El Gobierno intentará salvar la agenda social de los PGE con decretos para llegar a 2020

Pedro Sánchez sigue manteniendo su firme propósito de agotar la legislatura y llegar a 2020. No va a dar por muerto su mandato por mucho que las formaciones independentistas avancen que no se van a sentar ni a negociar los Presupuestos Generales del próximo año —y el PSOE necesita sus votos— a la vista de los escritos de acusación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado en la causa del 'procés'. Así que ya está preparando el terreno para priorizar su agenda social y sacarla adelante vía reales decretos leyes. Es la fórmula para que medidas de gran impacto —y repercusión electoral, obviamente— como la subida del salario mínimo y la actualización de las pensiones, se conviertan en realidad a primeros de año, y puedan ser aprobadas más fácilmente.

El Ejecutivo ya piensa, por tanto, en un plan b, constatada la posición rocosa de ERC y Junts per Catalunya, radiada en los últimos días. José Luis Ábalos, ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, fue nítido este lunes durante su rueda de prensa en Ferraz posterior a la reunión de la ejecutiva federal: "Como nuestro propósito es conseguir que aquellas cuestiones que se integran en los Presupuestos, porque eso es lo que nos importa, con los PGE o sin los PGE vamos a intentar que el salario mínimo aumente, que las pensiones se revaloricen, que tengamos ayudas para parados de más de 52 años, que recuperemos las ayudas a la dependencia, etc., etc. Es decir, la agenda social que este Gobierno se ha puesto como compromiso, la intentaremos hacer con o sin los Presupuestos, porque hay fórmulas jurídicas y parlamentarias para llevarlas a cabo. Lo que nos importan son las medidas".

Esa fórmula que apuntaba Ábalos es la de despiezar las principales medidas contenidas en el proyecto de PGE —texto que el Ejecutivo mantiene que presentará a finales de este mes o principios del que viene—, separarlas en distintos decretos leyes que solo tendría que convalidar el Congreso en un plazo de 30 días desde su entrada en el vigor. Refrendo que obtendría con el voto de las formaciones independentistas. Pero para estas sería más sencillo ir aprobando iniciativa a iniciativa y dar el visto bueno a una ley de tanto peso y calado político como los Presupuestos. El Gobierno de Mariano Rajoy ya se planteó esa alternativa, antes de salir de La Moncloa, cuando no estaba claro que las que luego serían sus últimas cuentas fueran a salir adelante.

"Con los PGE o sin los PGE vamos a intentar que el SMI aumente, que las pensiones se revaloricen, que haya ayudas para los de más de 52 años...", alega

La diferencia, en este caso, es que Sánchez estaría dispuesto a gobernar con los PGE prorrogados del PP —la prórroga, cuando llegue el 31 de diciembre, será automática, como recordó el titular de Fomento—, pese a que cuando era secretario general del PSOE emplazó al entonces presidente a convocar elecciones o someterse a una cuestión de confianza en caso de no sacar las cuentas de 2018. A puerta cerrada, en la reunión del plenario de la ejecutiva, el mandatario socialista trasladó ese mismo mensaje de tranquilidad y su propósito de llegar, en la medida de lo posible, a la estación término de 2020, según indicaron varios dirigentes a este periódico.

Ábalos en todo momento intentó contrastar la actitud del Ejecutivo con la de la dura oposición de PP y Ciudadanos, que "no quieren elecciones", por mucho que las demanden con insistencia, sino "tensionar, debilitar", "crispar". "Y les digo: la fortaleza de este Gobierno es total, y el ánimo del PSOE a luchar por esto es total". Que hay "hechos objetivos que condicionan", como el portazo de ERC y PDeCAT a los Presupuestos, al menos por ahora, "es una obviedad". "Pero fuera de constatar esos problemas, queremos superarlos", proclamó el número tres del PSOE. El ministro insistió en que la voluntad del Ejecutivo no es estar en La Moncloa por el hecho de aferrarse en el poder, como le reprochan populares y naranjas, sino para conseguir que prospere su agenda social. "Estamos para eso. Es nuestra principal función y obligación", siguió, el primar "una serie de medidas urgentes e inaplazables".

