Prietas las filas en Alsasua: tan solo ocho vecinos apoyaron a los guardias civiles

El ambiente que respiraban los guardias civiles en Alsasua era hostil antes de la violenta noche del 15 de octubre de 2016 y sigue siéndolo hoy casi dos años después. Más de 40 personas, según los policías forales que acudieron a rescatar a los agredidos, rodearon al teniente, al sargento y a sus parejas para molerles a manotazos, patadas y puñetazos. Muchos de esos mismos continuaron en la zona increpando a los agentes autonómicos, echándoles en cara que detuvieran a los suyos y no al sargento —que aún continuaba en la zona—, insultándoles e incluso mofándose de ellos, como describieron los propios recién llegados, que detuvieron a Jokin Unamuno por ser el principal instigador de la paliza e identificaron a Ohian Arnanz por ser el más violento.

No pudieron tomar el nombre de ningún agresor más porque la masa actuaba al unísono. Los propios policías forales admitieron ayer durante la tercera sesión del juicio en la Audiencia Nacional que temieron por su integridad física, sobre todo cuando Arnanz —de complexión llamativamente fuerte y experto en artes marciales— se les acercó con el puño cerrado. Los dos agentes acordaron ir a por esos dos únicamente, a pesar de que el sargento no paraba de señalar a implicados, porque el resto vestía igual y no parecía razonable enfrentarse a una multitud borracha y agresiva. De hecho, tuvieron serios problemas para detener a Unamuno, al que la gente incluso llegó a sacar del vehículo policial.

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"Nadie nos pidió ser atendido por haber recibido una agresión más que los dos guardias civiles y sus parejas". Así expresaron los policías forales la desigualdad de fuerzas que se produjo entre ambas partes. "Aquello fue una paliza y ya está", resumió uno de los agentes, quien no tenía dudas tampoco de que los que estaban allí jaleando a los agresores o simplemente pegando "tenían claro" que las víctimas pertenecían a la benemérita. No en vano, incluso gritaban a los policías y les recriminaban por qué no hacían nada contra el sargento. "Si sabían que era sargento, sabían que eran guardias civiles", argumentó uno de los agentes autonómicos.

El ambiente hostil llegó aquella noche a su punto álgido y estalló en forma de violento apaleamiento que a punto estuvo de acabar mucho peor de no ser porque María José, la novia del teniente, se colocó encima de su pareja y paró parte de los golpes de los agresores que iban dirigidos a él. Los apaleadores no tuvieron reparo en seguir sacudiéndolo, incluso cuando una mujer se interpuso entre ellos y su objetivo. Lo mismo hicieron cuando Pilar, la mujer del sargento, se puso entre él y los matones. "Yo también fui golpeada a pesar de mi inferioridad física, porque yo no me puedo enfrentar a un grupo de hombres que me pegan", explicó la propia esposa del suboficial.

Según explicó el propio teniente, la atmósfera ya estaba enrarecida incluso cuando él llegó al pueblo para hacerse cargo del acuartelamiento un año antes. "Mis compañeros me advirtieron de que no frecuentara algunos lugares", señaló. "Me dijeron que no fuera al casco viejo, y menos de noche", añadió el sargento durante la segunda sesión de la vista oral. Sin embargo, el teniente creía que aquellos tiempos del miedo terrorista ya habían quedado atrás y era el momento de abrir la Guardia Civil al pueblo.

El oficial organizó unas jornadas de puertas abiertas para exponer elementos del instituto armado. Varias personas se acercaron a ver la muestra, que sin embargo fue empañada por un grupo de radicales, entre los que estaba el detenido en octubre. Los agentes tuvieron que expulsarles porque estaban haciendo fotos a los vecinos que visitaban la exposición, como contó el propio teniente, quien calificó varias veces el ambiente previo a la noche de la paliza como de "peculiar". Había pancartas, manifestaciones, pintadas y actos festivos en los que quemaban figuras de guardias civiles, recordó el principal agredido, que trajo alguna otra novedad a la población.

