Casado plantea una cláusula anti-Delgado para dejar en evidencia a Sánchez

La dirección del Partido Popular ha pasado de negarse a negociar con Pedro Sánchez la renovación del Consejo General del Poder Judicial a fijar una condiciones previas dirigidas a dejar en evidencia al Gobierno y denunciar planes destinados, en su opinión, a controlar el poder judicial. Pablo Casado repesca para ello su propuesta parlamentaria de reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que sean los propios jueces quienes los nombren directamente.

El presidente del PP también planteará, vía proposición de ley, acabar con el nombramiento de políticos en activo para el cargo de fiscal general del Estado, al exigir un plazo de cuatro años entre el desempeño de un puesto político y la dirección de la Fiscalía. Con ese requisito, sería imposible que se dieran casos como el de la exministra y diputada socialista Dolores Delgado que va a pasar en días del Consejo de Ministros, el Parlamento y los mítines de su partido a fiscal general del Estado.

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Entre las exigencias de "despolitización de la Justicia" que el jefe de la oposición aspira a poner encima de la mesa, figura además la tipificación como delito en el Código Penal de la convocatoria de referéndum ilegal, la misma medida que Sánchez prometió en la última campaña electoral cuando se presentaba como defensor del orden constitucional frente al desafío de los independentistas catalanes.

El PSOE, Podemos, ERC y el PNV (la actual mayoría parlamentaria del Ejecutivo) ya se opusieron en la pasada legislatura a la iniciativa del PP, apoyada por Ciudadanos, de recuperar el modelo original que la Constitución establecía para que el CGPJ fuera elegido por los propios jueces. El PSOE lo cambió en 1984, en tiempos de Felipe González, para pasar al sistema de cuotas de representación por los grupos parlamentarios, y la fórmula actual resulta ser un intermedio de iniciativa previa de los magistrados y decisión final de los partidos representados en el Congreso y el Senado, que tienen que sumar tres quintos.

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A los cuatro meses de llegar a la presidencia del PP, Casado llegó a un preacuerdo con los socialistas para renovar un CGPJ que 'caducaba' en diciembre de 2018. Al conocerse un mensaje difundido por Ignacio Cosidó, portavoz del Grupo Popular en el Senado, sobre el resultado de la negociación y cómo les daría el control de órganos clave de la judicatura, el PP dio marcha atrás entre acusaciones mutuas de haber dinamitado el pacto. Desde entonces, el CGPJ sigue en funciones y los populares, empeñados en cambiar el sistema de elección en vez de elegir nuevos vocales.

El PP considera irrenunciable para cualquier negociación con el Gobierno de Sánchez dar trámite a su iniciativa parlamentaria de la pasada legislatura en la materia. "Los 12 vocales de procedencia judicial serán elegidos entre jueces y magistrados pertenecientes a todas las categorías judiciales", especificaba el proyecto.

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Casado acusó ayer al jefe del Ejecutivo de ir en contra de la Justicia en cada uno de sus planes. "A lo mejor, lo que quiere hacer Sánchez es desjudicializar a los políticos independentistas porque, a cambio de nombrarle presidente del Gobierno, le han pedido que haya impunidad y que les saque de la cárcel", comentó el presidente del PP en Antena 3. También relacionó la renovación del órgano de gobierno de los jueces con los compromisos del inquilino de la Moncla con ERC. "Mientras Sánchez negocia con Junqueras, ahora pretende negociar con nosotros el CGPJ para que lo pongan en la calle", remachó.