¿Qué pasa con La Manada? Las claves por las que la sentencia tarda ya cuatro meses

"Me declaro inocente y confío en la Justicia de este país". Han pasado cuatro meses largos desde que, uno a uno, los cinco acusados de la presunta violación grupal a una joven madrileña de 18 años durante los Sanfermines de 2016 reprodujeron de forma prácticamente idéntica el mismo alegato en su derecho a la última palabra que dejó visto para sentencia el mediático juicio y el caso sigue a la espera de la sentencia. La previsión inicial hablaba de un fallo para principios de año pero los plazos siguen ensanchándose sin que las mismas fuentes judiciales que auguraban una resolución más o menos temprana esgriman una(s) causa(s) concreta(s).

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"Todos son especulaciones", argumentan ante las posibles razones que pueden achacarse a esta demora. Lo cierto es que la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra se distingue por su tardanza en emitir algunas sentencias. Sin ir más lejos, hace apenas una semana dictó un fallo que absolvió a nueve acusados de formar parte de una organización criminal, robo con fuerza y encubrimiento transcurridos 14 meses desde la celebración del juicio. Igualmente, a principios de año condenó a los dos miembros de una pareja en un caso de violencia y amenazas (al hombre por un delito de maltrato y a la mujer por asestarle una cuchillada en el tórax para defenderse de una paliza) después de 13 meses de la celebración de la vista oral.

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Jose Mari Alonso. Pamplona

Tras esta demora a la hora de resolver los litigios se encuentra la elevada carga de trabajo que soporta la Sección Segunda, la competente en los asuntos relacionados con la violencia de género, y el propio funcionamiento interno del tribunal, que se caracteriza por su "meticulosidad" a la hora de deliberar y fundamentar las sentencias. "El tribunal es proclive a retrasos importantes porque se toma su trabajo con parsimonia", apuntan fuentes de la Audiencia de Navarra, que, no obstante, consideran que la forma de actuar de la Sección y la sobrecarga de trabajo existente no justifican semejantes retrasos en algunos casos.

La defensa: "El retraso no es significativo por el volumen de trabajo del tribunal, pero sí lo es a tenor de que los acusados están en prisión provisional"

Pero en este caso, no hay que olvidar, hay una diferencia sustancial: los cinco integrantes de 'La Manada' acusados de la presunta agresión sexual llevan en prisión provisional 21 meses, desde que fueran arrestados la mañana del 7 de julio de 2016, lo que llama a una mayor celeridad a la hora de dictar sentencia. "El retraso en la sentencia no es significativo si se tiene en cuenta el volumen de trabajo del tribunal, pero sí es significativo si se atiende a que los acusados se encuentran en prisión provisional", señala Agustín Martínez, abogado de tres de los imputados, entre ellos 'el Prenda', el cabecilla del grupo.

La espera, no obstante, puede llegar pronto a su fin, ya que las diferentes partes implicadas en el caso trabajan con la hipótesis de que la sentencia está al caer. Incluso se apunta a que el tribunal hará público su veredicto a lo largo de este mes de abril. "La sentencia tendría que llegar en los próximos días", remarcan fuentes judiciales.

Las partes implicadas en el caso trabajan con la hipótesis de que la sentencia se hará pública a lo largo de este mes: la fórmula aún está por definir

Y es que algunas voces del ámbito judicial consideran que el tribunal se está demorando en exceso en su veredicto a la vista de la situación de los acusados, la gravedad de las penas solicitadas —entre 22 y 25 años de cárcel por los delitos de agresión sexual continuada, contra la intimidad y robo con intimidación— y la gran expectación social y mediática que existe en torno al caso. Si hay significativos ejemplos de retrasos a la hora de impartir justicia también hay, en el otro lado de la balanza, precedentes de celeridad en casos muy mediáticos. Es por ejemplo el caso del asesinato de Nagore Laffage durante los Sanfermines de 2008, cuya sentencia —muy criticada por la familia de la joven de Irún por la corta pena de 12 años y medio de prisión que se impuso a Diego Yllanes, que fue condenado por un delito de homicidio y no de asesinato— apenas tardó 12 días en salir a la luz, si bien es cierto que se trató de un jurado popular.

En todo caso, también hay voces judiciales que ven en el factor de la relevancia social del caso —Martínez denunció durante el juicio la presión existente sobre el tribunal a todos los niveles (incluso político e institucional) para emitir una sentencia condenatoria— un motivo que invita a la cautela y a la minuciosidad a la hora de fundamentar el fallo. La sentencia se va a mirar con lupa, se da por seguro que, sea cual sea el fallo, las diferentes partes van a agotar las dos vías judiciales que restan —la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y el Tribunal Supremo— y es preciso llegar a un veredicto "impecable", con una fundamentación más sólida si cabe todavía, para no dar lugar a diferentes interpretaciones dentro del derecho jurídico. "La sentencia va a tener que estar muy bien fundamentada", señalan fuentes judiciales, conscientes de la relevancia del contenido del fallo de cara a los recursos a presentar en uno u otro sentido.

