Comienza la guerra de los puertos: anulado el amaño de prorroga al club náutico de Ibiza

El Club Náutico de Ibiza es más que un club en la isla. Se trata de uno de los puertos deportivos más rentables del Mediterráneo y desde hace 90 años opera bajo una concesión. Aunque parecía que ese momento nunca va a llegar, esa concesión terminó en 2010 y la Autoridad Portuaria de Baleares estaba obligada a abrir un proceso de competencia para ver quién lo gestiona. Comenzó entonces una campaña política en la isla por mantener la gestión en manos del club, de la isla de toda la vida. Hace un año se prorrogó la concesión al club náutico por otros 35 años, pero el Tribunal Superior de Justicia de Baleares acaba de anular esa prórroga al considerar que los criterios impuestos que fijó predeterminaban que ganaría el club náutico. En el fondo hay una batalla por abrir a la competencia a los puertos con más tráfico (a lo que se resisten con uñas y dientes las autoridades locales).

El Club Náutico de Ibiza (CNI) es uno de los más apetecibles del Mediterráneo. Tiene 300 amarres, de los cuales 270 son para socios y el resto para visitantes. La élite de Ibiza está allí. No tiene apenas competencia. Es una institución sin ánimo de lucro pero con jugosos ingresos que se gastan conforme entran. Aunque el club es de los años 20 del siglo pasado, la última concesión es de 1970 y caducó en 2010. Desde entonces el CNI ha mantenido la gestión mediante autorizaciones de ocupación temporales. Antes, lo habitual era prorrogar las concesiones y listo, pero las sucesivas leyes y la de liberalización y la jurisprudencia europea han obligado a abrir a la competencia estos puertos, ya que son una concesión administrativa y ocupan un bien público como el dominio público marítimo terrestre.

Solo el club náutico ya existente puede acreditar el arraigo que reclamaba el pliego de condiciones

Eso, sobre el papel. Llevarlo a la práctica está resultando más complicado. En 2015, después de cinco años de prórrogas, la Autoridad Portuaria de Baleares abrió un proceso competitivo para ver quién se quedaba con el club. Acudió el Club Náutico de Ibiza pero esta vez hubo competencia. También concurrió la empresa de Baleares Portocolom Nàutic y el Club Náutico 12 millas, creado a propósito en Madrid para esto y en el que participa la constructora gallega Copasa, una de las que se ha encargado de las obras del AVE a la Meca.

Todos los partidos de Baleares pidieron que la prórroga fuera para el club náutico. En 2015, el parlamento autonómico reclamó por unanimidad que se prorrogara la concesión por el "arraigo social y la importancia histórica" del club. Los poderes de la isla temían que llegara una empresa de fuera que cambiase la gestión. Abel Matutes se movilizó para que todo siguiera igual. Y así fue. El procedimiento seguido fue el de competencia de proyectos, en el que no se valoraba tanto la oferta económica para el Estado como el "interés portuario". Las empresas alegan que no tuvieron acceso al pliego de condiciones y que este solo se hizo cuando la Autoridad Portuaria supo que además del club náutico había otros dos competidores. El club náutico se comprometió a invertir 7,5 millones para mejorar las instalaciones.

La constructora Copasa, que participa en el AVE a La Meca, quería entrar en la gestión del puerto al acabar la concesión pero perdió por no tener arraigo

El pliego de condiciones tenía un punto clave: "Se valorará el arraigo y la proyección que el club tenga dentro de la sociedad donde se desarrolla y a la que va destinado el proyecto social, cultural y deportivo, para lo que serán importantes indicadores tales como el número de socios con que cuenta el club y que se beneficiarán del mismo". Las empresas competidoras recurrieron a la justicia. Portcolom perdió en primera instancia. Pero el recurso de la empresa 12 millas, llevado por el despacho Jiménez de Cisneros Abogados, ha prosperado.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares considera que "al valorarse 'el arraigo y la proyección que el club tenga dentro de la sociedad dónde se desarrolla' y resultar que, como sobradamente conoce la Autoridad Portuaria de Baleares, el Club Náutico de Ibiza es el único club náutico del Puerto de Eivissa, ya vemos que dentro del primer criterio de puntuación se está fijando aquel que solo puede acreditar el Club que presentó la petición de concesión, pues ningún otro club náutico —ni el recurrente ni cualquier otro— podrá invocar tal arraigo". Además, destaca en su sentencia, del 15 de marzo, que "se prioriza desproporcionadamente" ese criterio, lo que hace que en la práctica no haya ninguna competencia.

El tribunal valida que la Autoridad Portuaria prime a una entidad sin ánimo de lucro, pero considera que el pliego usado fue excesivo a favor del Club Náutico. "Al resultar que el 'arraigo' pesa —como mínimo— el doble que sobre los criterios de estructura tarifaria y cuatro veces más —como mínimo— que el número y dimensiones de los amarres, o el fomento de actividades deportivas, ya advertimos que este criterio, por su importancia en la ponderación y porque solo puede ser invocado por uno de los clubs náuticos en concurrencia, vulnera el principio de igualdad", termina la resolución:

La sentencia marca un antes y un después en la renovación de las concesiones de puertos

"Si solo el Club Náutico que pide la concesión tiene dicho arraigo, la llamada a otros posibles proyectos concurrentes es superflua, asemejándose a la adjudicación directa", prosigue la sentencia. "La sobrevaloración del criterio de la previa implantación del club náutico ya establecido (Club Náutico Ibiza) supone una contravención del principio de libre competencia cuando, como en el caso, no hay otro Club Náutico que pueda acreditar el arraigo", concluye el fallo, que anula la concesión y devuelve el trámite al principio.

La sentencia marca un antes y un después en la renovación de las concesiones de puertos. En muchos casos, pero especialmente en los más rentables, está comenzando una batalla subterránea para mantener la situación actual cuando venzan las concesiones. Los puertos deportivos han hecho 'lobby' para intentar cambiar la ley de forma que las renovaciones de las concesiones sean automáticas o primen a los gestores actuales. Sin embargo, una sentencia europea de 2016 por un caso similar en un lago italiano acabó con las prórrogas automáticas sin competencia al considerar que vulneraban la norma europea porque no garantizan la libre competencia.