Torra desafía al Estado y se autoinculpa por los lazos: “Desobedecí. La orden era ilegal”

Quim Torra ni siquiera hizo el amago de negar el delito que se le imputa. La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros para él, pero en su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el 'president' prefirió hacer política. La acusación se basa en que no retiró los lazos amarillos de los edificios públicos tras los requerimientos de la Junta Electoral Central (JEC) durante la campaña de las municipales y europeas, hechos por los que se enfrenta a una condena por desobediencia. Lejos de mostrar arrepentimiento, Torra se presentó con el lazo amarillo en la solapa y convirtió su comparecencia en un desafío al Estado: "Existe un gran consenso y por eso puedo hablar en nombre de todos los catalanes", lanzó. ¿Ignoró la orden de la JEC? "Sí, desobedecí. Era imposible obedecer una orden ilegal". "No vengo aquí a defenderme. En todo caso, vengo a acusar el Estado"

[En directo | Torra se enfrenta a 20 meses de inhabilitación]

Pasadas las 8:30, Torra llegó al paseo de Lluís Companys entre gritos de "libertad" y "no es justicia, es venganza". Acompañado por la plana mayor del independentismo, entre ellos Artur Mas y Roger Torrent, pasó bajo el Arco del Triunfo de Barcelona a través de un pasillo en el que los manifestantes coreaban su nombre. Saludó, posó ante las cámaras y entró al juzgado.

Una vez en la sala, sus abogados Isabel Elbal y Gonzalo Boye sostuvieron que los miembros de la JEC debían comparecer como testigos y pidieron la suspensión del juicio: "Se tiene que ver por qué y cómo asumieron una competencia que entendemos que no estaba correctamente adquirida". "Fue una orden manifiestamente ilegal [...], un intento de criminalización por realizar un gesto político". También cargaron contra los jueces que componen el tribunal por su supuesta falta de imparcialidad: "Todo lo que empieza así de mal no puede acabar bien". "Tienen una oportunidad histórica de salvar el sistema democrático". Tras un receso de 15 minutos, sus argumentos fueron rechazados y el juicio siguió adelante con el interrogatorio a Torra.

“La acusación particular, representada por Vox, es un partido franquista. Este país ha sufrido 40 años de dictadura franquista…”, lanzó el ‘president’ nada más comenzar, siguiendo así el mismo camino que los acusados del ‘procés’ en el Tribunal Supremo. Pero al igual que Manuel Marchena, el magistrado Jesús María Barrientos le paró los pies. Torra optó entonces por ignorar las preguntas de la Fiscalía y la acusación particular, contestando solo a su abogado, Gonzalo Boye. Desde el primer momento calificó la orden de la JEC como ilegal porque “no era un órgano superior a la Generalitat”, críticas que se repitieron una y otra vez a lo largo de la comparecencia: “Yo impugné aquellos escritos”, “se inventaba un particular sistema de recursos”, "me amenazó, actuó de manera omnipotente y omnipresente", “no tenía la competencia”… También cargó contra los principales miembros de la institución por ser contrarios al independentismo.

¿Por qué colgó el lazo amarillo y la pancarta en el Palau de la Generalitat durante la campaña electoral? "Entendí que como sede del gobierno de la Generalitat de Catalunya era importante que se expresara el deseo mayoritario de la sociedad catalana". "Nunca ordenaré a nadie que retire un lazo, una estelada o cualquier símbolo que considere que debe lucir en el edificio". "Ha habido un posicionamiento internacional […]. No se nos puede obligar a quienes más hemos sufrido a olvidar las consecuencias de querer votar en un referéndum". A lo largo de la media hora que duró su declaración, el ‘president’ no negó en ningún momento que su desobediencia fuera consciente: "Cuando recibí la comunicación de la JEC, supe que acabaríamos aquí".

Para defender la exhibición de lazos amarillos, Torra se remontó incluso a la Guerra de Sucesión: "Los austracistas lucían lazos amarillos...". Y frente a los catalanes que no son independentistas, se mostró tajante: “Hablamos de presos políticos por mucho que algunos se levanten y se vayan de una sala cuando lo escuchan". Boye también se encargó de recordar su puesto cuando el fiscal se refirió a Torra como "señor", exigiéndole que empleara la fórmula de "Molt Honorable president" para no privarle de "de los honores correspondientes a la dignidad del cargo".

Más allá de estos rifirrafes, la cuestión clave llegó al final del interrogatorio, cuando su abogado utilizó la frase “como en las películas” para introducirla. ¿Desobedeció a la Junta Electoral Central? "Sí, desobedecí. Era imposible obedecer una orden ilegal. Cumplí mi deber como ‘president’ de la Generalitat, que es defender los derechos y las libertades de mis conciudadanos". No hubo más preguntas.

En su turno de última palabra, Torra incidió en el mismo discurso político y explicó por qué se había negado a responder a la Fiscalía, momento en el que recordó las declaraciones en las que el presidente Pedro Sánchez afirmó que el Ministerio Público estaba bajo el mando del Gobierno. "No puedo permitir que se falte al respeto a ninguna de las partes", le interrumpió el juez Barrientos. Pero Torra no rebajó el tono y siguió adelante con una sonrisa: "Este tribunal no es imparcial". "Me puede condenar, pero no cambiarán la legitimidad de los que me eligieron ni el compromiso que yo tengo con el pueblo". "Los catalanes no somos ovejas". "Viva Cataluña libre".