Se da por seguro que las partes van a agotar la vía judicial y es preciso llegar a un fallo "impecable": La sentencia deberá estar "muy bien fundamentada"

Hasta ahora, a la espera del veredicto, el proceso judicial ha puesto de manifiesto la falta de unanimidad entre los tres magistrados que componen el tribunal: el presidente José Francisco Cobo, Raquel Fernandino y Ricardo González. Este último ha defendido en todo momento la puesta en libertad provisional de los cinco acusados hasta la emisión de la sentencia, medida que ha sido rechazada en varias ocasiones por los otros dos magistrados, con su voto particular en contra, ante el "riesgo de fuga y reiteración delictiva" de los jóvenes sevillanos. La última vez que se negó su excarcelación fue nada más finalizar el juicio, cuando el tribunal desestimó su puesta en libertad preventiva en un auto en el que dejó constancia de que esta medida "cautelar" no prejuzga la condena o absolución de los imputados.

A este respecto, hay quien interpreta esta demora en la sentencia como un factor que apunta hacia una resolución condenatoria. Pero se trata de "meras especulaciones". Al igual que estimar que el retraso se debe a la disconformidad que existe dentro del tribunal sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados. "La sentencia puede tardar o no con o sin disenso dentro del tribunal", aseveran desde la Audiencia de Navarra. El retraso, según remarcan, "obedece a la forma de actuar del tribunal, a la tranquilidad a la hora de afrontar la sentencia".

En los pasillos de la Audiencia de Navarra se impone la tesis de que no habrá unanimidad y que existirá un voto particular en contra de la resolución

¿Las diferencias internas existentes durante el proceso apuntan a que el desacuerdo se reproducirá en la sentencia? La posibilidad está ahí y, de hecho, en los pasillos de la Audiencia Provincial se impone la tesis de que no habrá unanimidad en el veredicto y que existirá un voto particular en contra de la resolución. Por las actuaciones previas se considera a González como el más proclive de los tres magistrados a la absolución de los acusados. De la actuación de los magistrados durante el juicio, celebrado en noviembre, apenas se sabe por las manifestaciones de las diferentes partes, ya que la vista se celebró en su inmensa mayoría a puerta cerrada para proteger el "derecho fundamental a la intimidad" de la denunciante y para salvaguardar a ella y a los acusados de "una indeseada e indeseable exposición pública aireando aspectos relativos a su intimidad corporal y vida sexual que pertenecen a la esfera personal". Las puertas de la sala de vistas 102 se abrieron en dos de las once jornadas, las correspondientes a las conclusiones finales, donde las diferentes partes se ratificaron en sus postulados: agresión sexual porque se actuó "bajo violencia e intimidación grave", por un lado, y relaciones consentidas por otro.

La redacción de la sentencia, según apuntan fuentes judiciales, está en manos de Cobo en su condición de presidente del tribunal. Él será quien dé cuerpo al veredicto a partir de las deliberaciones previas, que se supone habrán sido intensas, y más si se han dado desencuentros sobre el fondo del asunto, la culpabilidad o no de los acusados. En base a estas deliberaciones el magistrado ponente plasmará el criterio en la resolución que puede contar con un voto particular disconforme con el sentido de la sentencia.

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La fórmula para dar a conocer el veredicto está por definir, si bien existen tres vías alternativas. La habitual notificación telemática a los procuradores se da prácticamente por descartada dada la trascendencia social y mediática del caso. Las otras opciones son la entrega en mano a los procuradores o la lectura del fallo en audiencia pública, que puede ser incluso con presencia de los propios acusados, si bien fuentes judiciales ven muy poco probable esta última posibilidad al requerir el traslado a Pamplona del militar Alfonso Jesús Cabezuelo y de A.M.G (es el único de los cinco acusados del que no se puede decir su nombre y profesión) desde la prisión militar madrileña de Alcalá Meco, y para no exponer a los imputados de forma pública. Agustín Martínez, letrado de José Ángel Prenda, Jesús Escudero y Ángel Boza, ha solicitado con éxito que se le comunique la fecha de anuncio de la sentencia con 48 horas de antelación para poder trasladarse a la capital navarra, donde permanecen sus tres defendidos en prisión provisional, de cara a comunicarles el contenido de veredicto y, en caso de ser condenatorio, definir los pasos a dar de cara al recurso.

La Fiscalía solicita un total de 22 años y 10 meses de prisión para los cinco integrantes de 'La manada': 18 años por un delito continuado de agresión sexual, dos años y 10 meses por un delito contra la intimidad y otros dos por robo con intimidación. Asimismo, pide 10 años de libertad vigilada a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad y una indemnización de 100.000 euros para la afectada por los daños morales ocasionados. La mayor petición de condena corresponde al Gobierno de Navarra (25 años y nueve meses de prisión), que actúa como acción popular junto al Ayuntamiento de Pamplona (25 años y cinco meses), mientras que la acusación particular reclama 24 años y nueve meses.