Los letrados avalan la suspensión automática de los diputados presos

Los letrados del Congreso avalan la suspensión de los diputados presos, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez. El informe pedido por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para que lo analice la Mesa de la Cámara, concluye que es de aplicación la ley de Enjuicimiento Criminal que establece que serán suspendidos los cargos públicos que sean procesados por rebelión, según fuentes parlamentarias. PP y Ciudadanos habían pedido la suspensión automática y Batet había pedido ese informe para decidir. La Mesa del Congreso se reúne a las 12.30.

La suspensión de funciones de los diputados presos ha dado un paso más. A falta de que se reúna la Mesa del Congreso, el órgano de Gobierno de la Cámara en el que PSOE y Unidas Podemos tiene mayoría, los letrados del Congreso avalan la suspensión automática en base a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ese es el artículo que aplicó el juez Pablo Llarena para suspender a los investigados en el procés que eran diputados autonómicos.

La ley de enjuiciamiento criminal establece en el artículo 384 bis, al que aluden los letrados de las Cortes: "Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión".

Los letrados consideran que la Mesa debe suspenderlos pero no por el reglamento del Congreso sino por la Ley de Enjuicimiento Criminal

Los letrados consideran que no es de aplicación el reglamento del Congreso. El Supremo aludía a este artículo y su intención era que la suspensión la dictara la Mesa para no dar la imagen de intromisión del poder judicial en el legislativo. El reglamento establece que serán suspendidos los diputados "cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure esta". Los letrados estiman que no es el caso porque no ha habido suplicatorio, el permiso que pide la justicia para investigar a los diputados. Y no lo ha habido ni es necesario porque la investigación estaba en marcha mucho antes de que los eligieran diputados.

Pero el informe jurídico sí considera que la Mesa debe suspenderlos automáticamente por aplicación de la ley de enjuiciamiento criminal. "La Mesa del Congreso debe proceder a determinar que se da el supuesto de hecho mencionado en dicho precepto, aunque no le haya sido así comunicado por el Tribunal Supremo, ya que se mantiene la situación de prisión provisional de los procesados". Añade que la Mesa debe "señalar el alcance de esta suspensión mientras dure la situación de prisión, adoptando las medidas precisas para dar plena efectividad a la previsión legal".

Aunque jurídicamente discrepa del Supremo, el resultado es el mismo: le dice a la Mesa que debe suspenderlos. PP y Ciudadanos han pedido desde el martes la suspensión inmediata de funciones. En ese caso los presos podrían conservar su acta, pero no tendrían sueldo, ni podrían pedir permisos para salir a votar, por ejemplo, como sí hicieron para entregar las credenciales y adquirir la condición plena de diputado. Al salir de la prisión dejarían de estar suspendidos. Junqueras ya ha anunciado que renunciará al acta pero los tres presos de JxCAT tienen intención de retenerla, lo que alteraría las mayorías del Congreso y allana la investidura de Pedro Sánchez.

Batet afirmó el jueves que su partido decidiría el voto a la vista del informe y que su actuación no era política sino guiada por el rigor jurídico. El contundente informe prácticamente ata al PSOE y aboca a los presos a ser suspendidos menos de dos días antes de las elecciones municipales y autonómicas. Los socialistas habían intentado retrasar la decisión hasta después de las municipales porque una suspensión da alas a la campaña de ERC y perjudica al PSC.

Unidas Podemos era partidaria de no suspender a los presos en la Mesa -o al menos de no tomar la decisión inmediatamente- y de que lo hiciera el Supremo aplicando la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si Unidas Podemos se desmarca de las conclusiones del informe de los letrados, el PSOE podría verse en la primera votación relevante de la legislatura -al margen de la que eligió a Batet- votando con PP y Ciudadanos y no con sus socios.