Justicia investiga pagos sin justificar a la defensa de acusados de la Gürtel

El Ministerio de Justicia ha abierto una investigación interna para dirimir si el anterior equipo del ministro Rafael Catalá (PP) costeó los abogados de oficio designados por varios acusados de la Gürtel, que no tenían reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Fuentes del departamento de Justicia han confirmado a Efe la apertura de la investigación para reconstruir el expediente que validó los pagos. El departamento que dirige Dolores Delgado trabaja ya para recabar informes y averiguar qué es lo que ha sucedido para, en caso de apreciar un ilícito penal, denunciarlo ante la Justicia.

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Pablo Gabilondo

El Ministerio pagó cerca de 800.000 euros a abogados de oficio de acusados como el cabecilla de la trama, Francisco Correa; el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega; y, al menos, 11 sociedades limitadas implicadas en la mayor trama de corrupción que ha golpeado al PP. La noticia de que Justicia costeaba a los abogados de oficio de los acusados de la Gürtel ya la adelantó El Confidencial en 2016 pero este domingo el diario El País se ha hecho eco de ello. Esta misma tarde Justicia ha anunciado una investigación.

Fuentes del Ministerio aseguran que desde la llegada del actual equipo de Justicia no se ha destinado un solo euro al convenio que está en entredicho y que se utilizó para supuestamente abonar los pagos a estos letrados.

El origen de estos pagos se remonta a junio de 2016, cuando Catalá firmó un convenio con el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) para aumentar la subvención destinada a los letrados de oficio que ejercían en el juicio de la Gürtel.

Se justificó este acuerdo para compensar a los abogados que debían dejar prácticamente su trabajo dado que el juicio le exigía una dedicación plena y acaparaba toda su atención. La polémica está en que presuntamente existen otros pagos amparados por este convenio para abogados de oficio de acusados que no tenían reconocido su derecho a la asistencia jurídica gratuita, una opción reservada a las personas que carecen de medios para costearse su defensa.