Puigdemont vuelve a estar en busca y captura y en manos de la Justicia belga

Carles Puigdemont vuelve a estar en busca y captura. Después de que el Tribunal Supremo notificara este lunes su sentencia, el instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena, emitió una nueva orden europea de detención y entrega contra el expresidente catalán por sedición y malversación. La solicitud queda por el momento en manos de los tribunales belgas, país en el que se encuentra el líder independentista desde que huyó de España en 2017. Con esta última euroorden, la Justicia española ya ha emitido tres contra el expresidente catalán.

La primera solicitud la firmó en noviembre de 2017 la entonces jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, pero el propio Llarena decidió retirarla tras asumir la instrucción de la causa en diciembre: temía que Bélgica se negara a entregar al político por rebelión, situación que cerraba la puerta a juzgarle por ese delito en España. Este miedo terminó por confirmarse con la segunda euroorden, activada después de que Puigdemont fuera detenido en Alemania en marzo de 2018. Llarena consideró que era el país más propicio para solicitar la extradición del expresidente catalán por rebelión, pero la Justicia alemana solo aceptó extraditarle por malversación, lo que llevó al magistrado a retirar su solicitud y a mantenerla suspendida hasta ahora.

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Tras estos dos intentos fallidos, el Tribunal Supremo confía en que la tercera euroorden termine con Puigdemont en el banquillo. A diferencia de las anteriores, en esta ocasión no se solicita su entrega por rebelión, por lo que Llarena no tiene que entrar a explicar el uso de la violencia en el proyecto independentista. Pese a ello, en las euroórdenes que se emitieron en 2017 y 2018 también se pidió su extradición por sedición y fracasaron, por lo que esta diferencia tampoco garantiza el éxito de la última. Fuentes de la defensa del 'expresident' sostienen además que en Bélgica no hay un delito equivalente al de sedición en España, tesis que, en el caso de confirmarse, dificulta el camino a Llarena.

Pero al margen de estos flecos, la última euroorden sí presenta una clara diferencia frente a las dos anteriores: la sentencia que el Tribunal Supremo emitió este lunes. El alto tribunal ha condenado a Junqueras y otros tres acusados por sedición y malversación, decisión en la que se apoya ahora Llarena para pedir a Bélgica la entrega de Puigdemont por los mismos delitos: "No puede sino concluirse que la sentencia reafirma la conclusión del auto de procesamiento de que los procesados perpetraron una serie de actuaciones que, sin seguridad pero con firmeza, presentan indicios racionales de criminalidad", sostiene en su auto. En otras palabras: habrá que esperar a que se celebre un juicio para llegar al fondo del asunto, pero la sentencia de este lunes apuntala la acusación contra Puigdemont.

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Llarena confía por tanto en que los hechos probados de la sentencia sirvan para convencer a las autoridades belgas. En el Supremo, miran además de reojo otro reciente fallo sobre las euroórdenes que no dejó en buen lugar a Bruselas y que se remonta a julio, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Bélgica por desatender la euroorden de España contra una etarra y criticó que su análisis "no fue lo suficientemente completo".

A falta de que avance el proceso, desde Bruselas confirmaron este lunes la recepción de la euroorden, quedando así la tramitación de la misma en manos de su Fiscalía. Mientras tanto, Puigdemont sigue libre y no dudó en pronunciar este lunes un discurso desde la delegación del Govern en la capital belga, comparecencia en la que calificó la sentencia de “injusta” e “inhumana”.

Llarena teme una fuga de la UE

Ante la posibilidad de que Puigdemont emprenda una nueva huida, Llarena también ha activado una orden internacional de detención y ha pedido que sea notificada a Interpol. El juez recuerda para ello que la simple imputación del líder independentista propició su fuga en 2017, por lo que las condenas que se notificaron este lunes conllevan el riesgo de que busque reforzar su huida y se refugie en países que no forman parte de la Unión Europea.

"Sin perjuicio de lo que del estudio de la sentencia resulte oportuno respecto de otros procesados rebeldes, puede concluirse que la publicación de la sentencia potencia el riesgo de fuga del encausado", sostiene el magistrado. "No porque la sentencia pueda impulsarle a ponerse fuera del ámbito de actuación directa de este instructor, pues su situación de prófugo de la Justicia ya se materializó al inicio del procedimiento y persiste en la actualidad, sino porque las graves responsabilidades que se ciernen sobre él, y la solidez de su atribución, pueden impulsarle a nuevas iniciativas para dificultar su captura".