El Gobierno tiene ya vías para sacar los restos de Franco sin el permiso de la familia

Plan B. El Gobierno ya tiene claro que tendrá que acudir a una exhumación forzosa de Francisco Franco del Valle de los Caídos, a la vista de que la familia se opone a ella. No se va a echar atrás. De hecho, los informes jurídicos que dibujan las distintas alternativas que tiene a su disposición el Ejecutivo ya están "preparados", y cubren "todas las dificultades" posibles. No solo el rechazo de los nietos del dictador, sino también su negativa a hacerse cargo de los restos. Lo que queda es acabar de pulir el vehículo legal y, sobre todo, que Pedro Sánchez tome la decisión política. Que elija el camino definitivo y el momento exacto de la salida del cuerpo, antes del final del verano. Pero la arquitectura, el "sustento jurídico", ya está listo.

El plan para sacar a Franco del mausoleo fascista ha sido trabajado básicamente por Justicia, ministerio del que depende la Dirección General de Memoria Histórica, y bajo la coordinación de la vicepresidenta, Carmen Calvo, y el Gabinete del presidente. Son varias las alternativas que los informes contemplan, de ahí que aún deba estudiarse en La Moncloa qué vehículo jurídico es el óptimo para blindar la decisión y minimizar las posibilidades de recurso de la familia del dictador. El Ejecutivo es consciente de que los descendientes no lo van a poner nada fácil y llevarán a los tribunales la exhumación, así que en el equipo de Sánchez quieren tener bien construida la pantalla legal. "Que no haya autorización de los nietos lo complica todo, sí, pero no lo hace imposible", subrayan en el Gobierno.

En el Gabinete guardan con bastante celo las vías jurídicas que se contemplan, y en las que ha trabajado el Ministerio de Justicia, aunque sí está claro que la que se adopte pasará por Consejo de Ministros. 'A priori', los formatos lógicos son los del real decreto —un acuerdo del Gobierno de carácter ejecutivo— o el real decreto ley (RDL). La diferencia entre ambas figuras es importante. Este último, el RDL, es una disposición con fuerza de ley que debe ser firmada por el Rey, que entra en vigor desde el mismo momento de su publicación y que ha de ser convalidada en un plazo máximo de 30 días por el Congreso.

Si la familia hubiese aceptado la recepción de los restos, habría sido todo más sencillo y rápido, pero en cualquier caso se hará

Si Sánchez optase por esta solución, obligaría a los grupos a retratarse —en particular, PP y Ciudadanos— y se armaría, frente a eventuales impugnaciones, con un potente escudo: el aval parlamentario. Porque, salvo sorpresas, el respaldo a la exhumación lo tendría garantizado, ya que en mayo de 2017, cuando se aprobó en la Cámara Baja una proposición no de ley de los socialistas para impulsar la memoria histórica y sacar al dictador de Cuelgamuros (y ubicar a José Antonio Primo de Rivera en un lugar menos preeminente de la basílica), se contabilizaron 198 votos a favor (incluidos los de Cs) y 140 abstenciones (entre otros, del PP), pero no hubo votos en contra. Un real decreto ley, por tanto, daría mayor empaque y proyección a la decisión. Y el PP tendría difícil oponerse. El martes, Rafa Hernando, el portavoz conservador, no se enseñó contra Sánchez cuando anunció que Franco saldría del Valle "en breve". Tan solo le pidió que "no recupere la España revanchista" que se dejó "atrás con el espíritu de la Transición española". "Le exigimos que no utilice el pasado para fracturar el presente".

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En las distintas áreas del Gabinete que están trabajando para producir el documento final, se insiste en que se están previendo "todos los escenarios", cubriendo todos los posibles huecos y diseñando todo el procedimiento de principio a fin. Desde los permisos de obra que han de tramitarse hasta la intervención en un espacio dedicado al culto, el traslado de los restos y su depósito en un lugar aún por definir —en una situación de no conflicto, uno de los posibles destinos era la colonia de Mingorrubio en El Pardo donde yace su esposa, Carmen Polo—, ya que la familia ha anunciado que no los asumirá. Lo decía de forma contundente Francis Franco, nieto del dictador, en conversación con este diario.

La Iglesia "no pone objeciones". No la ponen ni la Conferencia Episcopal ni la archidiócesis de Madrid, pero sí el prior benedictino de la basílica

"Si la familia hubiese aceptado la recepción de los restos, habría sido todo más sencillo y más rápido, pero en cualquier caso se hará", aseguraba Carmen Calvo el martes en 'Hora 25', en la SER. Su previsión es que el proceso esté culminado "al final del verano", de agosto, y no en julio, como en un principio se preveía. El Gobierno quiere tener "todas las garantías necesarias" antes de abrir la tumba, situada en la parte central del templo, frente al altar mayor.

El Gobierno no tropezará en este caso con la Iglesia. "No pone objeciones", recordaba la vicepresidenta. Ya la Conferencia Episcopal Española (CEE) afirmó hace semanas que esta es una decisión del ámbito familiar o político, que la Iglesia no determinó que Franco fuera enterrado en el Valle de los Caídos ni por tanto tiene que opinar nada sobre su salida. En efecto, la inhumación se instrumentó a través de una carta firmada por Juan Carlos I el 22 de noviembre de 1975, a las pocas horas de ser proclamado Rey de España, y dirigida al entonces abad mitrado de la Basílica de la Santa Cruz, Luis María de Lojendio e Irure.

