Fiscalía se lanzó a pedir que siguiera preso Junqueras para evitar la presión de Sánchez

El pasado jueves, tras conocerse la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, los escritos volaron. Literalmente. Ni dos horas tardó la Fiscalía en solicitar al Alto Tribunal que mantuviera al líder de ERC en prisión después de que el Supremo abriera un plazo de cinco días para que las partes le informaran sobre su criterio ante el fallo de Luxemburgo. Estas prisas tan acusadas no solo evidenciaban un criterio claro de los cuatro fiscales del 'procés' sobre el asunto. Vinieron provocadas por el deseo del equipo de soslayar maniobras del Gobierno destinadas a dulcificar su posición en plena negociación con ERC de cara a la investidura.

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Juanma Romero Beatriz Parera

A las 11 de la mañana, el tribunal acordó dar traslado para alegaciones al Ministerio Fiscal, a la Abogacía del Estado, a la acusación popular ejercida por Vox y a la defensa de Oriol Junqueras por un plazo que, pese a ser de cinco días, se extiende por los festivos navideños hasta el próximo 3 de enero. La sentencia del TJUE no carecía de complejidad. Sin embargo, pasadas las 12:30, el Ministerio Público registraba un escueto escrito de tres páginas.

En él, los fiscales defienden que Junqueras obtuvo la condición de electo el día 13 de junio, cuando habían pasado 24 horas desde que quedara visto para sentencia el juicio al que venía siendo sometido junto a otros políticos catalanes. "La inmunidad de desplazamiento no hubiera impedido, en ningún caso, la continuación del procedimiento hasta el dictado y ejecución de la sentencia. No está actualmente sujeto a medida cautelar alguna sino ejecutoriamente condenado", indicaban.

A continuación, dos puntos con sus solicitudes al tribunal: la ejecución inmediata de la pena de inhabilitación y la comunicación, a la mayor brevedad posible, al Parlamento Europeo de la situación procesal del citado y que se remita la sentencia dictada contra él, a fin de que surta los efectos oportunos en relación con la pérdida de su condición de europarlamentario. Eso era todo. Breve, conciso y, sobre todo, excepcionalmente rápido.

Para el equipo que integran Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Fidel Cadena no existía otra posibilidad que la reflejada en ese escrito, desde el pleno convencimiento de que incluso si se hubiera concedido el discutido permiso a Junqueras y este hubiera recogido su acta e incluso viajado a Bruselas para la sesión constitutiva, el resultado hubiera sido el mismo. La inmunidad de hace seis meses estaba suspendida en aplicación de la ley española y, por ello, la condena habría llegado igual.

El temor a presiones en este clima de investidura no es, sin embargo, gratuito. No hay más que recordar lo sucedido en otra etapa de negociaciones con ERC, en este caso para cerrar los Presupuestos. Era octubre de 2018, el juicio del 'procés' no había comenzado y estaba pendiente, por aquel entonces, la presentación de los escritos de acusación. El portavoz de ERC, Joan Tardá, reclamó al Gobierno que instara a la Fiscalía a retirar los cargos contra los presos del 'procés'. No tuvo suerte.

El equipo fiscal se ha mantenido firme en su acusación y tampoco ahora pensaba reducir su reclamación a la vista de la sentencia del TJUE, convencido de que la inmunidad pasada no lo fue más que de nombre, en realidad, y no tuvo entonces ni tiene ahora efecto alguno sobre la situación de Junqueras. Pero su celeridad evitaba dilaciones e incluso la posibilidad de un enfrentamiento con la fiscal general del Estado, María José Segarra, consciente de que se juega el relevo si, finalmente, la investidura consigue arrancar.

La Abogacía se alarga

A diferencia de 2018, en esta ocasión ERC afinó más el tiro y reclamó públicamente otra vez un gesto, pero en esta ocasión de la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia. Pese a que fuentes gubernamentales colocaban la presentación de su informe sobre Junqueras este lunes, el escrito no llegó a entregarse, levantando inmediatamente suspicacias sobre la posible existencia de tensiones en el seno del departamento de Penal, que dirige Consuelo Castro.

Fuentes del Ejecutivo esperaban un apoyo a una excarcelación del líder de ERC en una horquilla que podría ir desde la concesión de un permiso de salida puntual hasta una libertad más amplia y la solicitud de que se tramite a la Eurocámara un suplicatorio, es decir, se reclame una autorización para proceder en su contra. El gesto, el guiño, no ha llegado aún. El plazo, sin embargo, se mantiene abierto hasta el próximo 2 de enero.