La amarga victoria de los Prior en Almería: "Nos tiraron la casa. Es peor que África"

Helen Prior recuerda perfectamente aquel día de enero de 2008. "Iban a venir unos amigos y Len fue a preparar el té. Entonces vio que era raro porque no salía agua, pero no le dio más importancia. Después notó que tampoco había luz para calentar la tetera. Pensamos que era extraño y pronto escuchamos las sirenas". La policía venía con máquinas para demoler su chalé en Vera (Almería). Era la casa de sus sueños, a la que se habían mudado en 2003 desde el Reino Unido, días después de jubilarse con 60 años. "Los vecinos comenzaron a ayudarnos a sacar las cosas y empezaron a tirar la casa. No nos lo podíamos creer", cuentan en el salón de su casa, la que han reconstruido poco a poco. Len, Leonard, su marido, está recostado en un sofá y deja que ella hable. Esta coqueta señora representa como nadie la lucha de muchos jubilados británicos en la costa española que han sufrido distintos abusos inmobiliarios. Ellos han ganado una década después una indemnización de 220.000 euros, pero les parece una amarga victoria.

Len y Helen trabajaban en Maidenhead, en el centro de Inglaterra. En 2003, viajaron a Vera y eligieron entre una de las 10 parcelas que les ofrecía la promotora Medsea Estate, hoy quebrada. Pagaron 350.000 euros por su casa, vendieron sus propiedades en Reino Unido y días después de jubilarse llegaron a la costa española. "¿Cómo íbamos a imaginar que podía ser ilegal? Mire alrededor, hay casas por todas partes". La casa está a cuatro kilómetros de la playa y la bautizaron como Villa Tranquilidad. Los azulejos a la entrada que marcan el nombre parecen ahora una ironía del destino.

¿Cómo íbamos a imaginar que podía ser ilegal? Nadie nos advirtió de que podía haber un problema

"Era una casa enorme. Nos mudamos en marzo de 2003 y en octubre de 2003 la Junta decidió derribar esta casa. El 1 de mayo de 2006 nos llegó una carta del ayuntamiento diciendo que teníamos 15 días para derribar la casa y que si no lo hacíamos lo harían ellos y nos cargarían el coste de la demolición. Fuimos a nuestro abogado y nos dijo que era un error. Pero no lo era", explica Helen.

En Andalucía hay decenas de miles de viviendas ilegales como esta, construidas en terreno no urbanizable. La ley permite levantar pequeñas casetas de aperos para guardar lo imprescindible para una explotación agrícola. Pero bajo esa fórmula los ayuntamientos toleraron durante décadas auténticos chalés en zonas rústicas. De Cádiz a Almería, pasando por la Axarquía malagueña, es un problema generalizado en Andalucía. Los chalés se levantaban a la vista de todo el mundo a la espera de una amnistía. Muchos españoles conocían lo que compraban y el riesgo que tenía, pero los ingleses dicen que para ellos era terreno desconocido.

Maura Hillen, británica, concejala en Albox (Almería) y presidenta de Abusos Urbanísticos Almanzora-No, cuenta que para un británico "es inconcebible esa situación. A la vista de todos se levantan casas ilegales y nadie hace nada". El Ayuntamiento de Vera, gobernado entonces y hoy por el andalucista Félix López, dio la licencia sin problema y cuando la Junta ganó en los tribunales que era ilegal llegó la orden judicial de demolición. En todo el proceso, los Prior no fueron parte.

Comenzó entonces un infierno de pleitos para los Prior, convertidos en un símbolo para la colonia británica y los tabloides, que no podían entender que les derribaran la casa sin haberles avisado de nada. En marzo de 2009, el Tribunal Constitucional les dio la razón al fallar que se había "vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva por no haber sido parte en el procedimiento judicial que derivó en la demolición de su vivienda". Pero para entonces la casa ya había sido derribada. Tras ese fallo, la Junta insistió en que su actuación había sido "impecable" y culpó al Ayuntamiento de Vera de la situación.

Sin casa, los Prior vivieron un infierno. Durante el derribo, a Len le volvió un problema cardiaco y los médicos le prohibieron acercarse. El ayuntamiento pagó a Helen dos noches de hotel, pero al tercero se vio en la calle. "Nos dejaron una caravana pero solo durante 15 días, pero ¿qué podíamos hacer? En Inglaterra habíamos vendido todo y esta era nuestra casa". Así que los Prior se instalaron en el garaje. De todos los británicos que han comprado casa sin licencia —lo que incluye 3.500 chalés en Camposol (Murcia)— ellos son probablemente los más obstinados. Por esas cosas del urbanismo, el garaje y dos pequeños talleres pegados sí tenían licencia (sí se puede construir en terreno no urbanizable un garaje), así que sin agua y sin luz se mudaron allí.

La imagen de un matrimonio de jubilados británicos viviendo en un garaje durante cuatro años y medio sin luz ni agua fue carne de tabloide. Televisiones de medio mundo fueron a verlos. Conforme repasan cómo llegaron allí, se encienden. "Fuimos al notario al comprar y no nos dijo nada. Firmó y tomó el dinero. Todo ha sido una mierda, todo", suelta Helen en un inglés de película, pero sin perder la compostura y sin alzar la voz. No lo dice como un insulto sino como un diagnóstico. Como tantos británicos de la costa, su dominio del español es residual. En el garaje fueron pasando los años y como nadie volvía a desalojarlos y Len es un manitas comenzaron a ampliar. Primero una sala y después otra. Todo de madera, para poder desmontarlo. Los vecinos trajeron la cocina y las ventanas que habían salvado del derribo. La casa no es ni la sombra de lo que fue, pero aún da el pego. El frío que entra en este extraño día lluvioso revela lo endeble de la construcción. Hoy solo tienen agua agrícola para ducharse y la luz la obtienen de un generador y de un vecino que les ha dejado engancharse a su corriente. Pero todo sigue precario.

