"No os decimos que estáis mal de la cabeza": rapapolvo judicial por el caso de La Manada

El malestar en la judicatura navarra por las feroces críticas que suscitó la sentencia contra La Manada, en especial contra el magistrado Ricardo González, partidario de la absolución de los cinco acusados con un voto particular muy polémico, sigue muy vigente. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve, uno de los cinco magistrados que en apenas unas semanas van a dar respuesta a los recursos presentados por las diferentes partes contra el fallo de la Audiencia Provincial, que condenó a los acusados a nueve años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento, ha puesto voz a este prolongado descontento con un discurso contundente contra los políticos y cargos institucionales.

Lo ha hecho en el Parlamento de Navarra, donde ha comparecido para explicar la 'Memoria de actividades y funcionamiento' del TSJN correspondiente al año 2017. En su intervención, Galve ha exigido “respeto institucional” para el poder judicial tras unas críticas que, según ha denunciado, traspasan los límites permitidos y llegan al “insulto” personal. “No creo que vean a muchos jueces criticar leyes, los jueces pagamos impuestos y más que otros, y no verán a ningún juez que diga que estos del Parlamento están mal de la cabeza, seguro que les parecería una falta de respecto”, ha aseverado.

No creo que vean a muchos jueces criticar leyes, los jueces pagamos impuestos y más que otros, y no verán a ningún juez que diga que estos del Parlamento están mal de la cabeza

Las palabras de Galve respondían a una doble motivación. Por un lado, con la mirada puesta en el pasado, a las críticas que se dirigieron contra el magistrado Ricardo González, en particular con las formuladas por el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien aseguró que “todos saben que este juez tiene algún problema singular” para, posteriormente, mostrar su “sorpresa” por el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial no hubiera ejercido su “potestad disciplinaria” contra él. Y por otro, con la atención puesta en el presente, en las acusaciones formuladas en la propia comisión parlamentaria por algunos de los grupos de la Cámara de Navarra contra la Justicia por unas actuaciones que “desacreditan” su labor.

“Muchos jueces tenemos hijos, la política educativa nos puede no gustar, pero ahí está, y no saldría un juez a dar una rueda de prensa para decir que están mal de la cabeza”, ha replicado el presidente del TSJN en este rapapolvo a políticos y cargos institucionales. Galve ha asumido que la Justicia no goza de gran popularidad entre la ciudadanía y, al respecto, ha dejado constancia de que “siempre estamos mal o peor, porque una institución que se dedica a la resolución de conflictos no puede ser muy popular” —la Cruz Roja o los bomberos “siempre nos van a ganar”, ha espetado—, pero, como ha evidenciado, una cosa es la crítica ciudadana y otra es el reproche político e institucional.

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Por ello, ha reclamado “respeto entre instituciones”. “El problema es cuando la crítica se convierte en un insulto, y no es un problema cuando viene del ciudadano, el problema está cuando viene de representantes de instituciones”, ha remarcado. No es la primera vez que Galve se pronuncia en este sentido. La "grave" falta de respeto institucional a determinadas resoluciones judiciales, con el caso de La Manada como exponente —el fallo fue objeto de numerosas criticas, por desatender el criterio de la Fiscalía y las acusaciones de que los hechos ocurridos en los Sanfermines de 2016 obedecían a un delito de agresión sexual—, ya motivó en septiembre la denuncia pública de Galve con motivo de la apertura del año judicial en Navarra.

Pero, en esta ocasión, Galve ha elevado la contundencia de sus palabras. Las manifestaciones del presidente del TSJN llegan a las puertas de que los cinco magistrados que integran la Sala de lo Penal de este organismo se pronuncien en relación a los seis recursos presentados contra la sentencia de la Audiencia Provincial del pasado 26 de abril —la Fiscalía, las acusaciones particular y populares (ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra) y las dos defensas de los cinco condenados—. La previsión sigue siendo que la resolución se conozca a principios o mediados de diciembre, tal y como ha remarcado Galve en declaraciones a los medios de comunicación al término de su comparecencia. “El día de la votación y fallo fue el 7 de noviembre, dijimos que más o menos [habría] el plazo de un mes y yo creo que podremos cumplir el plazo”, ha apuntado.

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En todo caso, Galve, que fallará sobre los recursos junto a los magistrados Francisco Javier Fernández, Alfonso Otero, Miguel Ángel Abárzuza y José Antonio Álvarez, no ha querido pronunciarse más sobre esta cuestión, ya que “lo único” a lo que puede aludir es a los plazos previstos para dictar la resolución. De cara a la resolución, las opciones son básicamente tres: confirmar el fallo de la Audiencia Provincial, atender a la Fiscalía y las acusaciones y apreciar un delito de agresión sexual o alinearse con las tesis de la defensa de que fueron relaciones sexuales consentidas y decretar su absolución. A este respecto, se da prácticamente por descartado que el tribunal mantenga la condena por abuso sexual con prevalimiento y eleve la pena de nueve años de cárcel impuesta. No obstante, el recorrido judicial no acabará aquí, ya que se da por seguro que llegará al Tribunal Supremo en la que será la tercera y última parada del caso de La Manada.

La decisión que adopte la Sala de lo Penal puede marcar el devenir a corto plazo de los cinco condenados, de los que cuatro permanecen en libertad provisional desde finales de junio, toda vez que uno de ellos, Ángel Boza, se encuentra en prisión provisional por robar unas gafas de sol el pasado 1 de agosto en un establecimiento comercial de Sevilla y embestir posteriormente a dos vigilantes con su coche al huir del recinto, hechos por los que la Fiscalía solicita cuatro años de prisión.

Se pretende reforzar con tres jueces la Audiencia de Navarra por el retraso que ha causado el caso de La Manada en otros procedimientos judiciales

Sin poder aludir a este caso, de lo que sí ha hablado Galve en la comisión parlamentaria ha sido de la intención de reforzar la Audiencia Provincial con tres nuevos jueces por el retraso que están experimentando diversos procesos judiciales a consecuencia del caso de La Manada, que ya de por sí acumuló una demora que no fue entendida dentro de la judicatura. La actividad dedicada a este proceso judicial ha provocado un “estancamiento” en otros casos en la Sección Segunda, que cuenta en la actualidad con tres magistrados. “Es una resolución que ha llevado mucho trabajo y muchísimo tiempo, y eso ha producido que se celebren muchos menos juicios de los que se podrían haber celebrado”, ha señalado Galve, quien confía en que el Ministerio de Justicia no ponga pegas a la incorporación de tres nuevos magistrados.