Justicia desata una caza de brujas en la Abogacía por los informes sobre Llarena

La tensión acumulada desde la pasada semana en el Ministerio de Justicia a cuenta del viraje en el criterio sobre la defensa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena estalló este martes en una tormenta contra los servicios jurídicos del Estado. El malestar de la ministra Dolores Delgado por la publicación, en distintos medios de comunicación, de los informes de la Abogacía en los que se apoyaba representar al magistrado ante la demanda de Carles Puigdemont desembocó en una tremenda bronca en la que sobrevoló la amenaza de ceses, informan a El Confidencial fuentes jurídicas.

En el cambio de criterio en fascículos del Ejecutivo respecto a la acción civil del 'expresident', escenificado en cuatro días, fue fundamental el conocimiento público de la existencia de estos dos escritos. En ellos, tanto la abogada general —nombrada hace dos meses tras el cambio de manos del Gobierno— como el área contencioso-administrativa apoyaban sin fisuras la necesidad de contratar a un letrado belga para defender al juez. Fuentes de Justicia admiten un enorme malestar y preocupación por la difusión de estos "documentos de trabajo" y sospechan que fueron trasladados a los medios con la intención específica de frustrar los planes iniciales en lo que ya se ha convertido en el caso Llarena.

La aparición en prensa de estos informes dejó en evidencia que la decisión de Delgado era personal y contraria a las recomendaciones de sus propios expertos. De hecho, en una entrevista concedida a 'Las mañanas' de RNE este lunes, la ministra fue preguntada por esta cuestión. Ya entonces calificó el criterio de los abogados del Estado como un "borrador de trabajo". "No ha habido un cambio de posición del Ejecutivo o del Ministerio de Justicia, sino que se ha realizado un estudio de cada una de las acciones que se debían realizar para realizarlas bien", indicó.

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Llegó a referirse en concreto a la publicación de los escritos. "Se han publicado determinadas informaciones, no se sabe si interesadas o intoxicadas, en las que se manejaba documentación que no eran informes definitivos", dijo, y defendió que el doble criterio de la Abogacía no era más que una alternativa de trabajo entre otras muchas. Los servicios jurídicos solo redactaron esos dos dictámenes: no se emitió ninguno más. La abogada general ha estado de vacaciones durante el mes de agosto por lo que no estaba presente cuando se redactó el segundo de ellos y ha sido una de las más molestas por la 'filtración' de los papeles internos del ministerio.

Esas palabras de la ministra en RNE traslucían ya un malestar que comenzó a crecer el lunes y explotó el martes. La sospecha sobre quién pudo filtrar los textos provocó que se llegara a amenazar con la expulsión de personas del departamento de contencioso. La tensión inicial no ha provocado, no obstante, despidos. Los ánimos se fueron calmando durante el transcurso de la jornada y la tremenda bronca no tuvo al final más consecuencias, aseguran las fuentes consultadas.

Los informes de la discordia

Los informes de la discordia eran dos. En ellos, tras examinar todas las circunstancias del caso, se concluía que personarse en nombre de Pablo Llarena no solo era obligatorio en aplicación del convenio de colaboración suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, en el año 2010, sino también necesario por la importancia del asunto: estaban en juego nada menos que la inmunidad de jurisdicción y la soberanía española. Las conclusiones apuntaban que las declaraciones privadas del juez no podían separarse de su labor instructora.

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El primer informe, del pasado 31 de julio, figura firmado por la abogada general, Consuelo Castro, mientras que el segundo se elaboró tras el amparo que reclamaba el Poder Judicial y está fechado el 17 de agosto. Antes de comunicar el criterio a la ministra, el jueves pasado por la mañana, se celebró una reunión técnica en la que participaron cargos políticos del ministerio, como el nuevo secretario general, Antonio Viejo, antes juez decano de Madrid, la persona que decidió rechazar la citación a Llarena. Estaba aún ausente la abogada general.

Los presentes decidieron trasladar a Delgado la necesidad de defender al juez pero, pese a todo, la ministra decidió que iba a hacerse todo lo contrario a lo que proponía su propio personal. No quería personarse en ninguno de los casos, ni siquiera en defensa del Estado, aunque acabó cediendo aconsejada por los más cercanos, aceptando una personación en Bélgica en nombre del Reino de España pero no del magistrado. Lo reflejó sin dejar lugar a la duda en un comunicado de prensa en que se aseguraba: "La demanda presentada en Bruselas incluye referencias a expresiones y manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena ante las que el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función".

Con la carrera judicial y fiscal levantada en armas ante el desamparo al magistrado que instruye la causa del 'procés', Pedro Sánchez rectificó la deriva. Su decisión, reflejada en un comunicado de prensa que difundió Moncloa y no Justicia, dio carpetazo a la cuestión. El presidente selló la rectificación con unas contundentes declaraciones: "La defensa de Llarena no es una cuestión privada sino de Estado".