El concejal de Urbanismo de Vera: "Es una cascada de despropósitos. Entiendo que lo han pasado mal, ¿pero quién tiene la culpa?"

Una vez asumido que el derribo se había consumado y que aparentemente no había culpables —la licencia fue anulada, pero la Fiscalía no fue por vía penal contra quien la concedió, como sí ocurrió en otros casos—, los Prior emprendieron una batalla legal para recuperar algo del dinero. En abril de 2016, y después de haber viajado al Parlamento Europeo y al Senado, pidieron que al menos el Ayuntamiento de Vera les indemnizara. La promotora ya no existía y la casa fue construida con licencia, aunque esta después fue declarada ilegal. El ayuntamiento les ofreció una casita en una urbanización que no llegaba al valor de su chalé y en abril de 2016, una jueza de Almería les dio la razón y ordenó indemnizarlos con 415.991 euros por el derribo más 9.194 euros por los daños morales de tanto tiempo viviendo en un garaje.

Sin embargo, el pasado mes de septiembre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía redujo la indemnización a 220.344 euros por la casa. Alegaba que aún conservaban el terreno y que cuando el constructor pidió la licencia dijo que era para una construcción de 69.970 euros, el valor de la casita de aperos de labranza que sobre el plano iban a levantar. La tasación de los Prior que la valoraba en 690.000 euros no fue tenida en cuenta.

El ayuntamiento ya les ha ingresado el dinero (descontando unos 35.000 euros que los Prior tenían pendiente en costas de otro pleito). Francisco Vázquez, concejal de Urbanismo de Vera, reconoce que todo ha sido un desastre. "Es una cascada de despropósitos. Se dijo que fueron a por esa casa por asuntos políticos, pero ha pasado tanto tiempo... Entiendo que lo han pasado mal, ¿pero quién tiene la culpa?", se pregunta y añade que el ayuntamiento tenía que pleitear hasta el final antes de indemnizarles "para defender los intereses generales".

Ha pasado una década y los Prior siguen sin encontrar una explicación. "Ninguna casa de alrededor tuvo problemas. Solo esta. No tiene sentido. En África habríamos tenido mejor justicia que en España. Fuimos a Bruselas al Parlamento Europeo, al Tribunal de Derechos Humanos, pero nada sirvió. El Gobierno británico fue muy amable, pero es inútil ir a ellos porque dicen que tienen que respetar los tribunales... Y en este tiempo ninguna Administración española ha venido a pedirnos perdón".

Además, consideran ridícula la indemnización: "Dicen que el terreno vale 180.000 euros, pero a la vez que es no urbanizable. No tiene sentido. Nos hemos gastado todos nuestros ahorros en pleitos y lo que nos dan no cubre. Es increíble".

Maura Hillen ha seguido su historia y sostiene que ha sido su perseverancia lo que ha ayudado a cambiar la ley para que los compradores de buena fe sean indemnizados. En 2015 entró en vigor una reforma para que los compradores de buena fe de una vivienda tengan que ser indemnizados antes del derribo. La ley establece ahora que el juez o el tribunal que ordene la demolición "exigirá, como condición previa y salvo que una situación de peligro inminente lo impidiera, la prestación de garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe". Así, los ayuntamientos deberían pensárselo antes de conceder licencias graciosamente.

No son los únicos. Otros perdieron 200.000 euros, los ahorros de toda su vida, y han vuelto a Reino Unido a vivir en una casa municipal

Además, PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos e IU presentaron en el Parlamento andaluz una proposición de ley el pasado 22 de febrero "para incorporar medidas urgentes en relación con las edificaciones construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable". La proposición permite a los ayuntamientos "autorizar el acceso provisional a los servicios básicos de electricidad, abastecimiento de agua y saneamiento" en casas como la de los Prior. El caso de las viviendas ilegales ha sido un tema central en zonas de la costa andaluza y una sangría de votos para quien intentaba demolerlas o, al menos, frenar su expansión.

Hillen cuenta que tienen otros casos de demoliciones de viviendas de británicos en Cantoria, en el Valle del Almanzora. "Es gente que compró sobre plano de un promotor que había construido sin permiso. No es el mismo caso que el de los Prior, que tenía aparentemente todos los permisos. Algunas de las casas están okupadas, otras derribadas. La gente perdió toda su inversión y las casas fueron derribadas. Parejas que gastaron entre 150.000 y 200.000 o algunos más y no han visto un penique. Algunos han vuelto al Reino Unido a vivir en una casa municipal. Otros perdieron 200.000 euros de sus ahorros de toda la vida".

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Las estafas inmobiliarias que han sufrido los británicos en la costa han dañado la imagen de España en el exterior. Solo en Camposol (Murcia) hay 3.500 viviendas sin licencia en un auténtico pueblo ilegal construido sobre una zona inundable. Algunos han conseguido recuperar su inversión fallida gracias a una ley franquista. El británico Keith Rule fue uno de los primeros en desempolvar una ley de 1968 que ordenaba a los bancos velar por el dinero que recibían a cuenta los promotores de vivienda para que los compradores recuperaran el dinero si el constructor quebraba.

Queda el daño para un país que vive del turismo. Helen lo resume sí: "Han venido aquí 16 televisiones a conocer nuestro caso, periodistas desde Japón a Canadá. Un amigo vio nuestro caso desde Zimbabue. España está matando la gallina de los huevos de oro. Los vecinos nos han ayudado mucho y les estamos agradecidos, pero la Administración ha sido horrible. El otro día al ir a ingresar el dinero en el banco el director de la oficina nos dijo que estaba avergonzando. Y lo comprendo".