La Fiscalía pide procesar a Rato por llevarse 835.000€ en comisiones y el juez lo pospone

El paso de Rodrigo Rato por el banquillo tendrá que esperar. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado al Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid que el exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) fuera procesado de forma inmediata por un presunto delito de corrupción entre particulares al considerar que ha quedado acreditado que cobró comisiones ilegales por valor de 835.024,64 euros de agencias de publicidad contratadas por Bankia durante su mandato (enero de 2010-mayo de 2012). La acusación podría suponerle una condena de hasta cuatro de prisión y a una multa de hasta tres veces la cantidad que ingresó mediante el fraude.

Sin embargo, en un auto al que ha tenido acceso este diario, el titular del Juzgado número 31, Antonio Serrano-Arnal, ha resuelto que aún no es el momento de dictar el auto de procedimiento abreviado porque es necesario avanzar en el resto de frentes que el exdirigente del PP tiene abiertos con la Justicia. "Si bien es cierto que la instrucción de esta pieza (...) se encuentra concluida, no lo es menos que dicho supuesto delito [de corrupción entre particulares] se encuentra íntimamente relacionado con la presunta comisión de otros delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, cuya instrucción continúa en distintas piezas separadas de esta misma causa, lo que hace aconsejable una vista oral conjunta", señala el juez en su dictamen.

En un escrito de 38 páginas adelantado por el El Confidencial, la Fiscalía sitúa el inicio de la irregularidades en decisiones adoptadas por directivos nombrados o contratados por Rato que se encargaban de la selección de las empresas que “debían realizar la prestación de servicios publicitarios de la entidad financiera”. En ese grupo de personas el Ministerio Público incluye a José Manuel Fernández Norniella (consejero de Bankia y mano derecha del exdirigente del Partido Popular), Alberto Portuondo (el presunto testaferro que Rato colocó en puestos directivos del banco) y María Teresa Arellano (su secretaria personal, aupada a posiciones ejecutivas). “Todos ellos constituyeron un auténtico grupo de presión dentro de la entidad financiera, actuando como núcleo duro a las órdenes y en beneficio último de Rodrigo de Rato Figaredo”, apunta el escrito.

Según el Ministerio Público, Rato se habría valido de esas personas para condicionar la selección de las agencias publicitarias, elegir la que iba a pagarle comisiones a pesar de que no era la más ventajosa para Bankia y, finalmente, materializar un encargo de servicios a esa compañía mediante un acuerdo firmado el 1 de febrero de 2011. En representación del banco rubricaron el documento Miguel Crespo (secretario general del Consejo de Administración) y Pedro Vázquez (director general de Medios). La Fiscalía sostiene que Rato utilizó su poder como presidente de la entidad para evitar que ese contrato millonario pasara por el Consejo de Administración, a pesar de que así lo estipulaba la normativa interna.

Gracias a esta mecánica, Rato consiguió que Bankia adjudicara solo en dos años, 2011 y 2012, un total de 51.762.625 euros a las agencias de publicidad que pretendía favorecer, ambas pertenecientes al Grupo Publicis. A cambio, el exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar habría recibido pagos irregulares de esas compañías que canalizó a través de testaferros y firmas opacas.

En concreto, según el escrito de la Fiscalía, coincidiendo con las contratos concedidos por Bankia, las agencias de publicidad abonaron un total de 2.022.154 euros en concepto de supuestos asesoramientos a la firma Albisa Inversiones y Asesoramiento SL, controlada por el empresario Alberto Portuondo, presunto hombre de paja de Rato. Y casi automáticamente, Albisa reintegró parte de esos fondos a Kradonara 2001 SL, una sociedad que el entonces presidente de la entidad también manejaba a través de su asesor personal, Miguel Ángel Montero Quevedo, igualmente imputado.

De las diligencias se desprende que Rato recibió por esa vía 835.024,64 euros. Para justificar el abono, Albisa y Kradonara firmaron un contrato de "prestación de servicios" el 3 de junio de 2011, justo cuando Bankia estaba a punto de salir a bolsa. Sin embargo, la Fiscalía ha concluido después de tres años de diligencias que ese acuerdo era "falso" y sólo tenía como objetivo encubrir el pago de comisiones ilegales por los pagos millonarios que Rato había otorgado a las agencias de publicidad valiéndose de su posición en la cúpula de la entidad financiera.

Las investigaciones también habrían servido para probar que el propio Portuondo fue contratado directamente por Bankia durante el mandato de Rato para que realizara supuestas labores de consultoría en materia de publicidad. Según las diligencias practicadas, el supuesto testaferro del entonces presidente del banco recibió adjudicaciones por importe de 2.516.074 euros a través de tres sociedad limitadas: Lateralmente SL, Plenamente SL y 3Lemon Soluciones Tecnológicas SL (ver cuadros). Los pagos se justificaron mediante contratos confidenciales para evitar que la relación comercial trascendiera.

Para la fiscalía los hechos serían contitutivos de un presunto delito de corrupción entre particulares, castigado con una pena de prisión de seis meses a cuatro años, “inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años” y multa de hasta tres veces la cantidad de la que se habría obtenido beneficio de forma irregular. El Ministerio Público no sólo apunta a Rato. Considera que sus colaboradores, los testaferros de la mercantiles instrumentales y los directivos de las agencias de publicidad también participaron en la trama. En total, la acusación se dirige contra 16 personas y dos mercantiles. El juez ha pospuesto el procesamiento de los acusados en esta pieza para poder enjuiciarlos cuando hayan concluido todas las causas en las que está inmerso Rato.