Un año del 1-O: el Govern hizo un inventario de los edificios del Estado para quedárselos

El Govern de Carles Puigdemont diseñó una estrategia para hacer efectiva la independencia de Cataluña al día siguiente del 1-O que incluía la aprobación de leyes de desconexión, medidas de control efectivo sobre el territorio y la puesta en marcha de una agencia tributaria con plenos poderes para gestionar todos los impuestos, incluido el IVA, el impuesto de sociedades, el IRPF y hasta el del alcohol. Sus planes todavía iban más allá: tenía previsto apropiarse de los activos que tiene el Estado en territorio catalán.

La Guardia Civil descubrió en el domicilio de la mano derecha de Oriol Junqueras en el Departamento de Economía y Hacienda, Josep Lluís Salvadó, presunto cerebro económico del 'procés', un archivador con un informe que identificaba las 4.630 propiedades inmobiliarias de titularidad estatal en Cataluña. Salvadó ya había hecho el cálculo de la superficie que sumaban todas esas edificaciones y solares: 126.363.352 metros cuadrados.

Los datos aparecen en un nuevo informe policial sobre los planes de desconexión del Govern que acaba ser incorporado al sumario que instruye el Juzgado número 13 de Barcelona. El dosier que ocultaba Salvadó fue presuntamente elaborado en marzo de 2017, seis meses antes de la consulta ilegal, y también clasificaba los activos en función de si eran bienes rústicos, urbanos o infraestructuras sometidas al IBI y, también, diferenciaba entre los que pertenecían a ministerios (683) y a entidades públicas del Estado (3.947). Según los documentos incautados por los expertos en delitos económicos del Instituto Armado, el Ejecutivo de Puigdemont ya había tasado esos bienes en 19.134.167.772 euros. Pretendía expropiarlos en cuanto se materializara la independencia para engrosar así el balance de la Generalitat y ubicar en ellas las dependencias oficiales que iban a componer el armazón institucional de la nueva república de Cataluña.

"No robar" tras el 1-O

La consulta fue diseñada cuidadosamente para convertirla en la excusa de la desconexión, “una argucia para declarar la independencia, pues esa era una decisión que habían decidido adoptar con anterioridad, como así se acredita de los trabajos que venían desarrollando desde mucho antes de la celebración del propio referéndum”, expone la Guardia Civil, que también subraya la decisión del Govern de seguir adelante con su hoja de ruta pese a que manejaba informes internos que alertaban del desastre económico que la ruptura con el resto de España podía suponer para los ciudadanos de la comunidad.

Salvadó reflejó su preocupación en un cuaderno que también fue intervenido. El máximo responsable de la Hacienda catalana reconocía que para financiar el nuevo Estado necesitaban que su agencia de recaudación captara 5.000 millones de euros mensuales. Sin embargo, semanas antes del referéndum, solo recibía 1.500 millones y en el mejor de los casos podría llegar a 3.000. Así solo estaban en condiciones de llegar a Reyes de 2018. La tesitura parecía tan complicada que Salvadó escribió en la libreta “no robar”, como si necesitara alejar de su cabeza esa tentación. Nunca se informó de esta realidad a los catalanes.

Tampoco se contó que la independencia supondría la expulsión inmediata de Cataluña de la Unión Europea. De hecho, el discurso oficial del secesionismo fue justo el contrario. Y ello a pesar de que el Govern disponía de análisis realizados por sus propios organismos que reconocían que, tras el 1-O, era imposible mantenerse en el club del Viejo Continente. La Guardia Civil halló uno de esos estudios en poder de Salvadó. Llevaba el membrete del Instituto de Estudios de Autogobierno y su autor era Pau Bossacoma i Busquets. Afirmaba que Cataluña solo podría seguir en la UE si aceptaba las normas, prácticas y acuerdos de todos los estados miembros, incluida España. También subrayaba que secesiones internas democráticas, liberales, respetuosas con los derechos humanos, que no protejan a las minorías o que generen daños al Estado matriz, podrían limitarse por el Tratado de la UE. “Va más allá al afirmar que, en caso de secesión no pactada de Cataluña, no sería justo que España perdiese la condición de Estado miembro de la UE. (…) Además, concluyó explicando que al perder voluntariamente la nacionalidad española, los ciudadanos catalanes perderían también la europea y los derechos asociados a ella”, expone el Instituto Armado tras analizar la abundante documentación.

El Govern necesitaba ocultar esos datos para asegurarse de que el 1-O, del que se cumple ahora un año, fuera un éxito. Y en gran parte logró lo que pretendía gracias, sobre todo, a su magistral estrategia de comunicación y propaganda. Por un lado, proyectó a la opinión pública internacional la falsa idea de que los catalanes eran una minoría social marginada por un Estado opresor que conculcaba todos sus derechos y libertades. Y, por otro lado, ya en clave interna, convirtió el referéndum en otro hito del imaginario independentista que permitió ensanchar su apoyo social y asegurarse la unidad de acción en torno a un nuevo frente común. Ni Moncloa ni las embajadas de España en el extranjero pusieron en marcha ninguna medida para contrarrestar ese relato.