Todo el Valle de los Caídos, como explicaba el informe de los expertos de 2011, es de competencia exclusivamente estatal —a través del Ministerio de la Presidencia, de quien depende Patrimonio Nacional—, a excepción del templo. Este es un lugar sagrado y, por tanto, inviolable, como garantizan los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de 1979 y validó el Tribunal Constitucional en una sentencia de 1982. La basílica está sometida a la autoridad eclesiástica correspondiente, que en este caso es el prior benedictino, Santiago Cantera. Este sí que se opone con uñas y dientes a que entre la piqueta en la iglesia, como también rechazó la exhumación de los hermanos Lapeña, enterrados, como otras casi 34.000 víctimas de los dos bandos de la Guerra Civil y de la dictadura, en Cuelgamuros.

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¿Y el Vaticano?

El Gobierno espera que al final Cantera transija, como hizo, de hecho, cuando Ricardo Blázquez, el presidente de la CEE, le desautorizó de plano el pasado marzo. El cardenal advirtió de que con una sentencia judicial firme y autorización de Patrimonio, debía dejar paso a los técnicos para que sacasen los restos de los hermanos Manuel y Ramiro Lapeña. El prior aceptó. Ahora, como adelantaba este miércoles 'eldiario.es', vuelve a resistirse. Su superior territorial jerárquico teórico es el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y por encima, el propio Blázquez —ambos alineados con la doctrina más conciliadora del papa Francisco—, aunque la comunidad de monjes del valle depende de la congregación francesa benedictina de Solesmes, y esta ya tiene, solo por encima de ella, al pontífice.

El Ejecutivo insiste en que la decisión es "firme" y está tomada, y probablemente se culmine "al final de verano", de agosto, según afirma Calvo

Esto quiere decir que, en última instancia, la autorización eclesiástica habría de partir de Francisco. Sin embargo, el Vaticano no es partidario de inmiscuirse en política interior y, de hecho, opta por rehuir este conflicto, informa Ángel Villarino. El Ejecutivo confía en que la presión de Blázquez surta efecto y no haya que recurrir al nuncio de la Santa Sede ni a la propia Roma. Tampoco hay pegas por razones sanitarias: a partir de los cinco años de la muerte, se habla de restos cadavéricos (no cadáver), y no entrañan riesgos para la salud, según el decreto de sanidad mortuoria.

El obstáculo, por tanto, no está en las sotanas, y sí en la familia del dictador y en su brazo aliado, la Fundación Francisco Franco, cuyo presidente ejecutivo, Juan Chicharro, apremiaba este 18 de julio —82 años de la sublevación militar— a la Iglesia a impedir que se culmine "este abyecto plan". "Entre otras muchas razones —escribía en la web— por el recuerdo debido a quien fue su benefactor y a quien deben su existencia, amén de que no querrá contribuir a la desafección de millones de españoles vaciando aún más las iglesias de lo que ya están". Pese a las críticas, al Gabinete le cuesta creer que, una vez se consume la exhumación y vea que no hay vuelta atrás, la familia no se haga cargo de los restos.

El Gobierno dice no tener problema en sentarse a negociar con la Iglesia, a la que trata de institución y a la que respeta, pero entiende que el camino de aproximación que emprendió con los descendientes queda, a día de hoy, obturado. Pese a los obstáculos, "el proceso está más encarrilado de lo que parece", dicen fuentes gubernamentales. En cualquier caso, la decisión es "firme". "Su materialización, a falta de dar los últimos retoques al instrumento que lo hará posible, será en breve, en muy breve espacio de tiempo", dijo el propio Sánchez en el Congreso, solemnizando un compromiso que quizá tarde algo más de lo programado, pero que llegará.

La otra patata caliente: RTVE

El Ejecutivo tiene otro frente aún pendiente de resolución: la renovación temporal de RTVE. Fracasada la elección de un consejo de administración temporal el pasado lunes, la única vía abierta es la del nombramiento, a propuesta del Gobierno, del administrador provisional único. Su designación ha de ser refrendada por el pleno del Congreso, con mayoría de dos tercios en primera votación y mayoría absoluta en segunda ronda, a las 48 horas. 

El Gobierno descartó el mismo lunes, cuando se produjo la votación fallida de los últimos cuatro consejeros de la corporación por el fallo de dos diputados, a Tomás Fernando Flores, director de Radio 3. Él era el candidato a la presidencia de RTVE. Pero, tras estrellarse la votación, el mismo periodista comunicó que no quería ser propuesto para el cargo de administrador único. El Ejecutivo comenzó a buscar aspirantes para cubrir ese puesto desde el martes. 

Unidos Podemos, socio imprescindible del PSOE, ya adelantó el martes a los de Pedro Sánchez que no aceptaría a Flores, después de que estos les "sondeasen". Los morados se confiesan "muy enfadados" con el PSOE. Ahora el Gobierno tiene que pactar el nombre con sus socios para garantizarse su refrendo. Su idea es que la propuesta salga del Consejo de Ministros de este viernes, para que la próxima semana sea votada en pleno en el Congreso. Pero todo dependerá de la negociación del PSOE con los grupos.