El Valle no basta: asociaciones por la memoria exigen buscar a los desaparecidos

El Gobierno iniciará los trámites para exhumar a Franco del Valle de los Caídos este viernes. La aprobación del real decreto ley a tal efecto será el primer paso y, tras abrirse el proceso administrativo necesario y pasar el periodo de alegaciones (en torno a un mes), se procederá finalmente a trasladar los restos del dictador. Sin duda, una de las grandes reivindicaciones de las asociaciones por la memoria histórica que, sin embargo, no se conforman con la iniciativa del Ejecutivo socialista. Según explican, la prioridad sigue siendo que el Gobierno cree un organismo específico que se encargue de buscar a los desaparecidos que aún hoy yacen en cunetas y fosas. El fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, reconoce a este diario que "no se entiende que aún no esté en marcha".

Más allá de la declaración de intenciones que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, hizo el pasado julio en el Congreso cuando aseguró que el Gobierno asumiría la búsqueda de los desaparecidos del franquismo, comprometiéndose además a crear un censo oficial de las víctimas de la Guerra Civil y la posterior dictadura e incluso a estudiar la ilegalización de asociaciones que hacen apología del franquismo, las principales entidades que defienden la memoria no han vuelto a tener noticias. En estos momentos, la búsqueda de desaparecidos sigue en manos de las familias y voluntarios, pero el Ejecutivo no tiene ninguna responsabilidad al respecto.

TE PUEDE INTERESAR

La exhumación de Franco se retrasará hasta octubre: la familia tiene un mes para alegar

Paloma Esteban Juanma Romero

Silva insiste en que hay "muchas personas muy mayores que no tienen tiempo para debates parlamentarios" y merecen poder recuperar los restos de sus familiares lo antes posible. La titular de Justicia, precisamente, insistió en esa misma idea en la Cámara Baja, rechazando que "un juez o la arbitrariedad de un Ayuntamiento" pueda decidir sobre estas cuestiones. Pero, de momento, solo es un compromiso.

Aunque las asociaciones valoran positivamente el inicio del proceso de exhumación de Franco —para el Gobierno de Pedro Sánchez se trataba de la verdadera prioridad— consideran que las actuaciones se han llevado "con opacidad" pese a ser un asunto de Estado. En concreto, Silva reprocha la falta de conocimiento de la opinión pública sobre las conversaciones mantenidas con la familia del dictador y con la propia Iglesia que, a priori, no presentará oposición al traslado de los restos de Franco. Dado que la Iglesia tiene competencias plenas sobre el interior de la Basílica del Valle, que es donde se encuentran los restos, la exhumación sólo era posible con su autorización, por lo que el Ejecutivo buscó un acuerdo con las autoridades eclesiásticas. Conversaciones que, en todo caso, no han salido a la luz, como critican desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

El paradero de los restos de Franco

Todavía queda por resolver adónde irán a parar los restos del dictador. Una de las opciones más probables es que se trasladen a la colonia de Mingorrubio, en el cementerio de El Pardo y, en concreto, a la cripta en la que se encuentran enterrados el resto de miembros de la familia Franco, incluida su mujer, Carmen Polo. El cementerio acoge a otras personalidades de la época franquista como los presidentes Luis Carrero Blanco, Carlos Arias Navarro o al que fuera ministro tanto de Adolfo Suárez como de Felipe González, Francisco Fernández Ordóñez.

En todo caso, el debate continúa abierto en tanto a que el acuerdo firmado en 1975 con Patrimonio Nacional establecía que el templo se tratara como una "cripta privada", pese a haberse construido con dinero público. En ese sentido, Moncloa sigue estudiando las opciones por las que se podría reubicar al dictador, entendiendo que si el mausoleo es privado, el Gobierno no podría ordenar la reubicación de los restos en ese mismo lugar. Una cuestión que desde la asociación fundada por Silva ponen en duda al insistir en que la cripta se encuentra en un cementerio de titularidad pública y, por tanto, "el Estado debería poder tomar esa decisión" [de forma unilateral].

De hecho, Silva insiste en que la posible consideración de que la cripta es privada se apoya en la sentencia del juez Antonio Sánchez, titular del juzgado contencioso-administrativo número 2 de Pamplona, que el pasado julio ordenó devolver los restos del general Sanjurjo al monumento de los caídos de Pamplona, tras haber sido exhumado junto al general Mola en noviembre de 2016. Sus restos fueron enterrados en marzo de 2017 en el Panteón del Regimiento de Regulares de Melilla tras una polémica ceremonia.

La cuestión es que el magistrado consideró que los restos debían ser devueltos a su lugar de origen porque la cripta en la que se encontraban es "un lugar de culto privado, separado del resto del edificio conocido como monumento a los caídos, no accesible al público y sobre el cual la parroquia de Cristo Rey tiene un derecho de usufructo, por lo que el Ayuntamiento carece de competencia para acordar el cierre de los enterramientos". En ese sentido, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica alerta de la calificación "incorrecta" realizada por el juez, e insiste en que el espacio, como Mingorrubio, "es de titularidad municipal".

La hoja de ruta de 2011

Los primeros pasos dados por el Gobierno aparecen recogidos a pies juntillas en el informe elaborado por la Comisión de Expertos sobre el Valle de los Caídos en 2011. Entonces, el Consejo de Ministros que encabezaba Rodríguez Zapatero creó este ente con el encargo de preparar las posibles actuaciones en el Valle y cumplir con la Ley de Memoria Histórica. Entre las principales conclusiones estaba la recomendación de trasladar los restos de Franco al lugar "que designe la familia" o a un lugar donde se "considere digno". También se establecía que los restos del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, se dejarán allí en tanto a que murió durante la Guerra Civil, aunque reubicados dentro de la Basílica en igualdad de condiciones con los demás enterrados.

Con el cambio de Gobierno al PP de Mariano Rajoy el informe se quedó en un cajón y ahora, el Ejecutivo socialista de Sánchez lo ha recuperado como una de sus prioridades. El futuro de Primo de Rivera y el resto de cuestiones pendientes se abordarán en la futura reforma de la ley, aunque una vez más, las asociaciones por la memoria piden que se atiendan sus reivindicaciones.