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Zaplana intentó comprar un puerto de yates en Altea con 1,8 millones ocultos en Suiza
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el exministro se desvincula de la operación

Zaplana intentó comprar un puerto de yates en Altea con 1,8 millones ocultos en Suiza

El sumario de la operación Erial implica al exdirigente del PP en el intento de compra en 2017 de Marina Greenwich, un puerto de lujo con 542 amarres y capacidad para yates de 30 metros de eslora

Foto: Eduardo Zaplana y la Marina Greenwich. (EC)
Eduardo Zaplana y la Marina Greenwich. (EC)

El sumario de la operación Erial implica a Eduardo Zaplana en el intento de compra del puerto deportivo de Altea por 1,8 millones de euros. El dinero iba a salir presuntamente de los fondos que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha conseguido localizar en Suiza y que la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia vincula de forma indiciaria con el supuesto patrimonio oculto del exministro de Trabajo (2002-2004). La operación, confirmada a El Confidencial por fuentes próximas a la causa, se habría desarrollado entre mayo de 2016 y marzo de 2017, cuando el exdirigente del PP ya estaba sometido a vigilancia policial.

Solo discrepancias de última hora en el precio del puerto frustraron la compraventa. De hecho, los 1,8 millones de euros en los que inicialmente se tasó la infraestructura llegaron a estar depositados en España en una cuenta del Sabadell. Tras fracasar la inversión, el grueso del dinero regresó otra vez a Suiza. El nombre de Zaplana no aparece en ninguno de esos movimientos, pero los expertos en delitos económicos del Instituto Armado y la jueza incluyen esta maniobra en los intentos del expresidente de la Comunidad Valenciana (1995-2002) de repatriar los 10,5 millones de euros que supuestamente llegó a cobrar en sobornos por la concesión de licencias eólicas y de ITV, y que habría escondido en el extranjero durante casi dos décadas.

placeholder Mapa de la zona de Altea (Alicante) donde se encuentran el puerto y los apartamentos de Zaplana.
Mapa de la zona de Altea (Alicante) donde se encuentran el puerto y los apartamentos de Zaplana.

Los contactos para la compra del puerto de Altea, bautizado con el nombre comercial de Marina Greenwich, fueron especialmente intensos durante los meses de mayo y junio de 2016. Zaplana ya tenía un profundo conocimiento de las instalaciones. Entre los bienes de su propiedad bloqueados por la instructora del procedimiento figuran dos apartamentos de lujo en el residencial Villa Puerto Beach, a solo unos metros de distancia. Se trata de dos viviendas contiguas de la quinta planta de esa exclusiva promoción, ubicada en primera línea de playa. Cada uno de los inmuebles tiene un valor catastral de 203.179 euros, según el auto de decomiso.

Dos barcos fondeados en el puerto

El propio expolítico habría sido usuario del puerto, con capacidad para acoger embarcaciones de hasta 30 metros de eslora y con una oferta total de 542 amarres. Como reveló este diario, la UCO vincula a Zaplana con dos yates que utilizaron el Marina Greenwich como base de operaciones. Uno de ellos, llamado Loix, fue construido en 2006 y tenía 16,3 metros de eslora. El segundo, botado con el nombre de Ubi Bene, era aún más grande, 22,2 metros de largo en los que cabían cuatro camarotes, cuatro baños, dos salones, una cocina equipada y puesto de mandos doble.

placeholder Imágenes del residencial Villa Puerto Beach de Altea.
Imágenes del residencial Villa Puerto Beach de Altea.

El intento de compra se habría desencadenado en mayo de 2016 después de que el propietario de Marina Greenwich, el empresario Robert Edgard Bataouche Pérez, exconsejero de Terra Mítica —un proyecto desarrollado en Benidorm por el propio Zaplana—, se viera incapaz de pagar el crédito que tuvo que pedir en su día a Banco Sabadell para poder adquirir la infraestructura. Ante esa situación, el inversor solicitó a su asesor de cabecera, el economista Francisco Grau, que buscara a alguien interesado en tomar el control del puerto.

