El juez Llarena pide a Reino Unido que continúe con la euroorden contra Ponsatí

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, como instructor de la causa del 'procés', ha dictado hoy un auto en el que solicita al Reino Unido continuar el trámite de la euroorden contra la exconsejera de Educación de la Generalitat catalana Clara Ponsatí, al entender que, tras el Brexit, su inmunidad como parlamentaria europea no alcanza al territorio de dicho país. El magistrado pide además a las autoridades de Reino Unido que valoren reforzar las medidas sobre Ponsatí para evitar su salida a otro país. También mantiene la orden de detención en España.

En el mismo auto, el juez reconoce a Ponsatí su inmunidad como europarlamentaria y acuerda por ello pedir suplicatorio al Parlamento Europeo para que suspenda dicha inmunidad, para poder continuar con la ejecución de las euroórdenes de detención y entrega en los países de la Unión Europea.

Sin embargo, en lo que afecta al procedimiento de ejecución de la euroorden que está tramitándose actualmente en Reino Unido, el juez señala que debe continuarse ya que, tras la entrada en vigor el pasado sábado 1 de febrero del Acuerdo de retirada de Reino Unido de la UE, la inmunidad de los parlamentarios europeos no es una norma aplicable en el territorio de dicho país.

La euroorden debe seguir ya que, tras el Brexit, la inmunidad de los parlamentarios europeos no es una norma aplicable en el territorio de UK

El auto añade que ello no comporta, sin más, que deba transformarse de inmediato el proceso de euroorden en uno de extradición regulado por el Tratado bilateral al repecto entre España y el Reino Unido, ya que el acuerdo del Brexit precisa que las eurórdenes de detención ya iniciadas, como es la de Ponsatí, deben seguir tramitándose, dentro de la cooperación judicial en materia penal, con independencia de que la autoridad judicial de ejecución (en este caso Reino Unido) decida que la persona buscada deba seguir detenida o quedar en libertad provisional.

Tercera eurodiputada del 'procés' en el PE

Clara Ponsatí se ha convertido en la tercera eurodiputada del 'procés' que accede a un escaño del Parlamento Europeo. Pese a su nueva condición, la Fiscalía consideraba que deben mantenerse las medidas cautelares dictadas contra ella por el juez Llarena: prisión provisional, órdenes nacionales e internacionales de detención y la declaración de rebeldía, que sólo podrá dejarse sin efecto cuando comparezca voluntariamente o sea entregada para responder de los cargos que se le atribuyen.

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En el escrito al que ha contestado el magistrado, el Ministerio Público le pedía también que se comunicara, a la mayor brevedad posible, al Parlamento Europeo el mantenimiento de las medidas cautelares para salvaguardar los fines del proceso penal y se iniciara, también en su caso, "la suspensión de la inmunidad". Reclamaba que se comunicase de forma inmediata a la autoridad de ejecución del Reino Unido.

En la misma línea que ya tomó en el caso de Carles Puigdemont y Toni Comín, la Fiscalía considera que la nueva condición de la huida no afecta al procedimiento de fondo, aunque inevitablemente lo dilata. El Ministerio Público defiende que ni siquiera es necesario cursar el llamado suplicatorio. "La exigencia de autorización legislativa para que el poder judicial culmine el proceso penal iniciado hace poco más dos años, con un auto de procesamiento dictado en marzo de 2018, cuando la procesada rebelde ni era eurodiputada electa, ni habían sido convocadas las elecciones al Parlamento Europeo, supondría subordinar el ejercicio de la potestad jurisdiccional a una tutela parlamentaria ajena al equilibrio de poderes diseñado por el poder constituyente", dice.

También asegura que pedir permiso supondría alentar "una intromisión indebida e ilegítima en el ejercicio de la función jurisdiccional. convirtiendo así la inmunidad parlamentaria en un privilegio o derecho particular de determinadas personas cuyo ejercicio no solo no preservaría la composición y funcionamiento de las Cortes y que, además, vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a los tribunales.

Delitos muy graves

El escrito de los fiscales pone el acento en que Ponsatí, que reside en Escocia, se encuentra en situación de rebeldía y dice que se ha acordado la prisión provisional, así como su busca y captura (nacional e internacional), "a consecuencia de haber sido procesada por delitos muy graves con bastante antelación al inicio del proceso electoral". Las medidas cautelares acordadas ante el hecho de haberse sustraído a la acción de la justicia, están absolutamente legitimadas y justificadas -indican- no sólo por la gravedad de los delitos y de las penas, sino también por la necesidad de preservar fines constitucionalmente relevantes: proceder a su entrega para responder de los cargos que se le imputan y evitar la reiteración delictiva.

La designación, añaden, se han producido a consecuencia del Brexit y cuando estaba ya procesada y habiéndose fugado previamente de la justicia española. "Era plenamente consciente de las limitaciones que comportaba su situación procesal en el efectivo ejercicio de sus derechos políticos; de lo que cabe inferir razonablemente que lo que pretendía en realidad era acogerse al manto protector de la inmunidad que, a su juicio, le concedía la elección como europarlamentaria con el propósito de obtener la libertad y eludir el proceso penal por este cauce", agregan.