El Gobierno busca la fórmula jurídica para sacar a Franco del Valle antes de agosto

No hay duda alguna de que el Gobierno está "decidido y determinado" a exhumar los restos de Francisco Franco. Y de manera "inmediata". Antes de agosto, si nada se tuerce. Pero todavía no tiene decidida la fórmula jurídica que utilizará para proceder a la salida del cuerpo del dictador del Valle de los Caídos.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez no puede entrar sin más en la basílica, por mucho que cuente con un mandato mayoritario del Congreso aprobado en mayo de 2017. Necesita un instrumento legal para desenterrar al general, levantar la pesada losa colocada en un lugar preeminente del templo. La voluntad del Gabinete socialista podría traducirse en una orden ministerial o en un real decreto, las vías más previsibles y, 'a priori', más lógicas. O quizá hiciera falta un real decreto ley, en cuyo caso tendría que firmarlo el rey Felipe VI y ser convalidado por la Cámara Baja en el plazo de un mes. Ahora mismo, todas las posibilidades están abiertas, según confirmó este viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministras y Ministros, la portavoz, Isabel Celaá.

Franco está enterrado en el Valle de los Caídos porque así lo pidió el hoy monarca emérito. Don Juan Carlos, apenas unas horas después de su proclamación como Rey, el 22 de noviembre de 1975, a las cuatro de la tarde, firmó en el palacio de la Zarzuela una carta dirigida al "excelentísimo y reverendísimo padre abad mitrado de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, don Luis María de Lojendio e Irure". En ella, le decía que había decidido que el primer y segundo jefes de la Casa Militar y el jefe de la Casa Civil de Franco le entregarían los restos mortales del dictador, fallecido dos días antes, el 20 de noviembre. "Y así os encarezco los recibáis y los coloquéis en el sepulcro destinado al efecto, sito en el presbiterio entre el altar mayor y el coro de la basílica, encomendando al excelentísimo señor ministro de Justicia, notario mayor del Reino, don José María Sánchez-Ventura y Pascual, que levante el acta correspondiente a tan solemne ceremonia".

El Ejecutivo reconoce la "complejidad" del caso, porque además "no hay precedente", así que analiza si conviene real decreto, orden ministerial...

No medió, por tanto, una resolución legal, sino una misiva rubricada por el entonces jefe del Estado. Pero ahora el Gobierno debe desentrañar cómo revertir esa decisión. Y pronto. Ante la "complejidad" del caso, justificó Celaá, ha de analizar qué alternativa es mejor.

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Juanma Romero

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Este viernes, el Consejo creó la Dirección General de Memoria Histórica, a cuyo frente se situará el responsable del área en la ejecutiva socialista, Fernando Martínez López, secretario general de la agrupación del partido en Almería capital. Aunque la Moncloa defiende que la articulación de este departamento, dependiente del Ministerio de Justicia, no tiene nada que ver con la exhumación de Franco —"es totalmente ajena al proceso"—, porque se ha puesto en marcha para aplicar de forma efectiva la Ley de Memoria Histórica de 2007, lo cierto es que en teoría es esa dirección general la que tendría que estudiar la fórmula jurídica más apropiada. Al menos eso defiende Justicia. El ministerio que dirige Dolores Delgado confía en que ahora, con la creación del área que pasa a pilotar Martínez, se ponga "velocidad de crucero" a los preparativos para la salida del dictador del Valle de los Caídos, y se reúnan todos los informes preceptivos en poco tiempo.

El Gobierno insiste en que está "decidido" a sacar a Franco, aunque no da fecha concreta aún. Ya ha creado una Dirección General de Memoria Histórica

Patrimonio Nacional, el organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia que gestiona todos los bienes titularidad del Estado que proceden del legado de la Corona, es el encargado de administrar la abadía benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, pero su custodia recae en la Iglesia. En concreto, en el abad de la basílica, Santiago Cantera. Por esa vía, la Moncloa no encuentra demasiados problemas, y de hecho el Ejecutivo ya ha hablado con la Iglesia. El portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, aseguró el jueves que la decisión del enterramiento de Franco en el Valle "no nace" de la institución ni tampoco le "corresponde a ella su permanencia o no", porque es una cuestión del ámbito político o familiar.