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Juanma Romero

Nada es "lineal"

No obstante, antes de apostar definitivamente por el plan b, el Gobierno quiere apurar los márgenes del plan a, que es negociar los PGE. Ábalos remarcó que el Ejecutivo "no renuncia a nada". "Hay que mantener la esperanza, es fundamental. Ni mi partido ni yo renunciamos a ningún apoyo". Y la forma de hacerlo es "no vincular" el debate de las cuentas del año próximo con la causa judicial contra los líderes del 'procés' en el Supremo, porque eso es "un error". "Somos conscientes de los obstáculos", de que "se dicen y opinan muchas cosas", de que "se relativiza", de que "el proceso es muy complicado", "no lineal", abundó.

El Ejecutivo "no renuncia" no obstante a convencer a las formaciones separatistas, a las que pide que no mezclen debates. También "se relativiza", señala

Con ello, el número tres de los socialistas quería decir que ERC y PDeCAT se ponen muy firmes ahora y anticipan su portazo a los PGE, pero el trámite es muy largo. El Gobierno sigue pensando que puede convencer a ambas fuerzas, aunque las posibilidades se estrechen —la negociación presupuestaria casi se solapará con el desarrollo del juicio en el Supremo contra los dirigentes independentistas—, porque entiende que por encima de todo los nacionalistas no quieren provocar un adelanto electoral, ya que hay un riesgo de que las derechas sumen y apliquen una política de mano dura contra Cataluña, empezando por un despliegue del artículo 155 de la Constitución casi inmediato.

Versión más realista de lo ocurrido

Por eso Ábalos hizo un llamamiento a la responsabilidad de los partidos soberanistas, recordándoles que el Gobierno no tiene una "varita mágica" para resolver el conflicto. También para subrayar que no puede condicionar a la Fiscalía, aunque sí haya hecho ese gesto al separatismo a través de la Abogacía General del Estado, que sí depende jerárquicamente de Justicia.

El ministro admite que el informe de la Abogacía fue orientado por el Gobierno. El Ejecutivo, recordó, "siempre usa" a sus letrados para saber límite legal

Sobre este asunto, el ministro aprovechó para aclarar la postura del Gobierno. Y trasladar, de paso, una versión más sincera y realista de por qué los servicios jurídicos acusaron a los líderes del 'procés' por sedición y no por rebelión. Como ayer hiciera en La Sexta, Ábalos reconoció que el escrito de la Abogacía respondía a la orientación del Ejecutivo, en contra de lo manifestado el viernes por la titular de Justicia, Dolores Delgado, y la vicepresidenta, Carmen Calvo.

"Es una institución que depende de la Administración del Estado, y trata de ajustar la acción del Gobierno a los límites legales. Es normal que haya sintonía entre el informe de la Abogacía y la posición del Gobierno", sostuvo. Más aún: "El Gobierno siempre usa la Abogacía del Estado, siempre", indicó. El número tres relató, para ilustrar su afirmación, a que como ministro usa "mucho" los servicios jurídicos del Estado porque estos marcan los límites legales a su iniciativa política, y porque están dentro de la misma Administración. "La Abogacía está para usarla", como lo están, añadió, los gabinetes de comunicación de los ministerios. "Ahí no hay injerencia", precisó. "Mira que he tenido que escuchar advertencias sobre presiones a la Fiscalía, y ahora que se ha demostrado claramente la independencia de la Fiscalía, nadie dice: 'Olé por este Gobierno que ha respetado la independencia de la Fiscalía'. ¡Nadie lo dice!", se quejó.

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Ábalos dejó claro también que el Ejecutivo no promoverá ahora una reforma del Código Penal para cambiar la tipificación del delito de rebelión, como Sánchez planteó apenas unos días antes de llegar a La Moncloa. El ministro señaló que en aquel momento había un "debate público" porque se cuestionaba si en lo ocurrido en Cataluña hubo o no violencia, elemento necesario para que pueda hablarse de rebelión. El secretario general señalaba que había que "adecuar" el tipo, para que se pudiera hablar de rebelión sin recurrir a las armas. Pero ahora no conviene promover nada, puesto que sería "una acción paralela" al proceso judicial, que podría "advertir" al Poder Judicial. "Eso contamina". Así que el PSOE esperará a ver qué sentencia se produce, qué enseñanzas cabe extraer del proceso. "Nuestra prioridad es la agenda social", zanjó el titular de Fomento.