La trampa de los Mossos

La gestión de la consulta hubiera sido distinta si el artículo 155 se hubiera aplicado justo después de la aprobación en el Parlament de las leyes de desconexión los días 6 y 7 de septiembre y el Estado se hubiera hecho ya entonces con el control de los Mossos d'Esquadra. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Cataluña aseguran a este diario que se evaluó el dipositivo del referéndum días después de que se produjera y se encontraron fallos de enfoque. Sobre todo, por la confianza que se depositó en la policía autonómica en un momento clave del operativo: el cierre de los colegios electorales. Se asignó a los Mossos el papel de clausurarlos horas antes de que se llenaran, pero sus agentes se limitaron a informar de esta medida a las personas que ya estaban dentro y el propio día de la consulta únicamente echaron el candado en los puntos en los que no había nadie.

Las órdenes eran desactivar 400 de los 2.315 colegios habilitados para la consulta. Se eligieron los agentes más estratégicos

Enviar en esas circunstancias a las Fuerzas de Seguridad del Estado a cerrar los puntos de votación cuando ya estaban llenos de gente solo sirvió para que el secesionismo consiguiera la imagen que estaba buscando. Y más aún cuando la operación Anubis de la Guardia Civil, que arrancó el 20 de septiembre y se prolongó durante varios días, “había puesto al descubierto que el tan anunciado referéndum estaba ya amañado para que saliera el resultado que necesitaban, pasara lo que pasara”, asegura una de las fuentes preguntadas. “Ya se habían inutilizado los sistemas de recuento, el censo estaba inhabilitado, las papeletas y sobres oficiales intervenidos... Por tanto, la credibilidad del referéndum quedaba deshabilitada, no tenía ningún tipo de garantía propia de un país del primer mundo”. ¿Para qué enviar entonces a las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional y a los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil a clausurar los centros?

[¿Qué pasó el 1-O? Así transcurrió la jornada del referéndum en Cataluña]

La rectificación se produjo durante el día. Las órdenes eran desactivar 400 de los 2.315 colegios habilitados para la consulta. Se eligieron los más estratégicos. Por un lado, aquellos en los tenían que votar más personas (con los 400 colegios seleccionados se habría impedido el voto a más del 50% de la población). Y, por otro, se actuó en los centros a los que tenían previsto acudir Puigdemont, Junqueras y el resto de su Gobierno. Pero a media mañana del 1-O ya se comprobó que el independentismo se había organizado para frustrar el dispositivo y que ni siquiera con los 6.000 agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado desplazados a Cataluña desde el resto de España iba a ser posible alcanzar las cifras que había marcado a primera hora del día el Ministerio del Interior.

El éxito de la propaganda

A esa hora, además, empezaban a aparecer en los medios de comunicación de todo el mundo las imágenes con las que había soñado la Generalitat. “Las cosas sucedieron como quería Puigdemont. Solo le faltó un muerto, que era lo que iba buscando para convertir esa jornada en una tragedia y multiplicar su propaganda. Es duro decirlo, pero era así”, aseguran fuentes de la Delegación del Gobierno. Era tan evidente que los planes no estaban funcionando que Interior dio orden a media mañana de pasar de 400 a 200 colegios y, ya a la hora de comer, se ordenó reducir al mínimo las intervenciones.

“Fue muy difícil, porque estaba todo pensado para buscar las imágenes de brutalidad policial”, asegura un agente de la UIP que participó en el operativo. “Ellos sabían lo que tenían que hacer para conseguirlo. Ponían abuelos y niños protegiendo las urnas, pero también había mucha gente violenta. Nuestra obligación era retirar el material y no fue nada fácil cumplirla. Al final, ha quedado como que ese día entramos a fuego en los colegios. Pero no es verdad. Pudo haber errores, pero solo representan una pequeñísima parte de lo que ocurrió”, explica este agente, que también denuncia que fueron víctimas de una trampa. “Es evidente que los Mossos nos engañaron. Primero no cerraron los colegios y, después, cuando ya estaban llenos, no nos ayudaron a intervenir”. Las investigaciones posteriores han demostrado que la policía autonómica incluso se coordinó con los promotores de la consulta para facilitarles información sobre los movimientos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Ante la caída de los servidores del referéndum, el Govern se vio obligado a utilizar un censo universal. Decenas de ciudadanos se retrataron votando varias veces en distintos colegios. También se captaron imágenes de urnas sin precintos y de votos esparcidos por el suelo. Además, los supuestos observadores independientes, teóricos expertos de reconocido prestigio, que se habían desplazado a Cataluña para supervisar el proceso, habían sido contratados por el propio el Ejecutivo de Puigdemont. Ninguno de esos pequeños detalles impidió que se proclamaran como válidos los resultados: dos millones de papeletas a favor de la secesión, el 90% del total. Ya solo faltaban 26 días para la declaración unilateral de independencia (DUI).