"La ley le obliga a este protocolo": el PP, sobre el borrado de los discos duros de Bárcenas

El juicio por la destrucción en 2013 de los ordenadores de Bárcenas, en pleno escándalo de la caja B de la formación, continuó este jueves con los interrogatorios a los cuatro acusados: el PP, la extesorera del partido Carmen Navarro, el responsable jurídico Alberto Durán y el informático José Manuel Moreno. La Fiscalía pide el sobreseimiento y archivo de la causa, pero tres acusaciones populares —Izquierda Unida, Adade y Observatori Desc— consideran que el partido debe ser condenado por daño informático, sumando además a los otros tres imputados un delito de encubrimiento. Con la sala llena de periodistas, los acusados trataron de justificar las 35 sobreescrituras de los discos duros y su posterior ralladura, un procedimiento que, según aseguraron, nunca buscó ocultar datos sobre la financiación irregular del PP: "La ley le obliga a implementar ese tipo de protocolos".

El partido se enfrenta a una posible condena por daño informático, delito por el que IU pide una multa de 10,9 millones de euros, Adade una de 109.500 euros y el Observatori Desc la suspensión de sus actividades por un plazo de seis meses y la prohibición de recibir donaciones por cinco años. Además del delito de daños informáticos, a los otros tres imputados se les acusa de encubrimiento: IU pide cuatro años y seis meses de prisión para todos ellos; el Observatori Desc lo rebaja a dos para Navarro, un año y 11 meses para Durán y un año y 10 meses para Moreno, y Adade vuelve a solicitar dos para la extesorera y el abogado, pero uno para el informático.

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Pasadas las once de la mañana, la abogada María Massó se sentó en el banquillo en nombre del PP. Solo respondió a la Fiscalía y su defensa, asegurando en todo momento que las sobreescrituras de los discos duros y su posterior ralladura siguieron el procedimiento establecido: "El borrado seguro se utiliza con una finalidad que es proteger los datos de los usuarios", sostuvo. Massó se opuso así a la versión de Bárcenas, que antes de retirar su acusación en 2016 dijo a los investigadores que uno de los discos duros contenía información sobre el funcionamiento de la caja B del partido.

La letrada volvió a la carga una y otra vez para insistir en este aspecto: "La ley le obliga [al PP] a implementar ese tipo de protocolos", llegó a decir durante su comparecencia. Ante las preguntas del abogado de la formación, Jesús Santos, Massó repasó entonces todas las demandas y querellas que Bárcenas ha presentado en los últimos años contra el PP y sus trabajadores, pintando así el actual juicio en una supuesta venganza del extesorero: "Todas y cada una de ellas fueron desestimadas", explicó Massó ante el tribunal. Con esta última afirmación sobrevolando por la sala, Santos cerró su interrogatorio: "No hay más preguntas".

"¿Por qué iba a dejar información sensible?"

Tras el primer receso de la mañana, la extesorera del partido Carmen Navarro se desmarcó de la destrucción de los ordenadores. Solo respondió a la Fiscalía y a su defensa, reduciendo su relación con el extesorero a "un día que me lo crucé en un pasillo". Pese a ello, reconoció que la idea de impedir la entrada de Bárcenas en la sede del partido en 2013 fue suya: "Yo me entero de que sale en la prensa que Bárcenas tiene un montón de dinero en Suiza y eso crea un gran escándalo. Entonces lo comento con la secretaria general [Cospedal] y se toma la decisión, pero no la tomo yo". Pero tras prohibir la entrada a Bárcenas, Navarro aseguró al tribunal que ya no tuvo más participación en los hechos investigados: "Yo no me he interesado lo más mínimo por lo que estaban juzgando o dejando de juzgar de Gürtel".

Su mensaje fue claro: no ordenó destruir los ordenadores, no pregunto qué había en los ordenadores y no se inmiscuyo en la gestión que llevó a cabo el responsable de los servicios jurídicos con los ordenadores. Navarro insistió así en que jamás vio los documentos y dispositivos que se sacaron del despacho del extesorero, lo que no le impidió descartar que estos contuvieran datos sobre la financiación del partido: "En la sala no tenía los millones de euros, ni los papeles de Bárcenas... ¿Por qué va a dejar en una sala a la que puede entrar cualquiera información sensible?", preguntó con ironía. Durante el interrogatorio de su abogado, Enrique Molina, la extesorera cargó también contra los delitos que se le imputan: "Todavía no sé qué estoy encubriendo ni sé a quién estoy encubriendo. Pero que encubra al señor Bárcenas... Me parece un poco fuerte que me digan que encubro a un hombre que no conozco".

