La presión de los lazos sigue dentro de los edificios públicos... a la espera de la sentencia

Cuando a principios de mes la Junta Electoral Central pidió al presidente de la Generalitat que retirara los lazos amarillos de todos los edificios públicos, Quim Torra tardó dos días en cumplir con la decisión. Los departamentos de la Administración catalana quitaron de sus fachadas los símbolos separatistas antes incluso de que expirara el plazo fijado. Un acatamiento que chocó con el pulso mantenido el pasado marzo, a las puertas de la cita electoral de abril, cuando hizo falta que se pronunciara el Síndic de Greuges para que el Govern actuara. Y ni siquiera lo hizo del todo. De hecho, en noviembre, el 'president' irá a juicio por un delito de desobediencia (dejó la pancarta en el edificio central de la Generalitat) y se enfrenta por ello a la inhabilitación.

Tal y como ya publicó entonces este diario, la denominada guerra de los lazos se frenó en los exteriores de los edificios... mientras se recrudecía en el interior. Funcionarios catalanes denunciaron el "ambiente irrespirable" que sufrían en cada jornada laboral. Hasta en la máquina de café había símbolos amarillos.

La situación ahora es distinta. Al menos, de momento. "Llevamos ya unos meses de mucha más calma", insisten empleados que llevan años en el Departament d'Educació, reconociendo que el número de carteles y símbolos independentistas ha ido disminuyendo con el tiempo. Especialmente en los vestíbulos y pasillos que todos los trabajadores cruzan a diario. En las mesas de trabajo siguen algunos carteles intactos (el denominado 'muro de las lamentaciones', unos armarios repletos de folios con mensajes, permanece copado de insignias independentistas, aunque los tres lazos amarillos han desaparecido si se compara la imagen actual con la de marzo).

También los directores generales del departamento mantienen un perfil más bajo. Todos llevan en la solapa el lazo amarillo, pero sus espacios de trabajo pretenden demostrar mayor neutralidad. Es el caso de altos cargos como la subdirectora de Apoyo y Atención a la Comunidad Educativa, Gené Gordó, que retiró un lazo gigante de la puerta de su despacho.

La mayoría de los carteles apelan al espíritu del 1 de octubre y piden "libertad para los pesos políticos", en referencia a los dirigentes catalanes procesados por el referéndum ilegal. En el departamento educativo que dirige Josep Bargalló i Valls, aseguran que la situación se ha controlado. Pero no del todo. "En un determinado momento, esto estaba completamente tapizado. Ahora hay menos, aunque sigue habiendo. Nos hemos acostumbrado. No está como estuvo en pleno apogeo", aseguran otros dos funcionarios. Las fotografías de este artículo ilustran el 'atrezzo' con el que contaba el departamento público este martes.

En lo que sí insisten los empleados es en que la Junta Electoral "solo revisa los exteriores" y "no se preocupa de los interiores" y de las condiciones en que acuden a trabajar, especialmente aquellos funcionarios que no son independentistas. Temen que la tensión vuelva a subir cuando la sentencia del juicio del 'procés' se haga pública. La semana pasada, durante el segundo aniversario del 1-O, hubo una concentración a las puertas de varias instituciones públicas. Los presentes lucieron como es habitual lazos amarillos y se emplearon a fondo en los cánticos. En los últimos días, la política ha vuelto a reinar, después de un tiempo, en las conversaciones de unos y otros por el posible fallo judicial.

De hecho, este mismo jueves, l'Assemblea en Defensa de les Institucions Catalanes (ADIC) ha convocado una reunión a las dos de la tarde en una de las salas del Departament d'Educació "ante la situación excepcional y las inminentes movilizaciones". Ningún cartel habla directamente de la respuesta ciudadana a la sentencia, pero todos los empleados dan por hecho que los planes de organización responden a eso. Según ha podido saber este diario, en el departamento llevan días lanzando el mensaje de "estad preparados".

Ante los rumores de que el Tribunal Supremo podía hacer público el fallo a finales de semana, el sindicato independentista Intersindical-CSC lanzó una convocatoria de huelga general para este viernes, 11 de octubre. Días después rectificó apuntando a que el paro será casi con toda seguridad el día 18, al dar por seguro que la sentencia se conocerá la semana que viene.

La huelga —en teoría— se plantea por motivos económicos y sociales, pero el objetivo de celebrarla en cuanto se conozca el fallo judicial apunta a que será una protesta contra la previsible condena. A los funcionarios les han trasladado ya la idea de que pueden hacer uso de un día de asuntos propios si lo desean. "Hasta ahora, no se hablaba mucho de independentismo. Al menos estábamos tranquilos. Ahora, veremos", confiesa otra trabajadora.