El Canal manda al limbo jurídico a decenas de empleados para evitar regularizarles

La cúpula directiva del Canal de Isabel II seguirá adelante con su política de firmeza respecto a interinos y empleados temporales que lleven años encadenando contratos por obra y servicio. Los que quieran ser reconocidos como indefinidos fijos tendrán que ganárselo en los tribunales. Los responsables del organismo no están dispuestos a hacer una regularización masiva a pesar de las dos sentencias del Tribunal Supremo que han dado ya la razón a los demandantes y de que incluso la filial Canal Gestión Lanzarote ha sí ha accedido a legalizar a sus casi 70 empleados que se encontraban en situación similar.

Esta última sucursal regional del Canal, en concreto, ha accedido a esta regularización colectiva después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se posicionara a favor de otro demandante. Así se lo está trasladado, de hecho, a todos los empleados que están en la misma posición. "Dado que la sala de lo social ha resuelto la controversia jurídica respecto a la naturaleza de los contratos de obra y servicio como el concertado con usted, así como el tipo de relación laboral resultante, en sentencias de 24 y 26 de julio, por medio del presente escrito la dirección del Canal Gestión Lanzarote viene a reconocer que la relación laboral que le une con esta empresa es de indefinida fija", comunica la filial en una de las misivas que ha trasladado a los interesados.

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En Madrid, sin embargo, la dirección del organismo se niega a hacer lo mismo. Según la delegación que la Confederación General del Trabajo (CGT) tiene en el Canal, de los casi 2.500 empleados con que cuenta el ente en la capital del España, 454 están en fraude. Se trata de una cantidad mucho mayor a la que había en Lanzarote y que no tiene intención de asumir la cúpula del organismo. El sindicato mencionado, de hecho, ha acudido a la Inspección de Trabajo con el fin de que ésta determine la magnitud real del fraude.

Desde el Canal explican a El Confidencial que en el Canal Gestión Lanzarote había "un conjunto de contratos idénticos". "Recurrimos todos y cada uno de los procesos hasta que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias fijó su criterio", añaden fuentes oficiales del organismo. "Entonces y solo entonces regularizamos los contratos idénticos al supuesto analizado por el TSJ", añaden desde el ente, que considera que "el caso del Canal de Isabel II" es diferente. "Se trata de contratos individualizados con circunstancias distintas en cada caso", consideran. El Confidencial ha podido comprobar en la web de Canal Gestión Lanzarote que esta sociedad y el Canal Madrid mantiene la misma figura jurídicas y dependen igualmente de los presupuestos de la Comunidad de Madrid.

"Las condiciones laborales están reguladas en el convenio colectivo y pactadas con los sindicatos", explican desde el Canal las mismas fuentes

"Somos una empresa 100% pública y tenemos que garantizar el acceso al empleo público en condiciones de igualdad y con procesos transparentes", explican desde el Canal las mismas fuentes, que entienden que "en cualquier caso muchas" de las plazas ofertadas ahora "son de consolidación". "Les hemos dado un baremo de méritos que premia la experiencia", justifican. "Las condiciones laborales están reguladas en el convenio colectivo y pactadas con los sindicatos", agregan.

No quieren otro escándalo

El Confidencial ha podido recabar la opinión de un grupo de trabajadores que se encuentran en esta situación y éstos consideran que lo que el Canal no quiere es reconocer públicamente que el 20% de la plantilla lleva años en situación irregular. "Sería un escándalo y entiendo que no quieren otro caso Lezo, sobre todo ahora que se acercan las elecciones", asegura uno de estos empleados, que critican del mismo modo que el ente sí esté dispuesto a gastarse 600.000 euros en abogados para afrontar el aluvión de demandas que le espera.

