España, a la par que Alemania o Bélgica en los tribunales europeos

España figura entre los países con menor número de reclamaciones y condenas ante las instancias penales europeas y se sitúa al nivel de países condiserados de forma tradicional como garantes del respeto a los Derechos Humanos como Alemania o Bélgica. Según los datos del informe 'España ante los tribunales de justicia europeos', realizado por el CGPJ, el número de condenas respecto a estados como los dos mencionados fue muy similar en los últimos cinco años.

El estudio estadístico ha medido el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En el periodo comprendido entre 2013 y 2017, ha contabilizado una media de seis sentencias por año en la que se ha resultado condenada por al menos una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El mismo análisis arroja que Alemania tuvo una media de 4,6 condenas y Bélgica de nueve. A la cola se encuentran países como Turquía, con una media superior a las 92 condenas, Rumanía, con 72 o Ucrania con 62. El tribunal con sede en Estrasburgo falla sobre demandas individuales de particulares o de los Estados que se fundamenten en violaciones de los derechos civiles y políticos enunciados en el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos, que España firmó en 1977 y quedó ratificado el 26 de septiembre de 1979, una vez aprobado por las Cortes Generales.

Entre 2014 y 2017, la media anual de reclamaciones con origen en España asignadas a una formación judicial fue de 622. Puesta en relación con la población del país, esa cifra arroja una ratio de 0,14 demandas asignadas por cada 10.000 habitantes, muy inferior a la media del conjunto de los Estados firmantes del Convenio –0,64- y similar a la de Francia o Bélgica.

El estudio analiza también la acción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), encargado de controlar la legalidad de los actos de las instituciones de la UE, vela por que los Estados miembros respeten las obligaciones establecidas en los Tratados e interpreta el Derecho de la Unión a solicitud de los jueces nacionales. Al analizar el número de recursos por incumplimiento de los Estados elevados ante este otro tribunal, con sede el Luxemburgo, en los últimos cinco años y su relación con la población de cada uno de los países, el resultado es que la ratio española es inferior a la del conjunto de la Unión y similar a la de países como Alemania, Italia, Holanda o Suecia.

En cuanto al resultado de las sentencias dictadas por el TJUE en esos recursos por incumplimiento de los Estados, España -con 0,07 sentencias estimatorias por millón de habitantes- se sitúa en la media europea, que es de 0,06. El informe de la Sección de Estadística también detalla las cuestiones prejudiciales mediante las que los jueces nacionales se dirigen al TJUE para solicitar que éste precise una cuestión de interpretación del Derecho de la Unión.

Desde 1986, los jueces españoles han planteado un total de 460 cuestiones prejudiciales al TJUE, lo que representa el 5,3 por ciento de todas las presentadas ante el tribunal, un porcentaje que está por debajo del peso poblacional de España en la Unión Europea. En los últimos diez años, las materias por la que más veces han planteado los jueces españoles cuestión prejudicial son la de protección de consumidores (65) y política social (63). En cuanto a los órganos que en más ocasiones han elevado consultas al TJUE en ese mismo periodo (2008-2017), son el Tribunal Supremo (58), los Tribunales Superiores de Justicia (37), las Audiencias Provinciales (29) y los Juzgados de Primera Instancia (28).