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El día de la fiesta de la Virgen del Pilar, en concreto, el teniente quiso celebrar una misa para conmemorar a la patrona del cuerpo y un posterior vino, algo habitual, por otro lado, en el resto de España. Varios jóvenes, entre los que de nuevo estaba Unamuno, se personaron en la iglesia de los Capuchinos. Algunos vecinos que habían ido a celebrar la festividad junto a los guardias civiles comunicaron al teniente que tenían miedo de salir porque los radicales les estaban increpando. Fue entonces cuando el oficial salió a invitarles a abandonar la zona. "Era la primera vez que eso pasaba en el pueblo y fuimos a curiosear", aseguró el propio Unamuno durante su declaración el primer día del juicio, el pasado lunes.

"El hecho de que el ambiente era violento se hizo evidente el día de la paliza, fue escalando poco a poco hasta ese momento", resumió el teniente cuando le tocó su turno ante la Sección Primera de la Audiencia Nacional, antes de calificar aquellos minutos como "un calvario eterno". Una vez en el hospital, apenas seis u ocho de los más de 7.000 vecinos del pueblo visitaron al oficial o se interesaron por su salud. "Siempre en privado, nunca en público", matizó el teniente, quien sin embargo agradeció esas muestras de solidaridad.

Tras la terrible madrugada, sin embargo, las cosas no cambiaron el ambiente. Incluso fueron a peor para los implicados. El teniente no regresó a la localidad más que para ir al cuartel, que era su casa, a recoger sus cosas. María José, que llevaba en la localidad desde los tres años, se mudó de inmediato a otra ciudad y tan solo vuelve puntualmente para ver a sus padres. "Sufro taquicardias cuando piso las calles de Alsasua", explicó durante la vista antes de confesar que tras lo sucedido ha tenido ideaciones suicidas, visita al psicólogo regularmente y toma medicación.

"Aún hoy necesito asistencia psicológica; me da miedo volver a Alsasua; tardé siete meses en regresar al bar que regentan mis padres, que para mí ha sido mi hogar", añadió entre llantos. "Todo mi grupo social, mis amigas y mis amigos, se alejó, me aislaron totalmente", apuntilló. "Pero no pueden quitarme también a mis padres", insistió antes de contar que estos, que sí continúan en la población, sufren los insultos diarios de la gente y la humillación de tener que levantarse con el muro pintado con mensajes amenazantes como 'El pueblo no perdona' junto a su casa. Unos asaltantes les rompieron una máquina del bar y les rajaron el coche, mientras su bar experimenta un continuo boicot.

"Yo no tengo vida en Alsasua", resumió por su parte Pilar, la mujer del sargento, que continúa viviendo en el cuartel porque su marido no ha podido pedir aún el traslado y que ha tenido un bebé recientemente al que ha amamantado con un solo pecho porque el estrés le cortó la leche del otro. "Tan solo salgo para hacer la compra, y nunca sola, y para pasear, aunque siempre por la zona del acuartelamiento", confesó la mujer, quien también tuvo que aguantar que una vez en el supermercado una señora la llamara "putilla que han traído al cuartel", al tiempo que denominaba "puta traidora" a María José.

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"Me callé por miedo", recordó Pilar, que anuló todos sus perfiles de redes sociales poco después de la agresión. "Si ellos tienen ganas de que nos vayamos, más ganas tengo yo de irme", explicó tajante la mujer, que durante su embarazo incluso mintió a los médicos del hospital sobre su dirección postal por temor a que no la atendieran al conocer que era la esposa de un guardia civil. "Parece que tengo que pedir perdón porque me han pegado", reflexionó en alto durante su declaración el pasado martes en el juicio. No en vano, en sus oídos resuenan todavía las palabras que le gritaban los violentos y borrachos jóvenes que se agolpaban a las puertas del bar Koxka tras machacarles a palos. "Esto es lo que vais a tener cada vez que bajéis del cuartel", le voceaban.

El sargento, por su parte, contó ante el tribunal que tampoco el resto de guardias civiles vive mucho mejor. Un agente que acababa de llegar a la localidad, relató, se apuntó a un gimnasio especializado en artes marciales, el mismo que frecuentaba Arnanz, para quien la Fiscalía pide la mayor pena, 62 años de prisión. "Un monitor le preguntó si era guardia civil, pero él le respondió que no, que estaba de paso, a lo que el profesor le dijo que lo que ahí se enseñaba era a pegar a guardias civiles", explicó el sargento, quien tiene claro que todavía persiste el "clima de hostilidad" hacia ellos en la zona.