El juez del caso Villarejo renuncia por enfrentamientos con Anticorrupción

El juez encargado del caso Villarejo ha renunciado a continuar al frente de la investigación a raíz de sus enfrentamientos con la Fiscalía Anticorrupción. El magistrado Diego de Egea ha decidido rechazar asumir la prórroga de la comisión de servicios que encabezaba y que le condujo a hacerse cargo de la operación Tándem, informan a El Confidencial fuentes jurídicas. El órgano de gobierno de los jueces debía pronunciarse sobre su renovación en los próximos días.

De Egea, que ha mantenido casi desde un inicio serias discrepancias con el Ministerio Público, no continuará por tanto al frente de uno de los casos más sensibles de los últimos años, que ha visto multiplicadas sus piezas desde la detención del policía retirado hace ahora un año y el hallazgo de los abundantes audios que grabó a lo largo de su carrera profesional y que afectan a todos los estamentos del Estado, comenzando por la Casa Real, que afronta en este procedimiento las revelaciones de la amiga del Rey emérito Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

Las fuentes consultadas aseguran que el enfrentamiento entre el magistrado y Anticorrupción había alcanzado su punto álgido en los últimos meses. De Egea ha considerado que la situación era ya insostenible y no le permitía continuar trabajando con libertad, indican estas fuentes. Tomó la decisión, que tiene previsto hacer efectiva este miércoles, a raíz de lo que considera verdaderas presiones de la Fiscalía, añaden. El juez tomará declaración este miércoles en una de las piezas del caso al chófer de Luis Bárcenas, vinculado con la operación Kitchen, y es previsible que esa sea su última intervención en la causa.

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La decisión se produce en uno de los puntos más sensibles para la causa, cuando el magistrado barajaba, como adelantó este diario, rebajar la prisión incondicional de Villarejo e imponerle una fianza millonaria para abandonar la cárcel. Estudiaba la posibilidad de compaginar la caución con medidas para compensar el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, como la imposición de una pulsera de localización, el apagón informático o las visitas diarias de agentes de las Fuerzas Armadas.

Su renuncia le aparta del caso de forma automática y, por el momento, el procedimiento queda en manos del titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García-Castellón. Él será quien decida si procede reclamar que se le designe otro juez de apoyo para hacer frente al trabajo de unas dependencias que suman macrocausas del calibre de la trama Púnica o la Lezo.

Cruce de recriminaciones

La pelea abierta entre las dos partes ha ido quedando evidenciada a través de los escritos de unos y otros. En uno de los más recientes, De Egea acusaba al Ministerio Público de realizar investigaciones prospectivas. Por su parte, los fiscales del caso han ido recurriendo decisiones de la instrucción, como el archivo de varias de las piezas, entre ellas la que afecta al comisario Salamanca, o la fianza de 100.000 euros impuesta a uno de los socios de Villarejo. También se opusieron al levantamiento del secreto que dictó el magistrado y que recibió el aval de la sala hace solo unos días.

Termina de este modo el paso del juez por la Audiencia Nacional, a la que llegó en agosto de 2017 cuando el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, cerró la puerta a que asumiera la plaza el primer instructor del caso Lezo, Alejandro Abascal. El presidente del Tribunal Supremo inclinó la balanza a su favor haciendo uso de su voto de calidad.