Púnica: el PP de Madrid desvió 11 millones de dinero público al partido y sus dirigentes

Una trama piramidal con Esperanza Aguirre en la cumbre que desvió al menos 11 millones de euros de dinero público. El desfalco iba destinado a tres fines: nutrir las arcas del PP, dopar las campañas electorales y, en ocasiones, acabar en los bolsillos de quienes lo manejaban. La investigación del caso Púnica, la misma que arrancó en octubre de 2014, ha alcanzado cinco años después a la hasta hace poco todopoderosa presidenta del PP de Madrid. El auto en el que el juez Manuel García-Castellón apoya su decisión de imputarla junto a su sucesora en la comunidad, Cristina Cifuentes, habla de un desfalco masivo que arrancó en 2003 y se perpetuó durante más de una década.

Entre los desvíos de fondos, destaca el caso de un contrato adjudicado por el Canal de Isabel II a la firma de publicidad Equmedia por un importe de 4,25 millones. Ignacio González, entonces presidente de la empresa pública, pidió a la adjudicataria que asumiese el pago de parte de la deuda que mantenía la Comunidad con otros dos investigados de la sociedad EICO. "De esta forma, y de forma encubierta, serían los fondos públicos los que sufragarían parte de la deuda por los trabajos personales realizados por EICO a los dirigentes del PP de la Comunidad de Madrid", explica el auto.

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También resulta llamativo el desfalco en la Consejería de Sanidad. La trama encontró en el 'Plan de infraestructuras sanitarias 2004- 2007', proyecto que financiaba la construcción de nuevos hospitales y centros de salud, la cobertura perfecta para obligar a cada contratista a abonar en concepto de publicidad "hasta un 1% del presupuesto de cada contrato como mecanismo para desviar fondos públicos a favor del partido". Los investigadores apuntan a que este mecanismo causó un perjuicio a los fondos públicos de más de tres millones.

La cláusula del 1% también se aplicó en la Consejería de Transportes, que atendía el plan que financiaba la construcción de nuevas carreteras, al amparo del cual los investigados simularon la necesidad de contratación de publicidad para una pretendida campaña de “concienciación a los motoristas”. "Provocaba que las empresas licitadoras presentasen unas ofertas más elevadas, al tener que contemplar en su 'bussiness plan' el coste de dicha publicidad, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas", señala el juez, que no concreta la cantidad desviada en esta cartera.

En el desvío de dinero público jugó también un papel crucial la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), de la que fue presidenta Esperanza Aguirre entre 2004 y 2010. "El plan acordaría que, esta vez, el desvío de fondos públicos se materializase a través de las subvenciones concedidas por la comunidad a Fundescam", sostiene el auto, que pone el foco en cómo se desviaron más de 500.000 euros en 2007, 2008 y 2011. "Todos ellos se sirvieron de la circunstancia de que Fundescam era una fundación adscrita al partido y por tanto gestionada desde el mismo, bajo la supervisión de sus máximos dirigentes".

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La expresidenta tenía "la supervisión y el control". Las adjudicaciones fraudulentas "se habrían centralizado al más alto nivel del Gobierno regional", con Aguirre a la cabeza, que fue quien decidió que su órgano ejecutor fuese la vicepresidencia primera y portavocía del Gobierno, a cargo durante el periodo analizado de sus dos hombres fuertes: Ignacio González y Francisco Granados. "Aguirre se habría apoyado en ellos para que ejecutasen sus decisiones", dice el juez, que apunta que para este millonario desvío de fondos se apoyó, básicamente, en las partidas de publicidad y comunicación.

Ideóloga, supervisora y también "impulsora". "La investigación arroja indicios racionales de que sería quien ideó la búsqueda de recursos, que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad. Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad de Madrid", concluye.

En el juego entraron multitud de empresas. Públicas y privadas. Fundescam, con Aguirre como patrona, la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) y el Canal de Isabel II. Por la parte privada, el peso del entramado se lo lleva Indra, en la etapa de Javier Monzón. Respecto a la compañía consultora, el magistrado asegura que aceptaba el pago de facturas como dádiva de las adjudicaciones de contratos licitados por entidades públicas, a partir de los sobrecostes de los precios de los contratos.

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Su entonces presidente, Francisco Javier Monzón, y otros directivos de la etapa "intervenían en la decisión de la realización de entregas de dinero en efectivo a quien se les indicaba desde los altos puestos del PP, en la adjudicación de contratos de cobertura, o en el pago de facturas a las empresas del entramado de confianza del partido, que recogían trabajos que nunca se realizaron". Monzón ya no se encuentra vinculado a Indra y ocupa actualmente el cargo de presidente del consejo de administración de Prisa. Su puesto se encuentra en manos de la compañía, que tendrá que analizar en los próximos días su idoneidad para ocuparlo.

Con el último auto de García-Castellón, la pieza suma 30 nuevas imputaciones a las 42 ya dictadas, en las que se incluían nombres tan relevantes como Ignacio González, Francisco Granados o el exgerente Beltrán Gutierrez. En total, 72 imputados por un conjunto de nueve delitos que no pueden atribuirse de forma individualizada: falsedad documental, prevaricación de funcionarios públicos, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad electoral, tráfico de influencias, revelación de informaciones privilegiadas, delito continuado de apropiación indebida y organización criminal.

Sustentándose en el escrito en que la Fiscalía Anticorrupción reclamaba las nuevas imputaciones —visado por el jefe del departamento Alejandro Luzón—, el juez centra la ampliación de la pieza sobre la caja B del PP madrileño en tres patas: financiación ilícita, desvío de dinero público y falsedad electoral.