El plan jurídico de los presos para que el juicio del 'procés' estalle en plenas elecciones

El calendario de la causa por el 'procés' que dirige el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha saltado por los aires. Las previsiones del magistrado de dictar auto de conclusión del sumario este mes de junio se han ido al garete tras lo que se antoja un cambio de ritmo en la acción de las defensas que provocará que los tiempos se alarguen varios meses. El cierre de la instrucción no solo no está cercano sino que los nuevos cálculos del alto tribunal sitúan la línea roja para la celebración del juicio oral muy cerca de mayo, antes de las elecciones municipales y autonómicas previstas para el día 26, informan a El Confidencial fuentes jurídicas.

Fuentes consultadas por El Confidencial dan por hecho, en todo caso, que en el TS no se permitirá en ningún caso que la vista oral irrumpa en plena campaña. Existe una norma no escrita que rige en todos los tribunales y todos respetan y que impide que los procedimientos judiciales influyan en procesos plebiscitarios. El Supremo no es una excepción, por lo que es previsible que el arranque de la vista por los hechos previos al referéndum del 1 de octubre y la posterior declaración unilateral de independencia se sitúe después.

TE PUEDE INTERESAR

Los CDR preparan la 'revuelta de los elefantes' para recibir hoy al Rey en Girona

A. Fernández. Barcelona

Lo cierto es que, en solo unas semanas, el panorama ha cambiado por completo. De una previsión que situaba el juicio el próximo otoño-invierno se ha cambiado a otra en la que la celebración llega a la primavera de 2019. Son varios los factores que han influido, el principal la acción defensora de los procesados y su intención de recusar a varios magistrados de la Sala de lo Penal, que asumirá la causa cuando la cierre Llarena y que es pública desde hace ocho meses. El presidente Manuel Marchena y los magistrados Antonio del Moral, Andres Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Luciano Varela son los designados para juzgar a los acusados por rebelión, sedición, malversación y desobediencia.

Llarena celebró esta misma semana lo que debían ser las últimas diligencias antes del cierre. Tomó declaración al 'exconseller' de Interior Joaquim Forn, que había solicitado comparecer de forma voluntaria. Antes de eso, abrió plazo para que las partes le pidieran nueva prueba. Y las peticiones han llegado. Los letrados de los procesados han reclamado una nueva batería de declaraciones de testigos. Las partes han solicitado, además, que se acumulen a la causa diligencias ahora incorporadas a procedimientos que se instruyen en juzgados catalanes como el de Instrucción 13 de Barcelona.

De una previsión que situaba el juicio el próximo otoño-invierno se ha cambiado a otra en la que la celebración llega a la primavera de 2019

También se está a la espera de que la empresa pública de tasación, Segipsa, aporte un informe sobre cuánto dinero se destinó al uso de los 2.315 centros de votación que abrieron durante la jornada del 1-O, es decir, el coste derivado de la utilización de agua, luz, telefonía, limpieza y personal. También la utilización de medios informáticos. Investigan a petición de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, la línea que ya apuntó Cristóbal Montoro en la famosa entrevista en la que aseguraba que no se había destinado ni un euro público al 'procés'.

Todo esto suma y dilata el ritmo de la causa, más aún tras la reforma de la ley de 2015 que, en adaptación de distintas directivas europeas que aconsejaban una mayor protección de los investigados, incorporó que estos pueden declarar cuantas veces lo soliciten. Este refuerzo en la protección del imputado ralentiza, evidentemente, el ritmo. Pero no es el motivo principal de esta variación, de meses de diferencia, en las previsiones del TS.

La causa central es la recusación. Las defensas prevén impulsar que se aparte a algunos de los encargados de juzgar a los 25 procesados y, si se deciden por promover este incidente, la cuestión quedará en manos de la conocida como Sala del 61, informan las fuentes consultadas. Esta sala especial fue diseñada para ocuparse de determinados asuntos especiales, entre ellos la recusación del presidente del Tribunal Supremo, o de los presidentes de Sala, o de más de dos magistrados de una sala. La compone el presidente Carlos Lesmes, los presidentes de cada una de las salas, cinco en total, y los magistrados más antiguos y más modernos de todos ellas, en función de su acceso al alto tribunal.

Así, la fase intermedia que arranca tras el cierre de la instrucción -que como ya hemos avisado se prolongará semanas- quedará paralizada hasta que se resuelvan estas peticiones. Hay otro factor más que puede alargar las cosas. El juez Llarena abrió pieza separada e imprimió dos velocidades al procedimiento: por una parte los investigados que se encuentran en España y por otra aquellos a disposición de distintos países europeos, entre ellos Carles Puigdemont en Alemania.

No obstante, el fallo inminente sobre las extradiciones provocaría un efecto avalancha. Si se produce antes del cierre de la instrucción e implica una entrega -sobre la que el Supremo se muestra muy pesimista- decaería la separación y el recién incorporado se estrenaría con declaración, nueva prueba, diligencias en su descargo....

El traslado de los presos

En este escenario cobra mayor sentido el plan del Ejecutivo de Pedro Sánchez de trasladar a los presos a Cataluña una vez finalizada la instrucción. Con un juicio inminente, su desplazamiento hubiera implicado una ida y vuelta para el juicio en solo una semanas. Estas nuevas previsiones cambian las cosas y hacen prever una estancia más larga en territorio de Cataluña.

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno se abre a acercar los presos del 'procés' cuando se cierre la instrucción

Juanma Romero

El alargamiento del plazo tendrá otro efecto más. Muchos de los encarcelados, entre ellos Junqueras, cumplirán en breve ocho meses en preventiva. La dilación del juicio provocará nuevas reclamaciones para que recuperen la libertad con medidas en un momento en el que, además, la dirección de la Fiscalía General cambia de manos tras la llegada del Ejecutivo socialista.