El PP calma a policías y guardias civiles: no saboteará su subida de sueldos en el Senado

El Partido Popular mantiene que aprovechará el paso de los Presupuestos por el Senado para introducir enmiendas que modifiquen los compromisos a los que había llegado con el PNV, pero los 500 millones que permitirán financiar la primera fase de la equiparación salarial de las Fuerzas de Seguridad del Estado no están en riesgo. Fuentes del Ejecutivo saliente aseguran que, a pesar de la moción de censura, no se cambiará ni una coma del acuerdo para que este mismo año se produzca la primera de las tres subidas pactadas en las nóminas de policías nacionales y guardias civiles para que alcancen los ingresos de las policías autonómicas.

Esa es la principal inquietud con la que han recibido los funcionarios de las Fuerzas de Seguridad al nuevo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pero este se va a encontrar ese problema encauzado. Según fuentes sindicales, la subida debería materializarse en la nómina de agosto, aunque el parón estival de la administración podría posponerla hasta septiembre. En esta primera fase, el incremento será lineal, la misma cantidad para todos los funcionarios con independencia del luegar que ocupen en el escalafón. En el caso de los policías, recibirán hasta final de año unos 202 euros brutos mensuales con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero. Es decir, que para ponerse al día, Interior tendrá que ingresarles de golpe en septiembre unos 1.818 euros. En el caso de la Guardia Civil, la subida mensual debería superar ligeramente los 200 euros de la Policía para recortar la mayor distancia que les separa con los Mossos d’Esquadra. También se les aplicará con efectos desde el pasado enero.

Lo que está en el aire y va a obligar al equipo de Grande-Marlaska a remangarse es el diseño de la subida en el próximo ejercicio, que ya debería tener en cuenta el rango de los funcionarios para concentrar la mayor parte del dinero en los niveles más bajos, donde es más ancha la discriminación salarial. Había reuniones programadas estos días para perfilar las nóminas de 2019, pero el cambio de Gobierno va a obligar a abrir un paréntesis. Para el tercer y último año de aumento, en el que se establecerán los pluses definitivos para consolidar la equiparación, ya debería estar listo el informe que se va a encargar a una consultora externa para que audite las nóminas actuales y decida el reparto más óptimo. Será un encaje difícil. Hay más de 200 completementos específicos en Policía y Guardia Civil.

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Los funcionarios de Instituciones Penitenciarias -se descarta que este departamento pase al Ministerio de Justicia, como exigía Podemos- están inmersos en una campaña para reclamar su propia equiparación con sus colegas catalanes, que dependen de la Generalitat. En este campo no se ha traducido ningún avance y los representantes sindicales mantienen una ofensiva de movilizaciones en busca de una “solución urgente”. Este mismo lunes están convocadas concentraciones frente a la sede de Instituciones Penitenciarias en la calle de Alcalá para apoyar a funcionarios que llevan dos semanas encerrados en la sede del organismo.

El otro frente interno sobre el que tendrá que pronunciarse Grande-Marlaska es la estructura organizativa de su cartera. Nada ha trascendido de los planes que tiene en mente el antiguo magistrado de la Audiencia Nacional. En la última semana de julio de 2017, el equipo de Juan Ignacio Zoido decidió eliminar los puestos de director adjunto operativo (DAO) de Policía Nacional y Guardia Civil. Se trataba del cargo de mayor rango en ambos cuerpos que podía ocupar un funcionario. De facto, los DAO concentraban tanto poder que ejercían de ‘número dos’ de sus respectivos directores generales, nombrados ya por el ministro de turno.

Zoido prefirió diluir las atribuciones de mando y coordinación de los DAO en cuatro cargos de nuevo cuño. En el caso de la Policía, creó la Jefatura Central de Seguridad Ciudadana y Coordinación, la Jefatura Central de Información, Investigación y Ciberdelincuencia, la Jefatura Central de Recursos Humanos y Formación, y la Jefatura Central de Logística e Innovación. En la Guardia Civil aplicó una división casi idéntica: Mando de Operaciones Territoriales; Mando de Información, Investigación y Ciberdelincuencia; Mando de Personal y Formación, y Mando de Apoyo e Innovación.

El ya exministro defendió entonces que el objetivo de la reforma era crear una estructura más horizontal que se adaptara a las nuevas formas de criminalidad del siglo XXI y diera más peso a la lucha contra la ciberdelincuencia. Pero la primera consencuencia práctica del nuevo esquema fue que la labor de coordinación que requerían los cuatro nuevos mandos de cada cuerpo y que antes habría ejercido el DAO sólo podía ser asumida, con la reforma, por los cargos políticos ubicados en la cúspide de la pirámide. Es decir, que el ministro se aseguró de que directores generales tuvieran acceso a toda la información que circulaba por la cúpula de los cuerpos y de que no hubiera ningún otro mando con capacidad de contrapesar sus decisiones.

El real decreto con los cambios se aprobó ese mismo julio pero nunca han llegado a tramitarse las órdenes que debían desarrollarlo para perfilar los detalles del funcionamiento de la estructura. Grande-Marlaska deberá decidir ahora si consolida ese modelo u opta por regresar a la situación anterior recuperando la figura de los DAO. Con dos años de legislatura por delante, como máximo, esa parece la opción más probable. También es la que más apoyo concita entre los profesionales.

El PSOE se presentó a las elecciones de junio de 2016 con una reforma más ambiciosa: recuperar el mando único de Policía Nacional y Guardia Civil (página 112 de su programa). Alfredo Pérez Rubalcaba fue el primer ministro que experimentó con esa fórmula. En septiembre de 2006, colocó a Joan Mesquida al frente de una única dirección general de la Policía y la Guardia Civil. José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo el esquema hasta el último día de su Gobierno y el PSOE siempre ha abogado por recuperarlo para mejorar la coordinación policial. Sin embargo, aquella etapa no dejó un buen recuerdo en ninguno de los cuerpos ni acabó con las tensiones entre ellos.

Al contrario, generó una sensación de orfandad por las dificultades del mando único para mantener los equilibrios y atender las peticiones que le llegaban de un lado y otro. Con media legislatura agotada y sólo 84 diputados en el Parlamento, resulta improbable que el mando único se convierta ahora en una realidad. Además, Grande-Marlaska es un independiente. No tiene el mismo grado de compromiso con las promesas del PSOE que Pedro Sánchez.

Grande-Marlaska se encuentra otras labores a medio terminar. Su equipo ya ha comenzado a analizar el nuevo reglamento de la Ley de Seguridad Privada aprobada en 2014 por el Gobierno del PP para actualizar la que estaba en vigor desde 1992. El reglamento precisa elementos clave para el funcionamiento de este pujante sector y el periodo de alegaciones termina el próximo 20 de junio. El entorno del ministro está estudiando cómo alargar ese plazo para introducir aportaciones.

Asimismo, estaban muy avanzados los trabajos para la aprobación de la nueva Ley General Penitenciaria. La que se aplica fue aprobada en 1979, sólo unos meses después de echara a andar la democracia (es la 1/1979). El antiguo juez de la Audiencia Nacional también tendrá que aplicar sus conocimiento en este campo.