Sánchez lleva al TC los últimos acuerdos del Parlament y le pide que aperciba a Torra

A las puertas de la sentencia del 'procés', nueva advertencia al independentismo. El Gobierno recurre ante el Tribunal Constitucional los últimos acuerdos del Parlament de Catalunya que reivindican el derecho de autodeterminación y la "legitimidad de la desobediencia civil e institucional". Pero no solo eso: también pide a los magistrados, y ahí está la novedad, que aperciba al Govern presidido por Quim Torra, que le avise de que puede incurrir en un delito si no cumple con la ley.

El Ejecutivo no está dispuesto a dejar que el pulso del soberanismo le gane en pleno viaje hacia las generales del 10 de noviembre. Ni quiere mostrar un ápice de tibieza, aunque siga manteniendo su apuesta por el diálogo. Siempre dentro de la ley. Ya dijo que llevaría al Constitucional las resoluciones que el Parlament aprobó con el debate de política general, el pasado 26 de septiembre. Y lo hizo este viernes. Hace una semana, impugnó una moción de la Cámara autonómica validada en julio. El TC la paralizó esta semana y, en línea con lo que había demandado el Ejecutivo, advirtió al presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, de las consecuencias penales que acarrearía desoír esa suspensión.

[Consulte aquí en PDF el contenido de los dos incidentes de ejecución de sentencia]

El Consejo de Ministros aprobó este viernes plantear dos nuevos incidentes de ejecución de sentencia ante el TC, relativos a determinados apartados de la resolución 546/XII. Lo que se lleva ante el tribunal de garantías, en concreto, son incisos en el punto I (Derechos y libertades) y en concreto los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4. En esos puntos, el Parlament volvía a proclamar el derecho de autodeterminación, "que no existe" —recordó hoy la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo—, e impulsaba la "desobediencia institucional", que se traduce en una "declaración" de la Cámara catalana por la que "se apela a las instituciones a ignorar las normas".

El Ejecutivo ya impugnó ante el TC una moción del pasado julio. Sánchez busca mostrar firmeza antes del 10-N y con la sentencia del 'procés' ya casi lista

El Gobierno entiende que no puede tolerar que las instituciones autonómicas proclamen que no se someterán a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. No solo: tampoco es permisible que el Parlament afirme su "rechazo a las imposiciones antidemocráticas" del Estado, y en especial a su TC y al Tribunal Supremo, pues "supone un llamamiento" a que las instituciones catalanas, incluido el Govern, no obedezca la sentencia del 'procés', prevista para el próximo lunes.

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Vulneración "frontal" de la Constitución

Así, el Gobierno estima que ciertos apartados de la resolución de la Cámara del pasado 26 de septiembre "vulneran directa y frontalmente" sentenciaas anteriores del Constitucional y por tanto le solicita su nulidad y su inmediata suspensión.

Se pide la advertencia a Torra porque la resolución insta al Govern a determinadas actuaciones relativas al derecho de autodeterminación

Además, como con esta resolución 546/XII el Parlament insta al Govern a realizar determinadas actuaciones relacionadas con el derecho de autodeterminación, el Gobierno pide expresamente al TC que notifique a Torra y a los demás miembros de su Gabinete su "obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la pena, en las que pudieran incurrir". Quiere que el TC también recuerde al Govern que no debe realizar ninguna de las actuaciones a las que instan los apartados de la resolución impugnados y que ha de respetar escrupulsamente sus sentencias. Como ocurrió con los dos incidentes de ejecución de pasada semana, el Gobierno vuelve a pedir al TC que aperciba a Roger Torrent, al secretario general del Parlament, Xavier Muro, y a los miembros de la Mesa. Estos ya fueron avisados por el Constitucional esta misma semana.

En uno de los puntos de resolución de la Cámara del pasado 26 de septiembre se pedía asimismo la retirada de los efectivos de la Guardia Civil de Cataluña. El Ejecutivo no ha impugnado esas referencias. Calvo explicó que la salida del Instituto armado de la comunidad es una "posición tan inaceptable, inasumible" que no es más que un "deseo político verdaderamente aberrante". Pero no tiene "fundamento jurídico" ni es más que la expresión de una ambición sin sentido.

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La salida de la Guardia Civil, apuntó la vicepresidenta en funciones, "no está a su alcance, puede estar en su deseo político, pero no está ni de lejos al alcance del Parlament, de la Mesa ni del Govern de la Generalitat". Dicho de otro modo, que por mucho que una moción lo plantee, ninguna institución autonómica puede "pedir ni hacer nada contra un cuerpo de las Fuerzas de Seguridad" que actúa en todo el territorio nacional, incluida Cataluña.