Multa de cerca de un millón o no volver a navegar: el futuro del Open Arms

El futuro del Open Arms se presenta complicado. El Gobierno está determinado a impedir que siga haciendo operaciones de rescate y le ponga en apuros, apuntan fuentes cercanas a Moncloa. La ofensiva legal contra el barco incluye desde sanciones que rozan el millón de euros hasta una prolongada paralización de su actividad. En medio, un horizonte desconocido debido a su actual incautación cautelar en Italia.

La vicepresidenta, Carmen Calvo, lo dejó claro este miércoles. En sus declaraciones, dejó en el aire una velada amenaza que apunta a multas. "Nuestro país es un Estado de derecho y las instituciones, poderes públicos y ciudadanos estamos sometidos todos a las leyes, nadie está a salvo de esto, incluido un barco", aseguró Calvo, y remachó indicando que "el propio capitán reconoce cuáles son las condiciones de su buque", que no tiene permiso para rescatar, sino que "tiene licencia para ayuda humanitaria y transporte de víveres, y ese es su cometido, esas son las condiciones en las que puede salir y puede operar".

La clave tras estas palabras se encuentra en el incumplimiento de la comunicación remitida al barco por el Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de la Marina Mercante. Tras conocer, en junio, su pretensión de retomar las labores de rescate en alta mar, se le recordó que debía supeditarse a los certificados del buque, su clasificación y finalidad. Los despachos de la nave se emitieron exclusivamente para el transporte de ayuda humanitaria. Se le prohibía expresamente realizar operaciones de búsqueda y salvamento.

Tras zarpar, el barco de Óscar Camps desobedeció la instrucción, eso sí, bajo el argumento del debido socorro en alta mar. En resumen, argumentó que se topó con la patera y se vio obligado por ello a recoger a sus ocupantes. En la comunicación de junio, ya se advertía de las consecuencias en caso de incumplimiento. Incurriría, se decía, en infracción contra la seguridad marítima o el tráfico, lo que supone multas de hasta 901.000 euros y, como mínimo, de 300.000.

Eso no es todo. El riesgo más evidente para el Open es la paralización de la actividad. En aplicación de la Ley de Navegación Marítima, se le puede ordenar su regreso a puerto español para hacerla efectiva. La continuación de la actividad de rescate que ejecutó encaja en la comisión de una infracción grave o muy grave de la Ley de Puestos del Estado y de la Marina Mercante. En el peor de los casos, puede conllevar inhabilitación temporal por un periodo de hasta cinco años para desempeñar cualquier actividad o prestar cualquier servicio.

Pabellón español

Por el momento, el barco se encuentra incautado en Italia, donde permanecerá durante semanas por constituir una prueba en el procedimiento abierto contra funcionarios de este país por secuestro de personas en su permanente negativa a permitirle atracar, pese a estar a 800 metros de sus costas. Incluso sin que regrese a puerto español, el Ejecutivo tiene la posibilidad de retirarle el pabellón español que ahora luce.

El caso sería entonces similar al del Aquarius, que se quedó sin sus banderas, primero de Gibraltar y luego de Panamá, por orden de las autoridades portuarias. Un barco sin pabellón es sinónimo de buque pirata. En ese caso, podría recurrir a la búsqueda de lo que se conoce como pabellones de conveniencia de Estados que los conceden con bastante facilidad, como por ejemplo Liberia. Mientras tanto, la contestación de Camps puede calificarse como desafiante. En respuesta a la vicepresidenta, el empresario lanzó un tuit con esta frase: "A menudo no sé si habla ella de verdad o es Salvini en ventrílocuo".