El PP intenta parar en los tribunales la renovación por decreto de RTVE

El PP está estudiando vías legales para poder paralizar en los tribunales la renovación de RTVE. Por un lado, dan por hecho que llevarán al Tribunal Constitucional el real decreto ley aprobado el viernes por el Gobierno para nombrar una dirección provisional hasta que se resuelva el recurso en marcha y, por otro, estudian llevarlo a la vía contencioso administrativa en la que sí es posible pedir la suspensión cautelar.

El recurso al Constitucional no paraliza la aplicación del decreto y, por eso, la otra vía sí permitiría suspender los nombramientos por orden judicial hasta que se resuelva el fondo.

El decreto será convalidado en el pleno del Congreso con los votos de los partidos que apoyaron la moción de censura y el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene intención de empezar en los próximos días las conversaciones con los grupos sobre nombres concretos para el consejo de administración temporal que deberán nombrar el Congreso y el Senado. El plazo para esos nombramientos es el domingo 8 de julio, ampliable 10 días si hay bloqueo en el Senado. PP y Ciudadanos rechazan participar en ese procedimiento elegido con el Gobierno de Sánchez.

La presidenta del Congreso pide un informe a los letrados de la Cámara para saber cómo proceder y convoca a la Mesa a primera hora del miércoles

En paralelo se tramita el concurso público, pero con dificultades legales porque el decreto del Gobierno modifica algunas de las condiciones como, por ejemplo, la composición del comité de expertos para ese concurso. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, pidió este martes un informe a los letrados de la Cámara que deberá ser estudiado este miércoles a primera hora para saber cómo proceder.

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En esa vía hay controversia sobre la composición del comité de expertos. En la Mesa del Congreso de hace una semana PP y Cs impusieron, con su mayoría, que ese órgano, encargado de evaluar a los aspirantes a consejeros de administración, estuviera formado por 13 personas —seis de ellas a propuesta de los populares y una por los naranjas—, pero el real decreto ley volvió a la redacción original que en marzo pactaron el PSOE (entonces en la oposición), Podemos y Ciudadanos, que ampliaba el número hasta los 15-17 miembros y daba entrada en ese comité a todos los grupos que integran la Comisión Mixta de Control de RTVE.

El Congreso podría verse obligado a celebrar cuatro plenos a primeros de julio para culminar la renovación exprés de la cúpula de la corporación

El proceso para la renovación de la radio y la tele públicas fue un acuerdo de todos los partidos, pero la puesta en marcha concreta se ha convertido en un auténtico galimatías legal, con riesgo de que se bloquee durante meses. El presidente de la corporación, José Antonio Sánchez, terminó su mandato el viernes pasado, 22 de junio, y junto a él cesaron otros cuatro consejeros, porque los cinco restantes ya habían agotado su tiempo en la cúpula desde 2013. El Ejecutivo alegó que había tenido que intervenir RTVE porque no había más "remedio", porque la empresa se adentraba en un periodo de interinidad que ya no era sostenible y el procedimiento de concurso había embarrancado.

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Pero la madeja aún se puede enredar más si finalmente hay recurso ante los tribunales ordinarios, además de ante el Constitucional. El Gobierno podría ver peligrar sus planes que, en cualquier caso, implican cierta complejidad técnica. Si no hubiese paralización por parte de la Justicia, el Congreso podría verse obligado a celebrar hasta cuatro sesiones plenarias en julio para culminar la renovación exprés de RTVE. Uno primero, para votar a los seis consejeros que proponga la Cámara Baja. En esa primera ronda necesitarían mayoría de dos tercios, que no se producirá. A las 48 horas habría una segunda votación, en la que bastaría la mayoría absoluta (176 diputados) siempre que la candidatura hubiera obtenido el respaldo de al menos cuatro grupos de la Cámara.

El PSOE avisa de que si no se suman PP y Cs, será su "responsabilidad", mientras que los populares denuncian la "tropelía" cometida por el Ejecutivo

Si el Senado obstruyese finalmente la designación —como parece seguro que ocurrirá, porque allí el PP disfruta de mayoría absoluta—, entonces la pelota volvería al tejado del Congreso, que tendría que nombrar a los cuatro consejeros restantes: en una primera vuelta con mayoría de dos tercios y a las 48 horas, con absoluta y aval de cuatro grupos. Si las Cámaras no fuesen capaces de armar ningún consenso, entonces el Gobierno propondría la designación de un administrador único de la corporación, que habría de conseguir mayoría de dos tercios en primera ronda o absoluta en la segunda. Además, Pastor tiene que fijar la fecha para la convalidación del real decreto ley, para lo que cuenta con el plazo de un mes desde la entrada en vigor del texto —el pasado 23 de junio—.

Los socialistas ya asumen que PP y Cs no se sumarán al consejo interino, por lo que si este se consigue formar, solo sentará a representantes elegidos por su partido, Unidos Podemos y las formaciones nacionalistas e independentistas, por lo que sería una cúpula lastrada de inicio por la falta de pluralismo, justo lo que ocurría con la dirección saliente, en la que seis de sus nueve miembros fueron propuestos por los populares, uno por la extinta CiU, uno por el PSOE y una última por Izquierda Unida. Pero esa realidad no frenará a los de Sánchez. "La responsabilidad es del PP y Ciudadanos, que seguramente vivían mejor con José Antonio Sánchez en la presidencia de RTVE", denunció Adriana Lastra, la portavoz socialista en el Congreso y número dos del partido.

Los populares, por boca de su jefe de filas en la Cámara Baja, Rafael Hernando, calificaron de "vergüenza" y "tropelía" el contenido de un real decreto ley "que no se ha hecho en la vida", ya que es el Gobierno el que mandata a las Cortes, y no al revés. "Solo le falta decir que antes de votar los diputados tenemos que bailar la conga", ironizó el portavoz conservador este martes. Hernando acusó al PSOE de "vulnerar flagrantemente" la autonomía del Congreso y "ningunear" al Senado. Para el dirigente, la forma de proceder del Ejecutivo refleja "muy bien" el carácter de Sánchez, pues no quiso que se interviniera TV3 por la vía del artículo 155 de la Constitución, pero sí quiere "asaltar" RTVE.

Para complicar aún más las cosas, se sumó por la tarde el cabreo de ERC con los socialistas. La irritación era la consecuencia del rechazo del PSOE a la moción de los republicanos en la que pedían un diálogo "sin renuncias ni condiciones" con el Govern de Cataluña. Estos ya habían advertido de que su posición sobre el decreto ley de RTVE tenía mucho que ver con lo que hiciera Ferraz con la iniciativa. Ahora la relación entre ambas formaciones queda "muy tocada", en palabras del portavoz de ERC en la Cámara Baja, Joan Tardà. "Es un error político inmenso", abundó. "No sé qué va a ocurrir, porque todo es susceptible de ser debatido, pero si no quieren atender a las razones de la inmensa mayoría de la sociedad catalana, que es lo troncal, ¿qué sentido tiene el diálogo para lo otro [RTVE]? Ellos saben perfectamente que teníamos una oportunidad para poner lubricante en los engranajes, y en vez de aceptarlo, nos han expulsado del debate. A ver cómo responde el Govern", añadió a preguntas de los periodistas.