Si se cumplen los pronósticos y el TSJC condena al 'president', la duda pasa por ver cuánto se retrasa su inhabilitación. Las fuentes consultadas apuntan a que el 'president' recurriría la sentencia ante el Supremo, lo que implica dejarla sin efecto hasta que el Alto Tribunal se pronuncie. Los hechos investigados no presentan especial dificultad y se espera que el TSJC falle en cuestión de semanas; pero, en el caso del Supremo, el tiempo medio de respuesta a los recursos de casación se encuentra en los nueve meses. Si el Supremo confirma la condena, a Torra le quedaría recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional, maniobra que no implica retrasar su inhabilitación: una vez se pronuncie el Supremo, la sentencia será firme.

Los informes finales

Tras renunciar Vox a los testigos que habían sido citados por la tarde, las partes elevaron sus conclusiones a definitivas y mantuvieron las peticiones de condena y absolución. La sesión se reanudó entonces a las 16:00 con la presentación de los informes finales, momento en el que fiscal Francisco Bañeres sostuvo que Torra se "vino arriba" durante la campaña electoral: “Se presentaba como el único defensor de la libertad de expresión”, criticó. Sobre cómo ordenó cambiar el lazo amarillo por uno blanco el 21 de marzo, afirmó que fue "un gesto de pura befa". El abogado de Vox, Juan Cremades, también defendió la competencia de la JEC y repasó los mismos argumentos que el Ministerio Público.

Boye cerró la ronda de los informes sacando la artillería: "La Fiscalía ha dicho que la estelada no representa a toda la ciudadanía de Cataluña. La foto del Rey tampoco y preside esta sala". "Lo que está haciendo la JEC es colonialismo puro y duro". Los dardos fueron constantes durante su intervención, incluso contra los componentes del propio tribunal, a los que llegó a solicitar que elevaran una serie de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sobre su supuesta falta de imparcialidad. Pero la petición fue rechazada. Por momentos, Boye dejó atrás su papel de abogado para convertirse en político, como cuando dejó caer que "Ciudadanos ya no cuenta".

Del lazo amarillo al lazo blanco

El auto del TSJC con el que se decretó la apertura de juicio destaca que los escritos de acusación se basan por ahora "exclusivamente en indicios", pero al mismo tiempo relata que la Generalitat, con Torra a la cabeza, acordó exhibir en la fachada de edificios públicos "diversos símbolos o emblemas, tales como banderas esteladas y/o lazos amarillos, solos o integrados en carteles en los que aparecían lemas con los que se demandaba la libertad de quienes se denominaban en ellos 'presos polítics'". Según sostiene el escrito, estos símbolos "son considerados propios de unos partidos políticos y ajenos a otros que se oponen a ellos", por lo que "no pueden ser exhibidos por las Administraciones y por los poderes públicos durante los periodos electorales, sin infringir gravemente su deber de objetividad y de neutralidad".

El 11 de marzo, tras las protestas de Ciudadanos, la JEC ordenó a Torra retirar los símbolos en 48 horas, pero el 'president' se negó una y otra vez. Tras ampliarse el plazo y advertir al político de las posibles "responsabilidades administrativas y, en su caso, penales", el líder independentista siguió sin dar su brazo a torcer, para lo que alegó distintas razones que iban desde la "dificultad para su cumplimiento" hasta la supuesta aclaración que había solicitado al Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán.

El auto del TSJC con el que se decretó la apertura de juicio destaca que los escritos de acusación se basan por ahora "exclusivamente en indicios"

Pero las excusas de Torra chocaban con los anuncios del propio Govern a los medios. El 20 marzo, cuando presuntamente el Síndic ya le había sugerido acatar las órdenes de la JEC, el Govern publicó una nota de prensa en la que aseguraba que Torra no había dado ni daría "ninguna orden como le había exigido la Junta Electoral Central". Pese a ello, un día después, a la vista de las consecuencias que podía traer su enfrentamiento, las autoridades catalanas cambiaron el lazo amarillo del Palau por uno blanco, manteniendo en todo momento el lema de 'Llibertat presos polítics i exiliats' en el mismo. La estrategia se repitió en otros edificios de la Generalitat.

La JEC dictaminó entonces que cambiar el lazo amarillo "por otros con idéntico significado partidista" implicaba seguir incumpliendo su orden, mensaje que trasladó una vez más al Govern: "Procedan a retirar de los edificios públicos [...] banderas esteladas, lazos amarillos o blancos con rayas rojas u otros de análogo significado, fotografías de candidatos o políticos así como pancartas, carteles o cualquier otro símbolo partidista o que contenga imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas por cualquiera de las entidades políticas concurrentes a las elecciones".

En esta ocasión, la JEC dio un plazo de 15 horas para que se cumpliera lo acordado, pero a la vista de que Torra no cedía, remitió "testimonio a la Fiscal General del Estado por la responsabilidad penal en que haya podido incurrir el presidente de la Generalitat". El acuerdo de la JEC del 21 marzo fue recurrido por la defensa del 'president' en el Tribunal Supremo, solicitando una suspensión cautelar de la orden que fue denegada. Torra terminó por ceder el 22 de marzo, fecha en la que se dio orden de retirar los símbolos independentistas de los edificios públicos. Para entonces, la Fiscalía ya preparaba el escrito que le lleva ahora a sentarse en el banquillo.