El abogado apunta a una venganza de Bárcenas

Los interrogatorios arrancaron con el responsable de servicios jurídicos del PP, Alberto Durán, que al igual que Navarro solo respondió a la Fiscalía y su abogado. Se remontó una vez más a 2013, cuando la noticia de que Bárcenas tenía una fortuna en Suiza provocó un terremoto en Génova. "Fue un gran escándalo mediático y el PP le prohibió el acceso a la sala que venía ocupando", explicó. También relató ante el tribunal cómo se sacó toda la documentación y ordenadores que tenía en el despacho, al que se refirió como "el santuario del señor Bárcenas": "La decisión creo que la toma la secretaría general [Cospedal] y se la comunicó a Navarro, que era quien tenía que ejecutarla. Esta se la comunica al encargado de los accesos, que curiosamente era el cuñado de Bárcenas".

Según expuso ante el tribunal, tras hablarlo con Cospedal, él mismo se encargó de dejar vacío el despacho que ocupaba el ex tesorero. "Bárcenas me dijo que quería que estuviera una persona de su confianza pero nunca mandó a nadie", aseguró. Una ausencia que Durán achacó a su objetivo de retrasar la medida para llevar así al partido ante los tribunales: "Yo ya había detectado que Bárcenas quería poner una demanda laboral. Ya estaba reclamando una cantidad importantísima en concepto de indemnización, creo que más de 600.000 euros". La querella, sin embargo, acabó presentándola contra el propio Durán por sacar todas sus pertenencias del despacho: "Él se enfadó muchísimo porque pensaba y sigue pensando que el PP es suyo. Me pone una denuncia en una comisaría por robo, hurto y apropiación indebida", lanzó.

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Respecto al motivo por el que vaciaron la sala, Durán se mostró tajante: "No tenía interés en enterrar nada, en encubrir nada". Una versión que mantuvo cuando se le preguntó por los ordenadores: "Si en ese momento Bárcenas me hubiera entregado un título de propiedad, se los hubiera devuelto". Sobre la posibilidad de que los dispositivos contuvieran información sobre la caja B del partido, el responsable de servicios jurídicos del PP descartó una vez más tal hecho: "Si los ordenadores hubieran tenido contraseña o hubieran tenido datos, nuestra actuación hubiese sido totalmente distinta. Ahí no había absolutamente ningún dato de nada". A preguntas de su abogado, Esteban Mestre, redujo así su imputación a una venganza del extesorero contra él —"Todo esto es un montaje"—, afirmando incluso que el propio Bárcenas destruyó un disco duro a finales de 2012: "Todavía estoy esperando que las acusaciones le pongan una querella".

A continuación, llegó el turno del responsable informático, José Manuel Moreno, que siguió los pasos de los anteriores y solo contestó a la Fiscalía y a su abogado. "Yo recojo los tres ordenadores, me los subo a mi despacho y los dejo ahí", comenzó explicando. Pero a la vista de que Bárcenas comenzaba una batalla legal contra la formación, Moreno aseguró que en un primer momento le ordenaron no tocarlos, decisión que se mantuvo hasta mayo de 2013: "Durán me dice entonces que se había ganado el pleito y que se había confirmado que podía seguir con el procedimiento de designación". Sobre si algún otro dirigente se interesó por los ordenadores, el informático dijo que no, tras lo que argumentó que la sobreescritura a la que sometió los dispositivos fue "una situación normal de nuestro día a día": "¿El equipo tiene información? No. ¿Que llega a tener información? Se contacta al usuario. Pero en este caso, yo de hecho supuse que [Bárcenas] había sacado la información".

Para sostener que nunca pretendió ocultar datos sobre la financiación irregular del PP, Moreno llegó a decir que desconocía que el partido estuviera investigado por el caso caso Gürtel. "Yo lo que hago es basarme en una guía explícita de borrado seguro de un organismo reconocido. Lo que hago es basarme en esa guía para desarrollar el propio procedimiento interno", explicó. Un razonamiento en el que insistió a la hora de contestar a su abogado, Carlos Gómez Jara: "Estos procesos ya se realizaban internamente antes de entrar yo en la compañía, solo que técnicamente no eran del todo correctos". Los acusados coincidieron así en los tres argumentos con los que pretenden echar por tierra los cimientos de las acusaciones: los ordenadores eran del PP, no contenían información sobre la caja B y la destrucción de sus discos duros siguió el procedimiento establecido.