La otra pata, en efecto, es la familia del general, y el Ejecutivo se ha puesto ya en contacto con ella. Celaá alegó que esas conversaciones son privadas y no las iba a revelar. Sin embargo, según publicó el diario 'La Razón', los nietos de Franco no están por la labor de ayudar y se oponen a que se exhume a su abuelo, e incluso habrían enviado una carta al abad del templo para que haga saber a la Santa Sede que rechazan que salga de Cuelgamuros. En todo caso, quiera o no la familia, el Gabinete socialista está "absolutamente decidido y determinado" a cumplir el mandato del Congreso de hace un año, aprobado por todos los grupos con las únicas abstenciones de PP, ERC, Foro Asturias y UPN.

"Memorial de paz y reconciliación"

La portavoz del Ejecutivo afirmó ante los periodistas que no podía concretar la fecha exacta del traslado de los restos, porque "no hay ningún precedente", aunque sí confirmó que la salida del cuerpo sería "inmediata". Se remitió a lo que el presidente dijo a los informadores el miércoles, que la exhumación les cogería "trabajando", dando a entender que sería en julio, como luego confirmó este periódico. "Debemos hacerlo de manera muy correcta, con mucho respeto a la dignidad humana", precisó Celaá.

"Debemos hacerlo de manera muy correcta, con mucho respeto a la dignidad humana", señala Celaá en referencia a cómo se ejecutará el traslado

El Ejecutivo subraya que Franco ha de salir del Valle porque el conjunto arquitectónico debe convertirse en un "memorial de paz y reconciliación que atienda a las víctimas de ambos bandos" de la Guerra Civil. Un monumento, por tanto, "donde todo el mundo pueda reconocerse, pero no puede ser el referente de la tumba de un dictador", en palabras de Celaá.

Fuentes del Ministerio de Justicia remarcaban a este diario que lo previsible es que haya que contar con un informe de la Dirección General de Patrimonio y que también tengan que intervenir los antropólogos y forenses del Instituto de Medicina Legal, al tratarse de la exhumación de un cadáver. En principio, podría no hacer falta la asistencia o autorización de un juez. Por ahora, no está previsto que en esta misma 'operación' se reubique el cadáver del fundador de La Falange, José Antonio Primo de Rivera, en un lugar menos "preeminente" de la basílica, como se mandató al Gobierno en 2017. Él no tendría por qué salir de Cuelgamuros, ya que sí fue un caído de la guerra, en su caso ejecutado por los republicanos.

El Ejecutivo niega que vaya a excarcelar o progresar de grado a presos etarras y confirma el traslado de los políticos del 'procés'

El traslado a cárceles de Cataluña de los políticos independentistas encarcelados será inminente. El proceso "está ya abierto" al haber concluido el juez Pablo Llarena las diligencias del caso en el Tribunal Supremo y cumplirse todos los requisitos exigidos. 

Estos son, según explicó Isabel Celaá, que la persona en prisión solicite su cambio de penal y que haya un informe de Instituciones Penitenciarias -secretaría general que depende del Ministerio de Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska- que certifique el arraigo del recluso al lugar al que quiere ser trasladado. 

"Parece que ambos requisitos se han cumplido, por tanto está abierto ya el traslado", apuntó la portavoz del Ejecutivo, sin precisar cuándo comenzarán los cambios y qué orden se seguirá. El Gobierno ha decidido dar el paso una vez que el TS confirmara el miércoles el procesamiento de los 25 investigados en la causa del 'procés'. 

La portavoz también respondió sobre los presos etarras. Celaá descartó que el Ejecutivo vaya a excarcelar a reos de la banda o a promover progresiones de grado. "Para nada" se plantea esa hipótesis. Sí procederá a acercar a algunos de ellos, caso por caso y con arreglo a la ley, pero ese traslado, subrayó, no obedece a patos "ni nada que se le parezca". La ministra reclamó abandonar "especulaciones infundadas" que solo generan "desconfianza" y "malestar" entre las víctimas del terrorismo, que merecen un respeto y una protección total. Así que el acercamiento se hará de forma individualizada, progresiva, respetando la ley, con transparencia, y de manera "empática" con las víctimas. 

Celaá subrayó que serán las juntas de tratamiento de las cárceles las que identifiquen los presos que puedan ser trasladados. Un diseño, recordó, que ya comenzó a principios de este año el Ejecutivo anterior, de Mariano Rajoy. También trajo a colación que con José María Aznar se produjo el acercamiento al País Vasco de "105" presos etarras, y en aquel momento el PP obtuvo "mayor respaldo y comprensión" desde la oposición, que entendió que era "una política orientada a una mejor convivencia y una más rápida finalización del terrorismo".