El TS pide de nuevo los audios de Villar Mir para decidir si imputa a García Castellón

El Tribunal Supremo ha reclamado por segunda vez al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que le remita la documentación de las conversaciones telefónicas entre el empresario Juan Miguel Villar Mir y su letrado grabadas en el marco de la investigación del caso Lezo. El alto tribunal ha reiterado este requerimiento antes de decidir si admite a trámite o no la querella que interpuso la defensa del presidente del Grupo Villar Mir contra el magistrado por permitir que se interceptaran esas llamadas abogado-cliente e incorporarlas luego a la causa.

Antes de entrar al fondo del asunto, el Supremo quiere analizar las diligencias practicadas en torno a las conversaciones. La Sala Segunda reclamó por primera vez a García Castellón esa parte del caso Lezo el pasado 22 de octubre, según consta en una providencia a la que ha tenido acceso El Confidencial. Pero, ante la falta de contestación, el Supremo ha repetido su solicitud al juez en otra provindencia del pasado 6 de noviembre, en poder también de este diario.

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Esa segunda resolución reclama al magistrado que remita “a la mayor brevedad posible” la pieza secreta que abrió para averiguar si Villar Mir había ordenado el pago de una comisión de 1,4 millones de euros a Ignacio González para que OHL se llevara la construcción del Cercanías de Navalcarnero. En el transcurso de esa investigación, se captaron varias conversaciones del empresario con su letrado. A pesar de que la UCO advirtió de que las grabaciones podían afectar al derecho de defensa, el juez decidió incluirlas en el caso, al considerar que demostraban que el letrado había ayudado al industrial a falsificar un certificado médico para no someterse a una toma de huellas dáctilares relacionada con las pesquisas sobre el supuesto soborno a González. Según el juez, la inclusión de los audios en el sumario estaba justificada por la presunta comisión de un delito por parte de la defensa.

Los letrados de Villar Mir siempre han negado esa acusación, insistiendo en que el empresario se encontraba realmente enfermo, y recuerdan que acudió a tomarse las huellas solo unos días más tarde. Además, subrayan que el Juzgado de Instrucción de plaza de Castilla al que se remitió la pieza del certificado médico ni siquiera llegó a imputar al letrado. Por ello, consideran que no había ninguna justificación para vulnerar el secreto de las llamadas con su cliente y reflejar posteriormente su contenido en las actuaciones. El pasado 24 de septiembre, la defensa del principal accionista de OHL decidió finalmente querellarse en el Supremo contra García Castellón atribuyéndole hasta cuatro supuestos delitos: prevaricación judicial, interceptación ilegal de las comunicaciones, retardo malicioso de la administración de justicia y falsedad e infidelidad en la custodia de documentos, como adelantó El Confidencial.

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La querella está parada a la espera de que el juez remita al alto tribunal esa parte de Lezo. La Fiscalía ya resolvió el pasado 19 de octubre que el Supremo es el órgano competente para estudiarla y solicitó a la Sala Segunda que reclame a García Castellón la documentación sobre los audios que precisamente se resiste a entregar. El Ministerio Público también aguarda esas diligencias para pronunciarse sobre el fondo de la querella.

Por su parte, la defensa de Villar Mir ya ha remitido al alto tribunal la información ampliada de la querella que le solicitó en la providencia del 22 de octubre, firmada por el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, y otros cuatro magistrados. Además, el 6 de noviembre, los abogados del presidente del Grupo Villar Mir remitieron otro escrito a la Sala Segunda para actualizar su denuncia tras comprobar que se había incorporado al sumario del caso Lezo un informe de la Policía Judicial en que esta revelaba que habían aparecido nuevas grabaciones entre los letrados y su cliente.

La defensa del industrial censura en su nuevo escrito que estos audios hayan permanecido hasta ahora en una “oscura nebulosa del sistema de interceptación”, algo que, a su juicio, “la actuación del magistrado García Castellón ha hecho posible” por haber aceptado que estas grabaciones “existieran, al prorrogar las intervenciones sin cautela alguna que protegiera la confidencialidad”. Los abogados consideran asimismo que del informe de la Policía Judicial se desprende que se han “eliminado definitivamente las grabaciones en el sistema central, sin que la defensa haya podido obtener copia de las mismas, pese a haberlo solicitado reiteradamente —por activa y por pasiva— al magistrado querellado, el cual ha hecho caso omiso de la insistente petición de la defensa, efectuada en su derecho a obtener copia de lo interceptado y grabado”.