Lo que sigue a Huarte: una mancomunidad de 120 millones que EH Bildu desea

La repercusión de la decisión del PSN de entregar la alcaldía de Huarte a EH Bildu puede trascender las fronteras municipales. Su impacto podría alcanzar a la mancomunidad de la comarca de Pamplona, que en las próximas fechas debe renovar su cúpula directiva en un escenario de equilibrio de fuerzas entre Navarra Suma y la coalición ‘abertzale’ por hacerse con la presidencia de esta importante entidad, que gestiona diversos servicios públicos para una población de más de 365.000 habitantes con un presupuesto anual superior a los 120 millones de euros.

En esta igualdad de fuerzas que se deriva del mapa municipal surgido tras las elecciones locales del 26 de mayo y la posterior constitución de los ayuntamientos, cada voto puede valer su peso en oro, y EH Bildu se ha garantizado ahora la representación por Huarte en la asamblea general después de que el PSN haya renunciado a mantener la alcaldía de este municipio —situado apenas a seis kilómetros de Pamplona— para cedérsela a la antigua Batasuna a modo de contraprestación por haber facilitado la investidura de María Chivite como presidenta de Navarra.

La mancomunidad gestiona el ciclo integral del agua, los residuos, el transporte urbano, el servicio de taxi y el parque fluvial para 365.000 habitantes

EH Bildu ostenta la presidencia de la mancomunidad desde septiembre de 2015 y pretende mantener durante otros cuatro años el control de esta entidad, integrada por 50 municipios de la comarca de Pamplona, que para este 2019 dispone de un presupuesto de 125 millones de euros para gestionar los servicios públicos de la que es titular: el ciclo integral del agua —abastecimiento, saneamiento y depuración de las aguas residuales—, la recogida y tratamiento de los residuos, el transporte urbano comarcal, el servicio de taxi y el parque fluvial de la comarca.

El escenario que ha deparado el 26-M no es nuevo de cara a la elección del presidente de la mancomunidad, que ha vivido con anterioridad situaciones de máxima igualdad, con el juego de las mayorías al límite dentro de la asamblea general, compuesta por 54 miembros. De ellos, 27 corresponden a los concejales del Ayuntamiento de Pamplona —en este caso, el reparto sería 13 de Navarra Suma, siete de EH Bildu, cinco del PSN y dos de Geroa Bai— y la otra mitad a representantes del resto de consistorios de la comarca —algunos municipios cuentan con uno o varios representantes en función del peso poblacional y otros, los más pequeños, están agrupados por áreas—.

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Si se mira el mapa municipal surgido tras las elecciones de mayo, Navarra Suma está en una posición ligeramente favorable. La coalición de derechas que integra a UPN, PP y Ciudadanos, que gobierna en los tres municipios que más representantes aportan a la asamblea general —Pamplona, Burlada y Barañain—, tendría garantizados más de una veintena de respaldos en este órgano, mientras que EH Bildu contaría con una quincena de apoyos sumando el aval de los delegados de Geroa Bai, a expensas del respaldo de algún independiente próximo a la izquierda ‘abertzale’.

En este escenario, 'a priori', la antigua Batasuna necesitaría del apoyo de los siete representantes que, según las previsiones, podría sumar el PSN en la asamblea general para poder optar a mantener la presidencia de la mancomunidad. Y tampoco es seguro, ya que podría darse incluso el caso de que ni con el respaldo de los socialistas EH Bildu sume más avales que Navarra Suma, que también cuenta con la cercanía de algún representante independiente —además, en caso de empate a votos, la coalición que lidera Javier Esparza se haría con la presidencia por gobernar el Ayuntamiento de Pamplona—.

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Pero todo está por ver. Sin mayorías suficientes para asegurarse la presidencia de la mancomunidad, la decisión, todo hace indicar, estará en manos de los representantes independientes, que representan a los municipios más pequeños. Aquí, las negociaciones discretas entran en juego. No obstante, de cara a la votación, la norma habitual es que algunos de ellos no tomen partido y se abstengan, por lo que, ante esta situación, resulta crucial contar con la mayor representación posible de partida en la asamblea general.

Está por ver qué efecto puede tener lo ocurrido en Huarte de cara al nuevo gobierno de la mancomunidad, pero, de momento, lo que es seguro es que EH Bildu ha sumado un representante en la asamblea general tras la decisión del PSN de cederle el poder de este municipio de 7.000 habitantes, que ha gobernado durante dos meses Amparo López hasta su dimisión el pasado 12 de agosto para pasar a formar parte del Ejecutivo de María Chivite, al frente de la Dirección General de Interior. A este respecto, la maniobra en Huarte del PSN, que este martes no ha estado presente en el pleno de elección del nuevo alcalde, despejando así el camino a la investidura del 'abertzale' Alfredo Arruiz, sería determinante si EH Bildu logra superar a Navarra Suma por tan solo un voto con el apoyo de delegados independentistas. En ese caso, la coalición ‘abertzale’ retendría el poder, en manos en la actualidad de Aritz Ayesa, con la abstención de los socialistas.

También es una incógnita la postura que adoptarán los socialistas navarros. Si, dado el caso, apoyarán a quien ha facilitado la llegada al poder de Chivite, de necesitar obligatoriamente sus apoyos para mantener el control de este organismo. “Llegados a este punto, cualquier cosa puede pasar”, afirman fuentes de Navarra Suma, que no se fían de la actitud de los socialistas, a quienes acusan de haber firmado “un pacto oculto” en la comunidad foral con la antigua Batasuna.

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La sesión para nombrar al nuevo equipo rector de la mancomunidad está previsto que se celebre a principios de septiembre, en la segunda semana. De cara a esta cita, a día de hoy existe un hándicap. El Ayuntamiento de Pamplona está integrado en la actualidad por 25 de sus 27 concejales tras la dimisión de los ediles Elma Saiz (PSN) e Itziar Gómez (Geroa Bai), que han asumido sendas consejerías en el Gobierno de Chivite. Los dos nuevos ediles de ambas formaciones deberían tomar posesión de sus cargos en pleno antes de la asamblea general de la mancomunidad para que no haya dos sillas vacías y su ausencia repercuta en un escenario marcado por el equilibrio de fuerzas.

UPN ha sido muy crítico con la gestión de Ayesa al frente de la mancomunidad y, de hecho, en febrero de este año solicitó su dimisión por “haber ocultado" un informe jurídico de la propia entidad que "declaraba nulas numerosas contrataciones de personal durante 2017”. La formación regionalista denunció que el presidente de la entidad llevó a cabo ese año más contrataciones —más de una veintena— que las que establece la tasa de reposición, según se recogía en el informe, firmado por los tres responsables jurídicos y el interventor.