Grau, que también fue consejero de Terra Mítica y ocupó el cargo de secretario general del Consejo de Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), absorbida precisamente por el Sabadell, no tardó en encontrar un posible candidato. Según las pesquisas, el economista también tenía entre sus clientes a Zaplana y decidió contactar con este para informarle de que Marina Greenwich estaba en venta. La operación dependía, en realidad, de que Sabadell diera su visto bueno. Las acciones del puerto estaban pignoradas en el crédito, pero el banco estaba dispuesto a venderlo a precio de derribo para quitarse de encima un proyecto que había cosechado cifras ruinosas durante la crisis.

Una cuenta abierta en el Sabadell

La jueza y los investigadores sostienen que Zaplana aprovechó la oportunidad para intentar repatriar parte de los 6,3 millones de euros que presuntamente escondía en cuentas bancarias de Suiza utilizando como pantalla varias sociedades instrumentales. Tras un primer acercamiento, Sabadell reclamó 1,8 millones de euros por la instalación. Al exministro de Trabajo le pareció un negocio redondo y, supuestamente, ordenó transferir esa cantidad desde territorio helvético a una cuenta abierta en el Sabadell con el único objetivo de cerrar la operación.

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Sin embargo, cuando el acuerdo estaba a punto de materializarse, el banco decidió subir el precio del puerto hasta casi doblarlo, tras concluir que el importe que había aceptado inicialmente era demasiado bajo. Zaplana no admitió el incremento, devolvió casi todo el dinero a Suiza y las negociaciones se fueron a pique, aunque los contactos habrían continuado al menos hasta marzo de 2017. Solo dos meses después, la UCO detuvo al exdirigente del PP en Valencia.

Zaplana asegura que solo intermedió

placeholder Francisco Grau. (EFE)
Francisco Grau. (EFE)

Fuentes cercanas a la defensa del exministro reconocen la existencia del intento de compra pero aseguran que los hechos sucedieron de forma muy distinta. Apuntan que hay pruebas suficientes para demostrar que Zaplana solo actuó de intermediario en la operación y que no tiene ninguna relación con los 1,8 millones de euros que llegaron a España desde las cuentas en Suiza. El dinero sería realmente, según esta versión, del abogado uruguayo y amigo personal del expolítico Fernando Belhot, con el que habría trabajado en diferentes proyectos en los últimos años. Uno de ellos ya fue descubierto por la UCO en la operación Lezo y contó con la participación estelar del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Consistió en la adquisición de una patente para comercializar en España los productos químicos para la depuración de aguas de un fabricante alemán, Shieer. Lo cierto es que la cuenta del Sabadell a la que llegó el dinero estaba a nombre de Belhot y este mantiene que el dinero era suyo, no de Zaplana.

Pero los investigadores sitúan al letrado uruguayo en el nutrido grupo de testaferros que supuestamente utilizó Zaplana durante años para mantener oculta en el extranjero una auténtica fortuna procedente del cobro de comisiones ilegales. De hecho, Belhot es especialista en la creación de entramados 'offshore' y Uruguay ha sido tradicionalmente uno de los territorios que más favorecían la creación de firmas instrumentales. Unos 130.000 euros que se habían quedado en la cuenta de Sabadell fueron bloqueados por orden judicial cuando estalló la operación Erial. Además, una comisión se desplazó el pasado diciembre a Montevideo para registrar la vivienda del abogado y recabar información de sociedades supuestamente vinculadas con el expresidente valenciano, como reveló El Confidencial. Bataouche y Grau también están acusados de haber colaborado en el presunto blanqueo de los sobornos y la jueza ha ordenado igualmente el decomiso de parte de sus activos.

El sumario de la operación Erial implica a Eduardo Zaplana en el intento de compra del puerto deportivo de Altea por 1,8 millones de euros. El dinero iba a salir presuntamente de los fondos que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha conseguido localizar en Suiza y que la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia vincula de forma indiciaria con el supuesto patrimonio oculto del exministro de Trabajo (2002-2004). La operación, confirmada a El Confidencial por fuentes próximas a la causa, se habría desarrollado entre mayo de 2016 y marzo de 2017, cuando el exdirigente del PP ya estaba sometido a vigilancia policial.

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