Qué sentido tenía el acto

La rueda de prensa en Ferraz también se detuvo en lo ocurrido ayer domingo en Alsasua (Navarra), en las protestas de concentración que hostigaron el acto de España Ciudadana, apoyado por los de Albert Rivera, PP y Vox. Supuso dar una "oportunidad" a los radicales y extremistas, dijo, para actuar de forma violenta. Pero acto seguido Ábalos se preguntó cuál era el "propósito" de hacer un mitin allí, porque hay otras fórmulas más discretas para apoyar a la Guardia Civil: recordó que él estuvo dos veces en la comunidad foral y se vio con la comandancia, una vía con menos "protagonismo" y "más discreción" frente a la utilizada por las formaciones de derecha, que no contribuye a rebajar la tensión ni la conflictividad en el pueblo.

Ábalos lamenta que se diera una "oportunidad" a los extremistas en Alsasua y se pregunta por la intención. Acusa a PP y Cs de generar "crispación"

Ábalos fue preguntado por las afirmaciones en Twitter del portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, cuando acusó de "agitar el odio" en la localidad navarra a los que "nunca tuvieron que mirar por la mañana bajo su coche, los que nunca se despidieron a un compañero en un funeral". Palabras muy criticadas por la oposición en las últimas horas. El ministro respaldó a Gil y explicitó que "no se refería a ninguna víctima de ETA ni ningún familiar", a los que el PSOE siempre manifiesta su respeto, subrayó, sino a aquellos que "se apropian del dolor ajeno para sacar rédito político del dolor que no es propio". "Nosotros tenemos muy claro quiénes son víctimas y quiénes los verdugos y no desde hace unas décadas, tenemos más recorrido histórico, porque hemos combatido a los verdugos, a todos", añadió, aludiendo a la trayectoria del partido y a los asesinados por la banda que se ha dejado en el camino.

El secretario de Organización cargó contra PP y Cs por alimentar la tensión, ya que "no se movilizan por los indultos" que creen que el Gobierno concedería si hubiera condena de los dirigentes separatistas, porque "falta mucho" para que se dé esa hipótesis. "Lo que genera crispación es la voluntad de que haya crispación". Sobre una supuesta medida de gracia a los cabecillas del 'procés', por cierto, el ministro pidió esperar a la sentencia y remarcó que hablar de este asunto ahora (por parte de la oposición) también es tratar de "influir en la Justicia".

Ábalos aprovechó para reivindicar el carácter profundamente constitucional de su partido, frente a quienes le acusan de ser rehén de los separatistas. Recordó que la única formación que pervive desde la Transición es el PSOE y el resto "bienvenidos sean", pero les falta generosidad, dijo, y entender el espíritu que reinó en 1978. Con los "exabruptos" que hoy se oyen, habría sido imposible tejer la Carta Magna, advirtió.

El PSOE pide el escaño a Cospedal por sus "artimañas" en la política

Para el PSOE, que María Dolores de Cospedal hubiera anunciado este lunes que deja su puesto de vocal de la ejecutiva nacional del PP es un "gesto menor", que puede resolver la presión interna, expiar su culpa por haber "espiado a compañeros" de partido como Javier Arenas, pero que no salda cuentas con los ciudadanos. 

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, apuntó que la ex secretaria general del PP debería renunciar a su escaño en el Congreso porque sus "artimañas" en las distintas instituciones le hacen "muy díficil mantener una vida pública". Ahora le toca asumir "responsabilidades frente a la ciudadanía, la Justicia, la política y las instituciones", cuyo trabajo ella "trataba de obstaculizar" desde su posición preeminente como número dos del PP.

Los populares reclamaron a la titular de Justicia, Dolores Delgado, que haga lo mismo que Cospedal y dimita por sus conversaciones en el pasado con el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Pero el PSOE no pide eso a Delgado. En los últimos días ha venido insistiendo en que los comentarios de aquella comida de la entonces fiscal con el policía eran "chascarrillos". Que se "contrasten" los dos casos, abundó Ábalos, y se compruebe si el PP está "en condiciones de pedir una dimisión". Los casos no son comparables para los socialistas, y "visto lo visto, cada cosa ha quedado al nivel que merecía".

Las grabaciones difundidas en los últimos días prueban, a ojos de los socialistas, que la ex número dos del PP buscaba "entorpecer la acción de la Justicia" en el caso Gürtel. No solo eso. También pretendía "encubrir a algunos de sus protagonistas y generar una actividad de investigación de familiares de adversarios". Todo ello no cree Ábalos que le permita a Cospedal "desarrollar su acción política con la ejemplaridad debida".