Mientras esto ocurre, el Canal sacó el pasado 22 de marzo todas las plazas de ingenieros de caminos e industriales a las que pueden presentarse tanto aspirantes externos como los mencionados interinos. La cúpula, de hecho, invita a estos últimos a postularse por esta vía. Pretende la dirección, entienden los empleados, regularizar de este modo, que en realidad supone un "blanqueo" de la situación que solo perjudica a los trabajadores, ya que al solicitar una plaza por este sistema los interinos deben renunciar a una serie de derechos adquiridos.

"El Canal nos obliga a renunciar a la antigüedad y al acuerdo de garantías, nos baja entre 5.000 y 10.000 euros los ingresos anuales", se queja uno de los empleados afectados, que asegura sentirse "absolutamente decepcionado" con su empresa. "En Lanzarote les regularizan y aquí nos hacen pasar por todo tipo de penalidades, cuando además quien dirige el departamento de Recursos Humanos del Canal no pasó ningún proceso selectivo para obtener el puesto que tiene", protesta el mismo trabajador en línea con la interpelación que el diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid Paco Lara le recriminó al gerente del organismo, Rafael Prieto, en la cámara regional el pasado 12 de marzo.

Otros empleados consultados por El Confidencial han preferido remitir sus quejas por escrito a la cúpula del Canal. En estas cartas, los trabajadores califican de "ilegal" que la dirección obligue a los aspirantes a obtener la plaza a renunciar a su antigüedad y a otros derechos adquiridos, entre los que está una póliza del BBVA. Protestan también porque la oferta pública no detalla con exactitud las plazas salen a concurso, lo que impide conocer cuál es la de cada empleado, algo que -a su juicio- genera "indefensión absoluta" a los aspirantes, que desconocen a qué posición tienen que aspirar.

Un centenar de demandas

Estos trabajadores también se quejan de que los puestos que se ofertan no han salido antes por promoción interna y de que además no pueden ofertarse cuando sus ocupantes interinos actuales han iniciado un procedimiento judicial que determinará si su relación laboral es indefinida, extremo que el propio Tribunal Supremo está respaldando en los que casos que han alcanzado a esta última y definitiva instancia judicial.

Según ha podido saber El Confidencial, los juzgados de lo social de Madrid tramitan actualmente más de un centenar de demandas laborales de otros tantos trabajadores del organismo que consideran que su contrato de trabajo fue fraudulento. Prieto aseguró en la mencionada comparecencia que apenas llegaban a 35 las demandas. Solo Jaime Esteve, abogado laboralista, lleva más de 60 casos en diferentes instancias judiciales, lo que ya contradice por sí solo a la cifra arrojada por el gerente. "El principal problema es la temporalidad", resume el letrado, quien asegura que de los 30 que ya han resuelto los tribunales tan solo ha perdido tres. "En la mayoría de resoluciones se está declarando a los trabajadores como indefinidos", afirma. Además de Esteve, hay otros abogados que coordinan a más trabajadores.

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Los dos casos que el Supremo ha abordado, de momento, van en la misma línea. Un auto de la sala de lo social de este alto tribunal emitido el pasado 24 de enero dio la razón al demandante, un interino con contrato indefinido no fijo que reclamaba ser reconocido como indefinido sin más, con todos los derechos derivados de esta situación. El Supremo rechazó el recurso del Canal contra una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid que se decantaba por el trabajador, al entender que el empleador es una empresa pública y que no rige para ella la normativa al respecto que sí se aplica a la Administración.

"Al personal laboral que presta servicios por cuenta y orden de sociedades mercantiles públicas, independientemente de que su ámbito sea estatal, autonómico o municipal, no le son aplicables los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución española ni tampoco el Estatuto Básico del Empleado Público", argumentó el alto tribunal madrileño, cuya sentencia ha sido posteriormente declarada por el Supremo doctrina unificada y servirá, según fuentes sindicales, para permitir que no pocos empleados de la institución de gestión hídrica con casos similares demanden por la misma vía. El otro auto del Supremo mencionado se inclina en el mismo sentido para un caso similar y va en contra de lo que defendía el Canal, que entendía que los empleados temporales que demandaban debían ostentar la figura jurídica del indefinido no fijo.