"El control puede ser defraudado": Montoro aborda a regañadientes la malversación

La declaración de Cristobal Montoro dio munición tanto a las defensas como a las acusaciones. El exministro de Hacienda se enfrentó a una batería de preguntas sobre la posible malversación en el referéndum del 1-O, pero sus respuestas abrieron la puerta a que cada parte 'comprara' la versión más acorde a sus intereses: para los investigados confirmó que en 2017 "todos los fondos de la Generalitat estaban sometidos a un control del Gobierno", mientras que para las acusaciones reconoció que "un control contable y presupuestario siempre puede resultar defraudado". Tras la contundencia de las declaraciones de Rajoy y Santamaría, Montoro dio paso al funambulismo en el Tribunal Supremo.

El interrogatorio arrancó con la acusación popular de Vox y en cuestión de segundos el exministro dejó el primer titular: "A partir de septiembre de 2017 implantamos para la Generalitat un sistema que no se había utilizado nunca e implicaba un control absoluto de todos los pagos y créditos utilizados por Cataluña". La frase dio oxígeno a las defensas, pero la Fiscalía saltó al ruedo y consiguió arrancar a Montoro una declaración en la que reconocía que el sistema pudo fallar: "Para eso están las investigaciones de tipo policial y de orden judicial", argumentó el político. Llegado el turno de la abogada del Estado, que incide en la malversación a la hora de analizar el 1-O, ésta prefirió no hacer más preguntas al acusado. El miedo a lo que Montoro pudiera decir se mascaba en el estrado de las acusaciones.

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En el interrogatorio salió a la luz la entrevista concedida por el exministro a 'El Mundo' en abril de 2018 y, en concreto, una de las frases que dejó en la misma: "Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público". Preguntado por esta afirmación que resulta clave para las defensas, Montoro sostuvo que "a veces simplificamos demasiado en asuntos complejos", asegurando además que en ningún caso quiso descartar la comisión de un posible delito: "En esas declaraciones lo que afirmo es que yo mismo veo indicios de prevaricación. ¿En dónde los veo? En que unos funcionarios públicos están convocando a un acto para el que abren locales públicos. ¿Y eso qué se significa? Que evidentemente se están utilizando medios públicos para un fin que ha sido declarado ilegal".

Cuando las defensas volvieron a sacar la entrevista durante su turno de preguntas, Montoro dijo entonces que se refería a que la Generalitat "no tenía posibilidad" de convocar un referéndum con fondos públicos, para lo que defendió que "no podía hacerse materialmente esa convocatoria de referéndum porque la autoridad convocante no tenia presupuesto". "¿Qué clase de convocatoria es la que se hace sin un presupuesto publico? Es una situación muy difícil de definir", lanzó el exministro, que en ningún momento descartó el gasto de dinero público para la publicidad institucional antes del referéndum o los pagos a observadores internacionales.

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Otro de los aspectos que Montoro abordó durante la declaración fue la carta de Junqueras que recibió en septiembre de 2017, una misiva en la que el exvicepresidente catalán decía que ya no enviaría más información a Hacienda sobre las cuentas de la Generalitat. "Lo que hace el Gobierno como reacción al 6 y 7 de septiembre y a la carta que me envía Junqueras es no responder a la misma. Contestamos con otra iniciativa: establecer un control absoluto [a sus cuentas] como no se había hecho nunca en España", explicó el exministro ante el tribunal. La nueva medida suponía así ir un paso más allá respecto al sistema establecido en 2015 para el Govern, lo que no descarta que "un análisis contable y presupuestario siempre pueda resultar defraudado en algún aspecto", reconoció el político.

En un intento de blindar su gestión como ministro de Hacienda, Montoro dejó frases que valen tanto para hablar de malversación como para descartarla. A lo largo de más de una hora de declaración, el político esquivó las preguntas más comprometidas con afirmaciones grandilocuentes, lo que en ningún caso será suficiente para que las acusaciones demuestren el uso de fondos públicos en el 1-O.