Un informe del CGPJ respalda a la jueza de los ERE en contra de Anticorrupción

La jueza de los ERE, María Núñez Bolaños, heredera en el juzgado de instrucción número 6 de la mayoría de los casos de corrupción que afectan a la anterior cúpula socialista de la Junta de Andalucía, ha salido airosa de su primera prueba. El Consejo General del Poder Judicial acaba de incorporar un informe realizado por su servicio de Inspección en el que respalda la labor de la magistrada en contra de la queja formulada por la Fiscalía Anticorrupción, que se dirigió al órgano de gobierno de los jueces al considerarla "responsable de una falta, muy grave o grave" en relación con su actuación en las piezas separadas del caso.

El dictamen no coincide con la valoración del Ministerio Público. "En algunas de las piezas incoadas se observan paralizaciones o retrasos en la respuesta del órgano judicial, así como algunos fallos en los actos de comunicación. Sin embargo, una valoración global de la carga de trabajo y del número de procedimientos en trámite simultáneo, permite concluir que las mismas no se deben a la inacción ni a la falta de actividad procesal o de impulso general en labor de la oficina judicial o de la magistrada instructora", dice.

El extenso informe, a cuyas conclusiones ha accedido El Confidencial, destaca la excelente predisposición a la labor inspectora de la magistrada titular. "La magistrada titular, de baja en aquel momento, acudió el día de comienzo y a su término, y participó de forma muy positiva en las entrevistas que mantuvo la unidad inspectora con el magistrado de apoyo y las letradas de la Administración de Justicia".

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Además, "reconoce el trabajo realizado tanto en la actividad resolutoria del juzgado" y en la de documentación, estructuración, organización y control de las macrocausas, lo que ha facilitado su inspección de una forma sistemática y organizada. Todas las piezas separadas están introducidas en la herramienta de gestión procesal, digitalizadas y ordenadas en carpetas informáticas y físicamente archivadas y localizadas. "Adoptar esas decisiones y ejecutar las acciones necesarias en una causa de la envergadura y complejidad de las señaladas [ha facilitado sensiblemente la labor]", indica el escrito.

También asegura que los escritos, peticiones de las partes, diligencias, actos de comunicación, trámites procesales e impulso del proceso "se realizan en unos plazos razonables en relación a la carga de trabajo derivada de la instrucción, así como el que soporta la oficina judicial como consecuencia del trámite conjunto y simultáneo de la causa principal y del resto de piezas separadas abiertas".

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Señala las profundas discrepancias entre la magistrada instructora y la acusación pública, en torno a la delimitación subjetiva de los diferentes procedimientos derivados de la causa principal. "Estas discrepancias se han traducido en que la principal actividad procesal desplegada a lo largo de la instrucción haya consistido, fundamentalmente, en la resolución de los numerosos escritos en los que se solicitaba la inclusión o la exclusión de los investigados en cada una de las causas, así como de los innumerables recursos derivados de estas peticiones", señala, culpando así en parte de las dilaciones a la propia Fiscalía.

"Se observa un elevado número de recursos en cada una de las causas analizadas. Su tramitación, con el consiguiente traslado a cada una de las partes personadas, que en algunos casos superaba la decena, ha lastrado seriamente todo el trámite procesal. Esta situación, además, se ha visto agravada por la interposición, contra una misma resolución, de diferentes tipos de recurso (devolutivos en algunos casos y no devolutivos en otros) o ante la impugnación consecutiva de varias resoluciones por las distintas partes procesales", agrega.

El dictamen choca con la valoración de la Fiscalía, que considera que la situación procesal de estas causas "se ve afectada por la desatención y retraso injustificado, con evidente perjuicio". Por eso reclama al Consejo General del Poder Judicial que adopte sanciones atendiendo a los artículos 417.9 o 418.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que apuntan a infracción muy grave de "desatención o ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales".

El informe llegó el viernes al promotor de la acción disciplinaria que, según apuntan fuentes del CGPJ, aún no ha podido estudiarlo. También se dio traslado a la magistrada, que ahora puede hacer alegaciones en caso de desearlo. Una vez estudiado el informe y recibidas, en su caso, las alegaciones, el promotor tomará una decisión, que puede ser el archivo de las actuaciones o, por el contrario, la incoación de expediente disciplinario.