El Gobierno explora una reforma exprés del Código Penal que sortea al CGPJ y a Fiscalía

El Gobierno está estudiando una vía para reformar el Código Penal y beneficiar a los presos del 'procés' que sortea al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo Fiscal y al Consejo de Estado. La opción que estudia Moncloa es que la rebaja de los delitos de sedición, lo que beneficiaría inmediatamente al líder de ERC, Oriol Junqueras, se presente directamente en el Congreso como proposición de ley, informan fuentes cercanas al Ejecutivo. Al entrar directamente en el Congreso a través de un grupo parlamentario, y no por un proyecto de ley, evitaría el informe de los organismos consultivos.

El derecho penal tiene un principio básico de que hay que aplicar la pena más favorable al reo incluso si se hace retroactivamente. El artículo 2 del Código Penal establece que "tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena". La opción de la proposición de ley ofrece a Pedro Sánchez una vía mucho más rápida para introducir esta reforma.

Opinión

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En noviembre de 2018, casi un año antes de la sentencia del 'procés', el independentismo ya hizo llegar a Moncloa que una reforma del Código Penal rebajando las penas por sedición sería la solución para la legislatura. Entonces, la respuesta de Moncloa fue que la rebaja de la acusación de la Abogacía del Estado era lo que podía ofrecer. Entonces, la reforma del Código Penal era para el Gobierno de Pedro Sánchez una renuncia inasumible.

Después de año y medio, una sentencia que condenó a 13 años a Oriol Junqueras y dos elecciones generales, el Gobierno admite abiertamente que se plantea esa reforma. El Gobierno ha pactado una mesa de negociación con el Gobierno catalán pero, como adelantó este diario, allí no estará la reforma la Código Penal sino que se tratará en el Congreso. La reforma, en cualquier caso, puede llevar una de cal y otra de arena. Se baraja un incremento de la pena por otro delito, el de rebelión, que no sería del agrado ni de ERC ni de JxCAT.

Negociarlo en el Congreso abre al Ejecutivo una opción que acorta los tiempos y los trámites. Una reforma del Código Penal, una ley orgánica, se suele hacer con un proyecto de ley del Gobierno. Pero en ese caso, el texto pasa por distintos órganos que emiten su opinión no vinculante. Entre ellos, están el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal y se puede decidir enviarlo al Consejo de Estado. El CGPJ acaba de evidenciar su discrepancia con decisiones como la propuesta de colocar en la Fiscalía General del Estado a la exministra de Justicia Dolores Delgado, cuya idoneidad levantó votos en contra de la mitad de sus vocales.

La decisión del Gobierno de plantear una reforma penal a la baja ha sido acogida con resignación entre jueces y fiscales. No hay tanta indignación como aceptación de los vaivenes del legislador, en una cuestión que ya preveían. Aunque el ala dura de la Fiscalía sí muestra su incomodidad, al ser el legislativo el que cambia las leyes, no tienen tanto margen de protesta. Pero en el caso de tener que informar, es previsible un varapalo, que además alargaría los trámites. El Gobierno tiene prisa, porque la reforma penal y la mesa de diálogo son fundamentales para que ERC apoye los Presupuestos Generales del Estado para 2020. Y esas cuentas públicas son el pilar básico para garantizar al menos dos años de legislatura.

Si la reforma se presenta directamente en el Congreso como proposición de ley, a través de un grupo parlamentario o incluso a propuesta de Cataluña, los trámites se acortan y se evitan esos informes previsiblemente críticos. La reforma de una ley orgánica exige mayoría absoluta en el Congreso, 176 votos. Aunque Sánchez salió elegido en segunda votación con 167 votos a favor, esta reforma tendría previsiblemente el visto bueno de la Cámara, porque entonces ERC (14 diputados) y Bildu (5) se abstuvieron. Si pasaran al sí, sumarían 186. De este modo, incluso si grupos como PRC o Teruel Existe cambian al no, saldría adelante con margen.

En la etapa del PP

El recurso de la proposición de ley ha sido empleado por gobiernos de todos los colores. Incluido el PP. En concreto, los populares incluyeron modificaciones a través de esta vía en asuntos tan sensibles como el terrorismo, en el que se impuso una pena máxima a los dirigentes de una organización o grupo terrorista superior a la regulación anterior. También se modificaron otros aspectos sensibles, como el viaje con fines terroristas, incluyendo una regulación mucho más amplia o la extensión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a la comisión de cualquier tipo de delito de terrorismo.

Aquella macroproposición fue casi transversal por la necesidad —según esgrimieron entonces los de Mariano Rajoy— de adaptar la norma a la legislación europea en una serie de materias muy diversas. Del tráfico de órganos a la corrupción, el fraude o la falsificación de moneda. Antes de eso, una de las iniciativas más conocidas vino también de la mano de los populares. En 2014, salió adelante con los únicos votos del PP la proposición de ley que modificaba el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y restringía las condiciones en las que un juez español puede investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional, es decir, la limitación de la llamada Justicia universal.