporación”. Y añaden: “Solo los tribunales de Justicia pueden ejercer el control de la legalidad de los acuerdos y actos de las entidades locales”. Además, la dirección dependiente de Presidencia admite no tener acceso directo al Espacio ISPA.

Trucos legales de los ayuntamientos

A la falta de supervisión por parte de Función Pública hay que sumar los trucos legales de algunos ayuntamientos para inflar artificialmente su población y disfrutar así de mayores ventajas económicas y financieras. Porque el número de habitantes no solo sirve para fijar la cifra de concejales o los topes salariales, sino también la participación total en la financiación procedente de los ingresos del Estado. Dos son los umbrales de población donde se concentran estos trucos: los 20.000 y los 50.000 habitantes. Estar por encima de estas franjas supone la opción de más puestos políticos, salarios más elevados y más dinero procedente de los tributos estatales.

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Guadix (Granada) es uno de los ayuntamientos que han recibido la llamada de Función Pública para aclarar por qué la alcaldesa, Inmaculada Olea, ganó 58.200 euros en 2016, superando de esta forma el límite fijado en 50.000 euros para los municipios de 10.000 a 20.000 habitantes. Desde el consistorio granadino defienden que el pleno municipal aprobó un padrón por encima de esta franja, lo que le permitiría cobrar un máximo de 55.000 euros anuales de acuerdo a los umbrales fijados en los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, las cifras oficiales publicadas en el Instituto Nacional de Estadística (INE) una vez subsanados los errores indican que Guadix perdió los 20.000 habitantes en 2012 y desde entonces no ha llegado a los 19.000. Daimiel (Ciudad Real) y Cassà de la Selva (Girona) también han sido requeridos por Función Pública para aclarar el incumplimiento de los topes legales salariales por parte de sus alcaldes.

Otro recoveco legal permite a los alcaldes y concejales vascos saltarse las limitaciones fijadas por el ministro Montoro para el resto de ayuntamientos españoles. La explicación se encuentra en la denominada singularidad foral vasca, es decir, la Hacienda propia, de tal forma que son los propios consistorios de Euskadi los que han fijado unos topes salariales propios. Así pues, el acuerdo suscrito en el seno de la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) permite que un alcalde vasco de una localidad de 10.000 a 20.000 habitantes pueda cobrar 67.000 euros brutos anuales, cuando el límite en el resto del Estado está fijado en 50.000 euros.

Los límites fijados originalmente hace cinco años —desde los 100.000 hasta los 40.000 euros brutos anuales— se han incrementado en un 2,01% desde 2017 tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de aquel año, actualmente prorrogados. Pese a que los topes salariales fijados para cada umbral de población no dejan lugar a dudas, a día de hoy Función Pública no sabe qué alcaldes y concejales incumplen la ley.

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