Torra recurre al Supremo contra su inhabilitación: "Es persecución política"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha recurrido ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la sentencia sobre los lazos amarillos en edificios públicos que tantos quebraderos de cabeza le está provocando. En un extenso escrito de más de 300 páginas al que ha tenido acceso El Confidencial, ataca a la Junta Electoral Central, que abrió el procedimiento y posteriormente ha ordenado su inhabilitación sin sentencia firme, y al tribunal que le condenó. Duda de la imparcialidad de ambos y asegura que la sentencia estaba teledirigida desde un inicio.

El recurso presentado apurando al máximo el plazo, asegura que las decisiones adoptadas por ambas instancias han pretendido apartar al president de su cargo de forma "ilegal e illegítima" e indica que algunos de los protagonistas de la andadura del procedimiento por el que ha acabado apartado del escaño del Parlament, se adoptaron con "una clara intencionalidad política que, a su vez, tiene serios visos de constituir una palmaria persecución política".

La defensa de Torra que ejerce el abogado Gonzalo Boye se retrotrae a los inicios del procedimiento que -dice- ya venían manchados por ese aura política. Los que interpusieron las denuncias fueron PP y Ciudadanos. "No han ahorrado calificativos malévolos, llegando a ser, en algunas ocasiones, tremendamente belicosos, ofensivos, infundados y malintencionados", indica.

No se ahorra él tampoco críticas contra la JEC así de expresivas: "Es verdaderamente inaudito, también peligroso en términos democráticos, que, aprovechándose de su infinito poder (por lo ya visto tanto en periodo electoral como fuera de él), los antes mencionados miembros de la JEC, animados por su deseo de aniquilar a sus enemigos políticos, como se aprecia en el presente caso, dictaran una resolución abiertamente arbitraria y extravagante a fin de criminalizar el comportamiento de mi mandante". Por 'dar', le da hasta a la Fiscalía. "Todo se consiguió con la inestimable ayuda Ministerio Fiscal (de cuya dependencia del poder ejecutivo se han jactado miembros de diversos gobiernos) que, sin base legal alguna, se prestó a presentar la querella de la que este procedimiento trae causa", dice.

"El juicio, sobraba...."

Su argumentación se basa en que las dudas sobre la legalidad de la orden que se le dio -que debía retirar en campaña símbolos partidistas de los edificios públicos- amparaban la decisión tomada por el president de no acatarlas de forma inmediata. Insiste en los mensajes públicos contra el mandatario autonómico que vertieron dos de los miembros de la Junta y en la "contaminación" que aprecia en algunas de las expresiones del juez que asumió posteriormente la instrucción. "Para la Sala sentenciadora era evidente que todo lo planteado ya estaba resuelto con anterioridad y, por tanto, igual lo que sobraba era el juicio porque su sentencia la tenían decidida desde antes", agrega respecto al tribunal que le condenó.

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Respecto a la falta de legitimidad de la orden, el escrito precisa que la Junta Electoral Central "no era competente para el dictado de las resoluciones de las que la posterior denuncia trajo causa" sino que lo era la Junta Electoral Provincial. También defiende que, en cualquier caso, ni la Junta Electoral Central ni la Provincial son autoridades superiores al president de la Generalitat de Cataluña.

El escrito también reprocha que, durante la vista oral, no se dispensó a Torra el trato que se le debía. "Mi mandante, le guste o no al tribunal a quo, no sólo es diputado al Parlamento de Cataluña, sino que es además el president de la Generalitat, por tanto, es la máxima autoridad de Cataluña y, miren por donde, también representante del Estado en Cataluña. Quienes le denostan lo hacen, igualmente, con la institucionalidad que representa, sea esta la catalana como la estatal", dice. Asegura que debió ser tratado con los honores inherentes a su cargo de Molt Honorable President y que no debieron dirigirse a él como "señor Torra" a secas.

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Torra insiste una y otra vez en la obligación de cumplimiento del derecho de la Unión y parece así tener las miras puestas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Denuncia "la absoluta falta de motivación contenida en la sentencia". "No hay ninguna referencia ni discusión detallada en la sentencia, ni referencias jurisprudenciales, de los argumetos que ponen en duda la competencia de la JEC, la relación de jerarquía con la presidencia de la Generalitat o el amparo legal de los requerimientos que se dicen desobedecidos", asegura.

Dice también que se le sancionó "por duplicado" y que la resolución recurrida se aparta de los elementos del tipo de desobediencia grave prevista en el artículo 410.1 del Código Penal. También que se violó su libertad de expresión y su inviolabilidad parlamentaria. "La exhibición de lazos amarillos y de una pancarta con la reivindicación de “Libertad presos políticos” es manifestación del derecho a la libertad de expresión", asegura.