Torra se escuda en la postura fiscal para seguir de diputado al margen del Supremo

Quim Torra no tiene intención ninguna de ceder y renunciar a su escaño de diputado en el Parlament. Cuando la Sala Tercera del Supremo se dispone a resolver sobre si se debe o no paralizar su inhabilitación como diputado autonómico ordenada por la Junta Electoral Central, el 'president' se aferra al criterio que planteó el fiscal en esta segunda fase del estudio de la cuestión por parte del alto tribunal. Fuentes cercanas a su entorno consideran al Ministerio Público como "el garante de la legalidad" y se ven respaldados por el informe que presentó la pasada semana el fiscal Pedro Crespo.

Por tanto, si el Supremo decide en las próximas horas mantener vigente la decisión del órgano administrativo de apartarlo de sus funciones parlamentarias en aplicación de la sentencia que le condenó por la desobediencia en la retirada de los lazos amarillos y otra simbología, aún no firme, el efecto será el mismo que el producido hasta ahora. Es decir, ninguno.

TE PUEDE INTERESAR

El Supremo deja a Torra sin el acta de diputado como acordó la Junta Electoral

Beatriz Parera Rafael Méndez

Los más cercanos al presidente defienden que el fiscal ha cuestionado la competencia de la Junta Electoral y que, por sí sola, esta duda planteada le exime de la obligación de acatarla. "La orden no se sostiene", indican. Confían también en que el Tribunal Supremo cambie su primer criterio y acoja ahora este planteamiento. Cuando hace unos días se pronunciaron de forma urgente (en respuesta a las cautelarísimas), no se recogió la opinión de la Fiscalía. "Tras hacerlo, resulta más difícil decir algo en sentido contrario", aseguran.

Crespo manifestó el pasado viernes serias dudas sobre la procedencia de descabalgar a Torra sin que exista aún una sentencia firme. Apuntó a la existencia de un "debate jurídico" sobre las competencias del organismo para decidir sobre la inhabilitación de un diputado. Las visiones contrarias respecto a la cuestión respaldan, en opinión del fiscal, que se le mantenga en su lugar hasta despejar la cuestión de fondo.

TE PUEDE INTERESAR

Torra fuerza la ley para seguir de 'president' sin acta, como Gallardón tras el 'tamayazo'

Marcos Lamelas. Barcelona Rafael Méndez

El informe se remitió después de que, hace unos días, la Sala Contenciosa del Supremo rechazara levantar la decisión del órgano administrativo de forma urgente. Torra alegaba que quitarle el escaño le provoca un daño irreparable que no vieron los magistrados. "De todo lo expuesto se desprende, a juicio de esta Fiscalía, que la ponderación de los diversos intereses en juego permite en este caso favorecer el aseguramiento —meramente temporal— de la concurrencia de intereses públicos ya examinados que se vinculan al derecho fundamental de representación política en el marco del ordinario funcionamiento parlamentario, sin que con ello quiebre la máxima", defendía.

La decisión de la JEC levantó enormes críticas desde el Govern y las formaciones independentistas, que la vieron como un "golpe de Estado" contra la máxima autoridad catalana. Tampoco el PSOE, a las puertas de la investidura, la vio ajustada a derecho. La cuestión que genera mayor controversia es que la sentencia no es firme y, por ello, Torra puede acabar absuelto en casación. Además, el artículo de la ley en que se apoya la inhabilitación nunca había sido empleado para un cargo tan alto como el de presidente autonómico, ya que se diseñó para evitar la perpetuación de ediles condenados por delitos de corrupción y como puntal contra ETA.

La resolución de la Junta Electoral Central, por siete votos a seis, retiró el acta de parlamentario a Torra, al estar condenado por desobediencia. Pero agregaba letra pequeña. La JEC, al corregir a la Junta Provincial de Barcelona, introdujo una aclaración en la que no entra a valorar si la pérdida del escaño es suficiente para que Torra tenga que cesar como presidente.